Las comercializadoras de luz estallan contra el Gobierno por ahogarlas frente a las eléctricas

Las comercializadoras independientes de luz y gas estallan contra el Gobierno. Entienden que las medidas que está llevando a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica para abaratar el precio de la electricidad y del gas natural son un golpe mortal a su negocio. Además, consideran que favorecen a las grandes eléctricas frente a los pequeños grupos, muy tocados de por sí por la crisis energética.

Diversas compañías del sector han puesto el grito en el cielo este miércoles después de que trascendiera que el departamento liderado por Teresa Ribera se plantea ofrecer a un precio fuera de mercado —y mucho más barato que el actual— la energía que producen las renovables en régimen primado (conocido como Recore) a los consumidores acogidos a la tarifa regulada, denominada precio de venta al pequeño consumidor (PVPC).

Según consideran, esta medida atenta contra la competencia, ya que las comercializadoras independientes como Audax, Factor Energía, Holaluz, Nexus o Fenie Energía, entre otras, tienen que aprovisionarse en el mercado a un coste superior al precio que pretende ofrecer ahora el Gobierno en el PVPC (el 40% del total de contratos). Temen que haya una fuga de clientes hacia la tarifa regulada, que será mucho más barata, y que por ley solo pueden dar los grandes grupos (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol).

Este mismo martes, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, se reunían con las principales asociaciones de renovables (APPA, UNEF, Anpier, AEE y Protermosolar) y de cogeneración (Acogen y Cogen) para pedir propuestas con las que ofertar energía barata al PVPC y a la industria en lugar de que las renovables vendan su producción en el 'pool', a precios desorbitados (el 'pool' ronda los 200 euros MWh, cuando habitualmente está alrededor de 50 euros MWh). Dicha medida se aplicará respetando siempre su rentabilidad, regulada por ley, sostiene el Ejecutivo. Es la segunda reunión en una semana y por ahora no hay una posición de consenso entre dichas patronales.

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El Gobierno transmitió en esta última cita que su idea es elaborar una nueva normativa de forma inminente, según adelantaba 'El Economista' y confirman fuentes de las patronales. Fuentes de Transición Ecológica, por su parte, se limitan a comentar que están trabajando con las asociaciones de renovables para encontrar soluciones adicionales a las ya adoptadas, dada la coyuntura de elevados precios.

Otro problema añadido de una medida así sería el efecto sobre el propio mercado mayorista, añaden desde otra comercializadora. Las renovables evitan que entren otras centrales de gas más costosas, ya que suponen entre el 30% y el 40% de la producción, por lo que logran bajar el precio mayorista a determinadas horas. Si se sacan de la ecuación, el pool subirá aún más. De esta forma, el cliente en mercado libre tendría que aprovisionarse de un mercado aún más caro.

Desventaja con la luz tras el gas

Si finalmente se aprueba esta medida, las comercializadoras se quejan de que quedarían en enorme desventaja en el negocio de venta de electricidad después de que ya estén sufriendo una situación similar con el gas. El Real Decreto 17/2021 no permite que suba más de un 4,4% el precio regulado del gas, denominado tarifa de último recurso (TUR). De no haber topado el precio, dicha tarifa debería haber subido alrededor de un 30%.

Esto, de nuevo, sitúa en desventaja a los comercializadores independientes respecto de los grandes grupos, ya que el gas se ha multiplicado por cinco y las pequeñas comercializadoras no tienen otro remedio que trasladar los precios. Por el contrario, los grandes grupos asumen ahora el mayor coste de gas frente a sus clientes en la TUR, pero la nueva regulación les permite cobrar el gasto soportado a partir de marzo en las sucesivas facturas.

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Las comercializadoras temen esta fuga de clientes debido a esta nueva regulación en un momento de especial debilidad, ya que los elevados precios del mercado mayorista en que se aprovisionan las obligan a aportar una serie de garantías financieras adicionales que en algunos casos no les permiten salir adelante como sí hacen las grandes eléctricas, cuyo pulmón financiero es muy superior. Además, advierten de que desde junio tienen que soportar un 21% de IVA en sus compras y sin embargo trasladan al cliente final solo un 10%, lo que supone una carga adicional. Por todo ello, están pidiendo al regulador que tenga en cuenta su posición.

En este sentido, dichas empresas ponen de relieve que una medida como la que se está planteando el Gobierno va contra la liberalización del sector, y esto es algo que no está bien visto por Bruselas, con lo que piden tener en cuenta este factor añadido a la hora de aplicar soluciones regulatorias para los elevados precios actuales. En este sentido, un estudio de la Comisión Europea ya alertaba a principios de este año, antes de que se iniciara la crisis, de que España protegía las grandes eléctricas de la competencia más que ningún otro país del grupo comunitario. El análisis destaca que España es el Estado de los Veintisiete que más barreras pone de entrada a competidores.