El Gobierno estudia excluir del recorte a las eléctricas los contratos fijos fuera de mercado

El Gobierno estudia minorar el recorte a las eléctricas implantado hace tres semanas. Según detallan diversas fuentes consultadas por El Confidencial, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió en una reunión con agentes de la industria esta semana que le facilitaran de urgencia datos para conocer el volumen de contratos a precio fijo cerrados en bilateral en sus distintas modalidades —así como su periodo de vencimiento— que se están viendo afectados por el hachazo a las eléctricas, quienes a su vez están trasladando este coste a sus clientes.

Según las mismas fuentes, la vicepresidenta transmitió a los representantes de la industria este lunes que su intención es que no se vean perjudicados por el real decreto-ley que trata de rebajar el precio de la electricidad a los consumidores. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han declinado hacer comentarios.

El problema parte de que el Real Decreto-ley 17/2021 que pretende minorar los beneficios que obtienen las eléctricas (concretamente, la nuclear, la hidráulica y algunas eólicas y fotovoltaicas) por la subida del gas no discrimina entre la venta a mercado y buena parte de los contratos que no aprovechan la subida del mercado mayorista, conocido como 'pool', que lleva desde hace meses en niveles anormalmente elevados (este jueves, alcanzó su máximo histórico en 288 euros MWh). Se está dando la casuística de que, en algunos casos, el recorte es superior al precio de venta que una determinada eléctrica había pactado previamente con su cliente, conocido en la jerga sectorial como contrato a plazo.

Grandes eléctricas como Iberdrola enviaron hace días una carta a muchos de estos clientes en que les advierten de que tendrán que trasladar el hachazo regulatorio a sus usuarios. Grandes empresas como Mercadona, que disponía de un contrato a largo plazo con la energética vasca, recibieron la carta en que la eléctrica plantea una renegociación al alza tras advertir que lleva a cabo esta acción por el recorte regulatorio, según avanzó 'El Mundo'.

El Ejecutivo busca conocer el nivel real de contratos a plazo que se estarían viendo injustamente afectados por la nueva regulación y poder paliar la situación, ya que si finalmente las eléctricas trasladan el coste a sus grandes clientes, estos a su vez subirán el precio de los productos (por ejemplo, Mercadona en sus supermercados), por lo que de forma indirecta serían los ciudadanos los que pagarían la subida de la luz, sin que se evitara de esa manera el efecto inflacionista pernicioso para la economía, que actualmente está en el 4%, el nivel más alto en 13 años.

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Las eléctricas aseguran que el 73% de sus ventas son a plazo. Es decir, están prefijadas y no aprovechan la subida del 'pool' por el elevado precio del gas que trata de neutralizar el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno quiere saber si este dato es real, de ahí que esté tratando de recabar información entre los consumidores. Si se tiene que excluir un alto porcentaje de electricidad suministrada del recorte, la minoración pretendida por el Gobierno podría quedar desdibujada y sería poco efectiva para reducir la luz a los usuarios. Si por el contrario se mantiene la situación actual, el Gobierno se expone a que las empresas logren con mayor facilidad en los tribunales tumbar esta regulación por el quebranto a sus cuentas.

Reuniones con las eléctricas

En este contexto, además de reunirse con la industria y las asociaciones de consumidores, el Ejecutivo ha iniciado una ronda de consultas con las grandes eléctricas, hasta ahora enfrentadas al Gobierno de Sánchez por el recorte que conocieron horas antes de su anuncio. Este mismo jueves, ha tenido contacto con Endesa, que asegura valorar positivamente el diálogo con el Ejecutivo para solucionar el problema de la luz y también el problema al que se ha visto abocado el sector por el real decreto. Este mismo viernes se reunirá con EDP, mientras que el lunes Ribera hablará con Acciona y el miércoles con Naturgy e Iberdrola.

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Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica no ha tocado la redacción del Real Decreto-ley 17/2021, se vio obligado a pedir a Red Eléctrica una matización al texto para dejar claro que los contratos bilaterales a largo plazo, conocidos como PPA, quedaban fuera del recorte. Esta aclaración se produjo después de que los representantes de las renovables (UNEF, AEE, APPA, etc.) pusieran el grito en el cielo por poderse ver afectados por la medida, ya que la nueva normativa no lo deja claro.

Fuentes empresariales creen que ahora podría modificarse el real decreto porque el próximo jueves, justo después de verse con las eléctricas, se convalidará el real decreto-ley en el Congreso de los Diputados, ya que se cumple un mes de su entrada en vigor.

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J. C. P.

Otra cosa que se ha puesto en cuestión es la forma en que se realiza el recorte, ya que provocó que el pasado fin de semana una parte de plantas renovables se desconectaran de la red después de comprobar que el precio obtenido del mercado sería inferior a determinadas horas del que supondrá el recorte. Desde el sector, ven dicha circunstancia como una distorsión del funcionamiento del mercado inaceptable, porque ello provocó que se cubriera ese déficit con energía nuclear procedente de Francia.

En este contexto, el Gobierno mira a Europa en busca de una solución que proceda de Bruselas. La propia vicepresidenta Ribera admitía esta semana a la agencia Reuters que "si [la] UE va a tomar algunas medidas, nos complace seguir adelante con eso y olvidarnos de cualquier otra solución nacional". Este mismo jueves, el diario 'Cinco Días' señalaba que el Gobierno se está planteando modificar e incluso suspender el real decreto. Según explica, en el actual contexto de precios, el recorte se doblaría respecto de los 2.600 millones de euros que preveía recortar el Gobierno hasta marzo. Ante este panorama, Iberdrola ha subido en bolsa este jueves un 7%, mientras Endesa ha avanzado un 4,32%. Además de los posibles cambios regulatorios, un informe de Bank of America daba más posibilidades a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán que a la 'utility' dirigida por José Bogas.