El expediente de los ICO abre otro frente entre el Gobierno y la banca tras los ERE

La banca recibe un misil en la línea de flotación. El expediente de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) por posibles prácticas irregulares con los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) ha puesto en el foco el sector y amenaza con destruir la reputación ganada en el último año. Las entidades dan por imposible una multa del organismo y ven el fantasma de la política tras el expediente, después de los choques que ha habido en los últimos meses por los ERE (expedientes de regulación de empleo) lanzados por el sector.

La investigación se dirige contra Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia, pero desde el resto de bancos reconocen que el impacto reputacional "afecta a todo el sector". La línea de avales ICO covid ha sido una de las banderas que ha enarbolado el sector para mejorar su imagen, al haber conseguido inyectar 120.000 millones de liquidez a empresas y autónomos en plena pandemia. Por ello, el expediente de la CNMC dejó noqueados a muchos banqueros.

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El organismo presidido por Cani Fernández ha detectado "conductas" que podrían suponer "un falseamiento de la competencia por actos desleales". En concreto, la CNMC ha investigado "la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales" y el uso de estos créditos "para reestructurar deudas financieras preexistentes".

Estas dos presuntas prácticas generaron mucho ruido en abril y mayo del año pasado, llegando a provocar una crítica oficial contra la banca por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Estamos muy al tanto de las quejas sobre el trato y los planteamientos que se están haciendo por parte de determinados bancos". Estas palabras llegaron tras la viralización de un vídeo de una clienta de CaixaBank que aseguraba que el banco había condicionado la concesión del ICO a contratar un seguro.

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La banca señaló entonces —y mantiene ahora— que las malas prácticas fueron aisladas y se atajaron en cuanto se tuvo conocimiento. Alegan que dentro de una red de miles de oficinas y decenas de miles de comerciales es normal que ocurra, pero mantienen que la práctica totalidad de las líneas ICO se comercializaron de manera correcta.

Junto a ello, las entidades sacan pecho de los análisis que han hecho de las líneas ICO tanto el Banco de España como el propio organismo dependiente de Economía. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, señaló en junio del año pasado que de 500.000 operaciones, solo habían recibido 68 reclamaciones. Junto a ello, el regulador hizo un análisis interno que ha compartido con las entidades en que se han detectado algunas incidencias, pero sin gravedad.

Además, PwC hizo un análisis para el ICO de los créditos recibidos por 6.000 empresas, como adelantó este medio, con el mismo resultado que el Banco de España.

¿Mano política?

Esta disparidad de conclusiones entre el Banco de España, PwC y la CNMC hace que las entidades vean la sombra del Gobierno tras el expediente, a pesar de que Competencia sea un organismo independiente del Ejecutivo. "Pueden estar forzados a actuar por los últimos acontecimientos", señalan desde una de las entidades investigadas.

La relación de la banca y el Gobierno se ha tensado en los últimos meses por los ERE anunciados por CaixaBank y BBVA, que hicieron posicionarse a la vicepresidenta Nadia Calviño. La número tres del Gobierno criticó con fuerza los sueldos de los banqueros en un entorno de despidos y forzó que el FROB (Fondo de Reestructuración) votara en contra de las remuneraciones de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, y Gonzalo Gortázar, CEO, en la junta de la entidad catalana.

Ahora, las dudas sobre los avales del ICO pueden provocar un nuevo distanciamiento entre el Ejecutivo y las grandes entidades. El Gobierno puede verse forzado a posicionarse sobre estas presuntas prácticas irregulares, ejecutadas con dinero público. Y las entidades pueden alegar que se las está usando de nuevo de cabeza de turco.

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De las dos presuntas irregularidades detectadas por la CNMC, la que estuvo más en el foco el año pasado fue la de la vinculación de productos, aunque la que pudo abarcar un mayor volumen es la de las refinanciaciones, según fuentes financieras consultadas por este medio. Así, la banca podría haber condicionado el acceso a las líneas ICO a que parte de ellas se dedicaran a amortizar créditos o pólizas de financiación previas.

Así, a pesar de haber recibido 120.000 millones del ICO, las empresas solo han elevado su deuda con la banca en 40.000 millones. De los 80.000 millones restantes, hay 25.000 millones en nuevos depósitos. Los 55.000 millones restantes podrían haberse usado principalmente para amortizar otros créditos.