Por qué Calviño eligió a Cani Fernández para dirigir la CNMC

A Keynes no le gustaban los abogados. Nunca lo ocultó. Y eso explica que en 1944, en plena Conferencia de Bretton Woods, aprovechara una asamblea de hombres de leyes (por entonces, no había casi mujeres) para soltarles una andanada: “Debo confesar que, en términos generales, los juristas no me gustan. Me he quejado en ocasiones de que a juzgar por lo que pasa en EEUU, el Mayflower debió salir de Plymouth cargado de abogados”, se quejó.

Keynes, como se sabe, era matemático, y tal vez por eso confiaba más en la ciencia que en la palabra o en el arte de interpretar normas.

El sabio de Cambridge, sin embargo, perdió. No solo ante Harry D. White en aquella asamblea fundacional del capitalismo moderno, sino que, además, hoy está fuera de toda duda que el derecho les ha ido comiendo el terreno a los economistas. Desde luego, en el ámbito de la competencia. Y la elección de la jurista Cani Fernández como futura presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no es más que el último episodio.

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J. C. Peña J. Romero

Fernández, con una dilatada carrera en el despacho Cuatrecasas, es una consumada experta en derecho de la competencia, pero nunca ha tenido responsabilidades económicas pese a que, en última instancia, es lo que dirime la CNMC cuando analiza el funcionamiento de los mercados de la energía, las telecomunicaciones o la industria audiovisual.

No siempre ocurrió así. Tanto la ley Sherman antimonopolio (1890) como la ley Clayton antitrust (1914), que fueron pioneras en la lucha contra el poder de mercado de las grandes corporaciones y en la defensa de los consumidores, tienen un fuerte componente jurídico, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho, pero detrás de ellas se esconde una opción económica.

Beneficiar a los consumidores

Sherman y Clayton entendieron que el bien a proteger era el mercado. No por razones jurídicas, ni siquiera por una cuestión de filosofía moral, sino porque consideraron que el mercado, a través de la libre competencia y de las menores restricciones posibles, era quien asignaba los recursos de forma más eficiente, lo que en última instancia beneficiaba a los consumidores.

Solo por eso, pensaban, y desde luego desde la aplicación rigurosa del derecho, que había que combatir los monopolios, los cárteles o los trust. La propia Unión Europea, cuando vetó la fusión entre Alstom y Siemens, lo hizo por razones de política económica, aunque lo vistiera posteriormente con un ropaje jurídico para justificar su decisión.

No es que los economistas sean mejores que los abogados, es que saben que el mercado es un instrumento para alcanzar determinados fines

Esta consideración de la competencia como una cuestión de naturaleza económica y no estrictamente jurídica —no es un asunto de leguleyos— es lo que explica que desde 1989, cuando se promulgó en España la primera ley de defensa de la competencia digna de tal nombre, prácticamente todos sus responsables (en sus diferentes versiones: Tribunal, Servicio, Comisión…) hayan sido economistas.

No es que los economistas sean mejores que los abogados, es que saben que el mercado es un instrumento para alcanzar determinados fines, y, por lo tanto, son las decisiones de política económica, que hunden sus raíces en la propia democracia, las que definen su funcionamiento.

Organismos ‘asépticos’

Formalmente, sin embargo, la tendencia es la contraria. Los gobiernos, para quitarse problemas de encima, tienden a configurar los organismos reguladores como política e ideológicamente ‘asépticos’, cuando saben que eso no es posible porque la política energética o los horarios comerciales están en el corazón mismo de la política. Algo que hace que organismos sin control político, desde luego con menor legitimidad, sean responsables de decisiones que comprometen a la sociedad. Por ejemplo, subiendo o bajando tarifas.

La vicepresidenta Calviño lo sabe muy bien porque ella, que es economista profesional, fue directora general adjunta de Competencia y Mercado Interior en la Unión Europea, donde tuvo la oportunidad de conocer a Cani Fernández defendiendo pleitos de sus clientes en su calidad de directora del Grupo de Derecho Comunitario y de la oficina de Cuatrecasas en Bruselas.

Esto podría explicar el breve paso de la futura presidenta de la CNMC por la Moncloa ocupando un puesto de asesora de Iván Redondo aparentemente menor y, desde luego, muy por debajo de su bagaje profesional y, por supuesto, a años luz de su remuneración económica anterior. Es decir, la presidencia del Gobierno no fue más que una especie de paso intermedio de poco más de tres meses. De hecho, hay quien dice que ha estado en la nevera a la espera de que se despejara algo el panorama y pudiera recalar en la CNMC, que era el objetivo estratégico de Calviño.

Es cierto que queda estéticamente feo pasar directamente de la Moncloa a presidir un organismo que tendrá necesariamente que actuar desde la independencia de criterio, y no solo porque lo diga la ley. Pero hay que recordar que la política de competencia es, en última instancia, también política, y por eso el propio John Sherman, el látigo de los monopolios de la época, llegó a ser secretario del Tesoro de EEUU y candidato presidencial por el partido republicano.

En todo caso, no es un asunto menor el hecho de que Fernández no sea economista sino jurista. Significa, ni más ni menos, que Calviño se asegura que la CNMC se va a centrar en una función más interpretativa de las normas y menos economicista, con todo lo que eso conlleva al analizar, por ejemplo, el mercado eléctrico. Es decir, lo contrario que su predecesor, José María Marín Quemada, antiguo consejero del Banco de España, catedrático de Economía Aplicada y muy vinculado a Rodrigo Rato.

El perfil económico dentro de la CNMC lo cubrirá Ángel Torres, un viejo conocido de Calviño desde los tiempos en que la vicepresidenta comenzó a trabajar en la antigua Dirección General de Previsión y Coyuntura. Torres se las sabe todas dentro de la Administración, pero su peso quedará diluido por una concepción ciertamente normativista de la competencia. Calviño se asegura el control.