El Gobierno y PwC investigan los créditos a 6.000 empresas con avales del ICO

Ofensiva del Gobierno para detectar irregularidades en los créditos con aval público que dio la banca durante el confinamiento. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha acelerado en las últimas semanas el análisis de 6.000 préstamos concedidos por el sector financiero en el segundo y tercer trimestre a grandes empresas, pymes y autónomos.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha optado por esta estrategia para levantar las alfombras de la mayor línea de avales públicos que ha concedido en su historia: 909.627 préstamos por importe de casi 111.000 millones, de los que el Estado respalda 84.327 millones. Estos créditos, que se pusieron en marcha a trompicones a finales del pasado mes de marzo, han estado rodeados de todo tipo de rumores sobre presuntas malas prácticas de los bancos.

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Por ello, el ICO ha elegido 6.000 operaciones al azar de entre uno y 50 millones para determinar si las entidades cumplieron con lo establecido en los contratos marco que firmaron: usar los avales solo para financiaciones en las que empresas o autónomos necesitaban liquidez ante un impacto directo provocado por el confinamiento decretado a mediados de marzo.

Frente a ello, fuentes próximas a los bancos señalan que muchas entidades dieron líneas ICO a clientes a cambio de que amortizaran créditos anteriores. De este modo, el Estado estaría asumiendo riesgo precovid del sector financiero.

Ayuda de PwC

Otro de los puntos que generaron polémica inicialmente fue la comercialización de las líneas. El Gobierno tuvo que ponerse firme con las entidades para que no aprovecharan estas líneas de financiación extraordinaria para colocar otros productos a sus clientes. Algunos casos en que así fue se hicieron virales en las redes sociales, llegando a provocar declaraciones incluso del presidente del Gobierno.

Desde que se lanzaron las líneas ICO, su mecánica se dividió en dos tramos: hasta 50 millones —la gran mayoría de los 900.000 préstamos—, en que el análisis de riesgos recayó sobre las entidades financieras; y por encima de esta cantidad, que debían ser aprobados por el propio organismo público. Es en los primeros donde se teme que pueden haberse colado créditos irregulares.

Más allá de la cuestión ética de que los bancos hayan aprovechado una medida ligada a la pandemia para hacer negocio o tapar agujeros del pasado, esta revisión es clave para el ICO ante el dinero público que se juega con los avales en los próximos años. De los 110.000 millones en créditos concedidos, el Estado asumirá en torno a un 76% de las pérdidas. Por ello, este organismo fue ayudado inicialmente por el Banco de España, que hizo un análisis superficial en el que no hubo resultados concluyentes, y ahora se ha apoyado en una de las 'Big Four': PwC.

Tanto el ICO como las entidades tienen más tiempo antes de que estos 900.000 préstamos empiecen a presentar problemas tras los últimos cambios legislativos del Gobierno, que dieron un año más de periodo de carencia —estaba en uno— y tres más de vencimiento —hasta ocho años—, retrasando al menos hasta 2022 los problemas graves de morosidad del sector financiero.

En el foco del BCE

Esta medida va en línea con la anunciada esta semana por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), avalando que se retrase el paso a dudosos de los préstamos con un aval o sujetos a una moratoria. A la contra, el BCE está empujando para que las entidades no aprovechen esta flexibilidad para ocultar agujeros. Este mismo viernes, envió una carta a los consejeros delegados de las mayores entidades europeas instando a reconocer las pérdidas en aquellos créditos con evidencias de deterioro, sean o no moratorias.

"El BCE recuerda que la finalidad de las medidas de relajación de los requerimientos de capital adoptadas desde el comienzo de la pandemia es permitir que las entidades puedan amortiguar esta evolución del riesgo de crédito, al tiempo que continúan asegurando la financiación fluida de la economía", expone el presidente del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE, Andrea Enria.

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"A medida que la pandemia covid-19 ha ido avanzando, el BCE ha detectado, en sus actividades de supervisión, prácticas heterogéneas entre las entidades significativas en la aplicación del contenido de la carta del 1 de abril de 2020. (...) Es cada vez más importante que las entidades significativas se aseguren de que los riesgos están adecuadamente evaluados, clasificados y medidos en sus balances", añade. Lo que traducido del lenguaje bancario, significa que el supervisor teme que los bancos usen las moratorias, las líneas ICO y la flexibilidad contable para ocultar agujeros.

En esta misma línea, se han pronunciado recientemente el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, cuestionando la relajación de los bancos en materia de provisiones. Tras un intenso primer semestre, los supervisores creen que ha habido dejadez por parte de los bancos en verano. Además, la morosidad sigue baja, por lo que se teme por el 'efecto acantilado' que llegará cuando se disparen los impagos. Bancos, gobiernos y supervisores se mueven en un terreno delicado en que se debe preservar la salud financiera de las entidades para que no se cierre de golpe el grifo del crédito, sin que sus balances dejen de ser creíbles, lo mismo que pasó en la anterior crisis con el ladrillo.