El Gobierno y el ERE de CaixaBank: entre la amnesia colectiva y 2.300 despidos de más

Banca y política es una mala combinación. Lo demostraron las cajas de ahorros y el rescate al sector financiero. Esta semana ha habido un nuevo ejemplo, con la crisis generada por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) anunciado por CaixaBank para 8.300 empleados, el mayor de la historia de la banca, en plena pandemia. El Gobierno, capitaneado por la vicepresidenta Nadia Calviño, ha dado la voz de alarma y ha situado de nuevo a la banca en el foco de la opinión pública, no sin correr un velo sobre su responsabilidad en la fusión entre la entidad catalana y Bankia.

La número tres del Ejecutivo tuvo un papel clave como negociadora de la fusión con el máximo accionista de CaixaBank, la Fundación La Caixa, capitaneada por Isidro Fainé. Uno operación en la que el Gobierno optó por acelerar a pesar de la baja cotización de Bankia y que se puso en marcha sin un proceso competitivo. En ella, el Gobierno no exigió ningún tipo de condición de mantenimiento del trabajo. De hecho, fue casi más lo contrario. El expresidente del Fondo de Reestructuración (FROB) —representante del Estado en Bankia y, ahora, CaixaBank—, Jaime Ponce, reconoció en el Congreso que esta fusión "es una operación de sinergias, es una operación de reestructuración, es una operación de ajuste".

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Jorge Zuloaga

Tras la fusión, que se materializó a finales de marzo, el Estado tiene un 16% de CaixaBank y un asiento en su consejo de administración, que ocupa Teresa Santero. La exconsejera del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tuvo información por adelantado del ERE el pasado 30 de marzo, en el primer consejo de la nueva CaixaBank. Además, fuentes próximas a la consejera señalan que esta recibió detalles adicionales del ajuste, como muestra de que CaixaBank quería ir de la mano de su segundo mayor accionista en el proceso.

Sin embargo, la situación se descontroló a partir del miércoles, un día después de que la entidad catalana pusiera sobre la mesa los 8.300 despidos potenciales ante los sindicatos. Hay cuatro razones que explican esta crisis.

La primera es que Calviño esperaba inicialmente cifras inferiores, de alrededor de 6.000 despidos. Estos números fueron los que se barajaron inicialmente en las negociaciones técnicas entre las dos entidades, en las que no entraron ni la vicepresidenta ni Fainé. Fuentes próximas al Ejecutivo creen que la entidad catalana no midió bien la sensibilidad de este asunto a la hora de plantarse ante los sindicatos. "No es de recibo que las dos primeras grandes decisiones que toma CaixaBank con el Estado en su consejo sean subir el sueldo al presidente y aprobar el mayor ERE bancario de la historia", apuntan.

La segunda es el momento, en plena campaña electoral en Madrid, que hizo que partidos como Vox usaran este punto como arma arrojadiza, incluidos sus socios de Gobierno representados por Yolanda Díaz. De hecho, el presidente del PP, Pablo Casado, acusa a Calviño de hacer "campaña electoral" contra los bancos cuando conocía que CaixaBank iba a aplicar un ERE. "(Que diga) soy responsable y corresponsable. Debería dar explicaciones".

La tercera es que llueve sobre mojado, ya que el ERE de CaixaBank se suma a los ajustes de Santander, BBVA, Sabadell e Ibercaja, que en total suman 18.000 potenciales nuevos parados en el sector. Y la cuarta es la mala imagen que tiene Calviño del sector financiero, con el que le cuesta entenderse.

Calviño lleva meses pidiendo moderación salarial y alternativas al ERE

En este contexto es en el que Calviño pidió un esfuerzo a CaixaBank para mitigar las cifras del ERE y cargó contra los sueldos de los banqueros: "Creo que los salarios y los bonus de los ejecutivos bancarios deben estar alineados con la evolución del sector y la economía en su conjunto", pidiendo al Banco de España que tome cartas en el asunto.

Las palabras de Calviño sorprendieron tanto en el regulador español como en el Banco Central Europeo (BCE), que supervisa a las principales entidades españolas. Aunque ninguno de estos dos organismos hizo declaraciones, fuentes próximas a ambos señalan que lo único que pueden hacer es recomendar moderación con los bonus (el salario fijo es competencia de cada entidad, su consejo y accionistas). Por ello, añaden, es el Ejecutivo quien tiene la capacidad para limitar las remuneraciones de los banqueros a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), como ocurrió con el sueldo de las nacionalizadas en 2012.

Banqueros consultados por este medio se muestran sorprendidos por el momento elegido por Calviño para abrir este debate, salvo que sea para desviar la atención del papel del Gobierno en la fusión CaixaBank-Bankia, que ha derivado en el mayor ERE de la historia de la banca.

Esta operación, la mayor fusión bancaria de las últimas décadas en España, recibió críticas en su origen por el momento elegido —cotización en mínimos— y la ausencia de un proceso competitivo, abriendo un posible frente con el Tribunal de Cuentas. De hecho, las fuentes consultadas señalan que la otra entidad con la que Bankia tuvo conversaciones en 2020, Banco Sabadell, hubiera provocado menos despidos.

Una de las consecuencias de esta fusión, añaden dichas fuentes, es que lo que hasta ahora era una herencia del PP —el rescate de Bankia— se ha convertido en una responsabilidad del PSOE —con el visto bueno de Podemos— al decidir unir el destino del grupo nacionalizado con CaixaBank. "A partir de ahora, lo que ocurra a la entidad tiene conexiones con el Gobierno, desde el ERE a la subida de sueldo de Goirigolzarri", exponen.

¿Y ahora qué?

Esta situación explicaría que, junto a Calviño, otros tres ministros se hayan pronunciado públicamente sobre el ERE. La de Trabajo, Díaz, señaló que los recortes son "preocupantes e inasumibles" y era una situación "previsible" cuando se anunció la operación. La de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el ERE dentro de la situación del sector y sostuvo que en caso de no haberse fusionado, el ajuste sería mayor, algo que chocó entre las entidades. Y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pidió que CaixaBank y el resto de entidades tuvieran en cuenta todas las ayudas públicas recibidas antes de hacer recortes.

Al poco de anunciarse la operación, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, se mostraba optimista sobre la entrada del Estado en el capital de CaixaBank: "Bankia en estos años no ha tenido ninguna interferencia, y eso ha sido cuando el FROB tenía el 60%, no veo en absoluto que eso tenga que cambiar con un 16%". Este deseo se ha visto frustrado en apenas tres semanas. Fuentes bancarias esperan que todo se olvide cuando baje la marea política y se llegue a un pacto para los sindicatos. Pero reconocen que este primer aviso ha sido un mal precedente.