17 de junio, la nueva fecha para el juicio de Botín-Orcel

El juicio por el fichaje frustrado del actual consejero delegado, Andrea Orcel, contra el Banco Santander al que le reclamaba inicialmente 112 millones de indemnización tiene nueva fecha después de que el pasado 19 de mayo se viera suspendido ante la imposibilidad de que declararan el presidente de UBS, Axel Weber, y uno de los principales ejecutivos de la entidad.

Finalmente este jueves se ha comunicado que "las declaraciones testificales pendientes de la vista oral del juicio Orcel-Banco Santander tendrán lugar el próximo 17 de junio a partir de las 10:00 horas", y que los testigos residentes en Suiza lo harán por videoconferencia, como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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Y es que tras algo más de dos horas y media, el juicio quedó suspendido a la espera de nueva fecha condicionada a que la defensa de Orcel lograra el compromiso de Weber y de Marck Shelton de declarar en persona en Plaza de Castilla, una condición interpuesta por el magistrado.

Hace casi dos años que el banquero italiano Andrea Orcel, procedente de UBS, demandó a Banco Santander por dar marcha atrás en su fichaje como consejero delegado del banco español.

Orcel ha renunciado a exigir el cumplimiento del contrato, tras haber sido nombrado consejero delegado de UniCredit, y ha rebajado la indemnización que reclama al Santander por daños y perjuicios desde los 112 millones que pedía inicialmente hasta una cifra de 76 millones de euros.

En concreto, pide al banco que le pague 17 millones de prima de incorporación, 29 millones por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS y que Santander podía haber asumido ('buy out'), 20 millones correspondientes al sueldo que iba a cobrar en Santander durante dos años y 10 millones de euros por daños morales y reputacionales.

Desde Banco Santander defienden que la carta de oferta no era un contrato. El banco sostiene que el contrato nunca se formalizó y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta, pues estaba sujeto a la aprobación del consejo de administración, de la junta de accionistas y de la evaluación de idoneidad del BCE.

El juez deberá dirimir si la carta de oferta era o no un contrato válido.