El Congreso evita desde octubre tramitar un régimen de sanciones a empresas morosas

Nadie está en contra, al menos aparentemente, pero ningún partido presenta batalla por la aprobación de un régimen de sanciones contra las empresas que paguen a proveedores en plazos que incumplan la ley. Desde junio está paralizada la tramitación de una proposición de ley en la Mesa del Congreso, que acumula 19 prórrogas para enmiendas.

La última, esta semana. La Mesa del Congreso, donde hay mayoría de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, ha realizado una nueva ampliación de enmiendas al articulado. Van ya 19 desde que se abrió el periodo para presentar enmiendas el 21 de octubre del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR

La gran empresa exprime a proveedores: les recorta 13.000 millones y paga a casi 50 días

Óscar Giménez

En realidad, hace años que circula en el Congreso la propuesta de establecer un régimen de sanciones para que las empresas cumplan la ley, ya que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), presidida por Antoni Cañete, se ha encargado de ello en los últimos años. La Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010 para establecer medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, señala que el plazo máximo para pagar las facturas de los proveedores es de 30 días, tanto en administraciones públicas como en empresas, aunque estas, de mutuo acuerdo, pueden ampliarlo a un máximo de 60 días. Una opción que muchas grandes compañías toman por práctica habitual.

En cualquier caso, multitud de empresas se saltan la ley, pero no hay sanciones. El 9 de febrero de 2020, antes de la pandemia, la ministra Reyes Maroto anunció que el Gobierno estudia impulsar un régimen sancionador. En mayo, con la tensión de liquidez en muchas empresas por la crisis del coronavirus, el Grupo Plural presentó una propuesta de ley para establecer multas a los malos pagadores.

Multas de hasta 3.000 euros cuando sean infracciones leves, hasta 100.000 para graves y hasta un millón cuando sean muy graves

En el texto, propone sanciones que van de los 3.000 euros al millón de euros. El texto establece multas de hasta 3.000 euros cuando sean infracciones leves, de 3.001 euros a 100.000 euros cuando sean graves, y entre 100.001 euros y un millón cuando sean muy graves. La propuesta considera infracciones graves casos como cuando se incumpla el plazo legal con una operación superior a 50.000 euros, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo periodos considerados como vacacionales, que la deuda supere en más de 30 días el plazo legal o que se pacten cláusulas en perjuicio del acreedor sobre el comienzo del cómputo del plazo o sobre las consecuencias de la demora.

Asimismo, la infracción será “muy grave” cuando supere los 600.000 euros o cuando haya reincidencia o reiteración en la operación comercial. Por otro lado, serán infracciones leves las que no cumplan requisitos para ser graves o muy graves.

TE PUEDE INTERESAR

La banca presiona en el Congreso para suavizar la reforma de la ley de morosidad

Óscar Giménez

El Congreso votó el 22 de septiembre en favor de su tramitación con aplastante mayoría. De 345 votos emitidos, hubo 344 votos a favor y una abstención. Así, la proposición, que está en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, pasó al periodo de enmiendas. Y en ello sigue. La Mesa del Congreso ha dado ya 19 prórrogas, la última es de la semana pasada y alcanza hasta el 7 de abril, después de Semana Santa.

Los grupos parlamentarios en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, tienen la mayoría en la Mesa del Congreso, con cuatro y tres miembros respectivamente de un total de nueve. Fuentes socialistas argumentan que, a veces, es normal que se demore la tramitación de una ley por escuchar a más interesados o afectados. Lo curioso en este caso es que la posibilidad de establecer un régimen sancionador lleva hablándose años y que con la pandemia había prisas por evitar que se alarguen los plazos de pago a los proveedores ocasionando problemas de liquidez.

Empeoran los plazos

Las grandes empresas cotizadas están pagando a 50 días de media, con un total de 17 haciéndolo a más de 60 días en promedio, según los informes anuales de 2020. La ley no establece sanciones, pero sí obliga a las empresas a comunicar las cifras de su relación con proveedores. Las 70 mayores cotizadas del país recortaron el año pasado 13.000 millones, un 11%, el pago a proveedores, además de retrasar los plazos y desafiar a la ley.

El empeoramiento de los pagos es habitual. La plataforma PMcM sitúa la media en 77 días tanto en administraciones públicas como en empresas, según una encuesta realizada, mientras que la patronal Cepyme estimó en el primer trimestre de 2020, antes del covid, que el promedio estaba en 87 días. Las pymes aseguran, además, que las peores pagadoras son las grandes empresas, pese a tener mayor facilidad para obtener liquidez. En el caso de las administraciones públicas, según estadísticas de Hacienda, entre septiembre y diciembre la administración central pagó a los proveedores con una demora media de 24,21 días, las comunidades autónomas a 26,96 días y los ayuntamientos a 47,9 días.

La Comisión Europea calculó en 2014 que acabar con la morosidad estructural entre empresas en España, Italia y Portugal evitaría el cierre de entre 124.000 y 248.000 negocios al año, mientras que la PMcM denuncia que 500.000 empresas cerraron tras la crisis de 2008 ahogadas por el retraso en los pagos de las facturas.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La ilusión de la liquidez

Rodrigo Rodríguez

La plataforma también critica que los impagos han alcanzado con el covid el 5%, y que el empeoramiento de los plazos está obligando a las pymes a pedir créditos con aval público a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o a firmar contratos de ‘confirming’ y ‘factoring’ con tipos de interés de hasta el 7% para tener liquidez a corto plazo.

La actividad de ‘factoring’ y ‘confirming’, que consiste en adelantar el dinero de las facturas, decreció un 1,76% hasta los 182.264 millones con 162.000 órdenes, después de cinco años consecutivos. Aun así, el descenso fue menor que el del PIB, recuerdan en la Asociación Española de 'Factoring' y 'Confirming' (AEF). El segmento del ‘factoring’ con recurso, en el que el cliente que solicita financiación con sus facturas tiene que cubrir la potencial insolvencia del deudor, se redujo un 11,4%, mientras que la actividad sin recurso cedió un 6,82%.

“Hay preocupación” con la propuesta de sanciones, aseguró Abad, presidenta de la AEF

La inversión viva a 31 de diciembre cayó un 5,1%, hasta los 37.149 millones, con un repunte en la inversión media del 2,8%, hasta los 34.715 millones, gracias al impulso de los avales del ICO. Bancos y seguros pidieron que el Gobierno extendiera las garantías públicas a sus instrumentos de liquidez en las relaciones comerciales del sector privado para evitar un ‘shock’ de liquidez que potencialmente podría alcanzar los 370.000 millones. Finalmente, el Ejecutivo aprobó sendos paquetes de avales.

La asociación bancaria está haciendo ‘lobby’ en el Congreso para que se rebaje el nivel sancionador propuesto para reformar la ley, que sigue pendiente por la Mesa. “Hay preocupación” con la propuesta de sanciones, aseguró Alma Abad, presidenta de la AEF y directora de Banca Transaccional y 'Leasing' de Caixabank, en el evento anual de la patronal. A su juicio, la reforma “no se corresponde con la realidad y momento actual. Estamos teniendo consultas con los partidos para expresarles que se nos permita usar herramientas de financiación como ‘factoring’ y ‘confirming’ para que se siga financiando a los clientes, y no sea a costa del pequeño proveedor. Si esto no se produce, habrá un impacto muy severo”.