ANTE LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LA SOLVENCIA

Banca y seguros piden más ayudas para evitar un 'shock' de liquidez de 370.000M

El sector asegurador reclama medidas públicas como en otros países para las pólizas de crédito, mientras que los bancos piden flexibilidad en 'factoring' y 'confirming'

Foto: Foto: iStock.
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La liquidez ha sido la piedra central del primer paquete de políticas públicas para paliar los daños de la crisis económica del coronavirus. El reto ha sido evitar —o disminuir el riesgo de ello— que los daños coyunturales se conviertan en estructurales. Pero quedan muchas derivadas críticas sin solucionar. Una de ellas es la liquidez a corto plazo que las empresas obtienen de los seguros de crédito o de los productos bancarios que permiten adelantar y facilitar el cobro y pago de facturas. Suman cifras cercanas a los 370.000 millones de euros anuales y se han convertido en herramientas clave para la financiación de las empresas.

Se trata de una cantidad equivalente al 30% del PIB y que está ahora en riesgo. Esa liquidez engrasa las tuberías por las que fluyen los pagos entre empresas. Si se rompe, se corre el riesgo de iniciar una cadena de impagos entre clientes y proveedores, que agravará aún más la crisis económica, tal y como ocurrió tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En ambos casos, el sector financiero pide medidas desde el Gobierno, pero el sector asegurador es más agresivo en sus demandas. Aboga por inyecciones de dinero, en línea con las actuaciones de otros países, para mantener niveles no muy alejados de los anteriores a la crisis en seguros de crédito. Según datos de la industria, estas pólizas permiten asegurar transacciones entre empresas por valor de 200.000 millones de euros. Crédito y Caución, de Catalana Occidente, Solunion, de Allianz y Mapfre, o Cesce, del Estado, son los principales jugadores del mercado español.

Por otro lado, la banca tiene productos de 'factoring' y 'confirming', una forma de financiación a corto plazo a través de las facturas, que son clave para que fluya la liquidez a corto plazo y que las empresas eviten problemas con el circulante. Los bancos reclaman al Ministerio de Asuntos Económicos, a través del Tesoro, mayor flexibilidad en los vencimientos, para evitar que empresas que vuelven a facturar con normalidad se vean en problemas mientras que recuperan su actividad habitual.

En este caso, son 185.000 millones de euros. Fuentes de la banca apuntan a que una pequeña parte del 'factoring' se solapa con los seguros de crédito, y que, por lo tanto, el agregado alcanza los 370.000 millones de euros. Son dos vías de asegurar financiación o liquidez a corto plazo, y evitar problemas como en el pasado en el pago entre proveedores y clientes.

Las aseguradoras plantan al Gobierno

La caída es inevitable, pero se trata de aliviar el golpe. Con esta premisa, el sector asegurador ha rechazado firmar una propuesta del Consorcio de Compensación de Seguros y ha usado el canal habilitado estos días por la CEOE para que las empresas compartan sus reivindicaciones, quejas y ruegos. O, al menos, lo ha intentado, ya que la emisión a través de YouTube de la patronal no ha funcionado en los turnos de Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Joan Castells, presidente de Fiatc, y Pilar González, presidenta de Unespa.

A grandes rasgos, han pedido fomentar el ahorro, evitar impuestos que dañen la recuperación y un consenso político para reformas con las que aprovechar esta crisis para construir el nuevo modelo económico y social. Una prueba más de que el paradigma neoliberal ha quedado atrás y que los grandes empresarios abrazan la socialdemocracia para impulsar la demanda interna. Pero el mensaje que quería transmitir el mundo del seguro es que ha habido un encontronazo con el Ejecutivo y que la falta de ayudas públicas pone en entredicho un producto clave para las transacciones entre empresas.

Dicho de otra manera, las aseguradoras quieren dejar claro que si no se atienden sus peticiones, habrá un repliegue de los seguros de crédito y, con ello, se pondrá en riesgo una actividad comercial equivalente a cerca del 20% del PIB. El consorcio había propuesto al sector unas ayudas de 300 millones que las aseguradoras debían reembolsar en 10 años. Un préstamo al que se han negado: quieren una cifra superior, de 800 millones, y no reembolsable.

La patronal Unespa denuncia una desventaja competitiva con otros mercados europeos en que sí hay ayudas directas aprobadas en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria: 30.000 millones en Alemania, 13.000 millones en Países Bajos, 10.000 millones en Francia, 4.000 millones en Dinamarca y 900 millones en Bélgica. En España e Italia, no hay esquemas aprobados aún por la Comisión Europea.

Comparativa de ayudas propuestas al seguro de crédito entre España y otros países realizada por Unespa.
Comparativa de ayudas propuestas al seguro de crédito entre España y otros países realizada por Unespa.

En España, las aseguradoras han estado negociando dos meses con el consorcio. Hay que tener en cuenta que estos productos aseguran una cobertura a las ventas a crédito entre empresas privadas, suponiendo el 40% del crédito proveedor de la financiación del sector privado, y siendo vitales para mantener las transacciones entre compañías.

Estos seguros funcionan con coberturas, habitualmente, de entre el 80% y el 95%, y lo que hacen es asegurar una cartera de clientes, a la que asignan el grado de cobertura y el precio, en función de las condiciones macroeconómicas, su calidad crediticia, la salud del sector y el historial de pagos de los clientes. Un cóctel complejo en muchos sectores. En condiciones normales, el coste puede oscilar entre el 0,05% y el 0,1%, pero la pandemia ha elevado las insolvencias, ha disparado el riesgo de morosidad a futuro y está haciendo que, según fuentes financieras, se encarezcan los precios de las pólizas y se reduzcan drásticamente los límites cubiertos.

“El seguro de crédito [y también el reaseguro] se debate entre su misión de proteger a sus asegurados y la necesidad de mantener su solvencia”, aseguran fuentes de Unespa. “En ausencia de programas públicos, las aseguradoras no podrían garantizar condiciones razonables de cobertura para el comercio por las degradaciones en las condiciones financieras de las empresas. Hay un incremento de la siniestralidad, y sería difícil mantener las condiciones de cobertura próximas a la precrisis. Se están endureciendo coberturas y capacidad”, añaden.

Así, desde el sector aluden a que hay un deterioro de la solvencia del cliente de las empresas aseguradas (tomadores), se encarecen las primas y las condiciones del seguro son menos favorables, se eleva la siniestralidad por los impagos y la menor liquidez empeora las posibilidades de recobro. Por ello, desde Unespa, calculan pérdidas potenciales de 1.200 millones si las aseguradoras no revisan las políticas del seguro de crédito, con un índice de siniestralidad del 200%.

Para evitar un ‘shock’ de liquidez ante una posible interrupción del comercio entre empresas, Unespa pide 800 millones para las aseguradoras, incluyendo el producto de seguro de caución, que sirve de aval en las operaciones con garantías que alcanzan los 15.000 millones en España. “Todos los países de nuestro entorno han aprobado medidas billonarias para proteger el seguro de crédito, con un consenso entre gobiernos y operadores, mientras que en nuestro país el sector asegurador, de manera unánime, ha rechazado el programa propuesto por el Gobierno. Si no se protege el seguro de crédito, la recuperación de las pymes será mucho más complicada en los años venideros”, advirtió este martes Antonio Huertas, presidente de Mapfre, en el foro de la CEOE.

“El seguro de crédito comercial es esencial para recuperar la confianza en las transacciones entre empresas, ha merecido el apoyo público en la mayor parte de los países europeos y aquí, lamentablemente, no ha pasado de un mero amago”, criticó Pilar González de Frutos, presidenta de la CEOE. “Las aseguradoras no pedimos sino que nos escuchen, que se entienda cuál es la mejor forma de impulsar nuestro crecimiento, y se trabaje para que esa sea la vía adoptada por las normas y su aplicación”, remachó.

Evitar problemas con el circulante

Como se ha dicho, el 'factoring' y el 'confirming' también son productos clave para la actividad de las empresas. Antes de la crisis, alcanzaron los 185.000 millones de euros, con distribución casi al 50% entre ambos y ritmos de crecimiento de dos dígitos. Pero ya en marzo, según los últimos datos disponibles, se vio una desaceleración. Para el segundo trimestre, la banca espera una caída, especialmente en 'factoring', que consiste en el anticipo de facturas por parte de la entidad. Mientras que el 'confirming' va en dirección contraria, ya que sirve para pagar a proveedores.

El 'factoring' se está viendo afectado, en algunos casos, por el endurecimiento de los seguros de crédito, ya que es habitual que haya empresas que tienen una cobertura con una aseguradora y contraten de forma paralela el 'factoring' como gestión de cobros y adelanto de liquidez. Pero el banco solo puede adelantar la liquidez que cubre el seguro. En torno al 10% del 'factoring', según fuentes financieras, se solapa con los seguros de crédito (cobertura espejo).

Las divisiones de crédito a corto plazo para las empresas y la patronal, la Asociación Española de Factoring (AEF), han pedido desde el principio de la crisis del coronavirus flexibilidad con los plazos. El Banco de España (BdE) recogió el guante al permitir que no se declaren como insolvencia los impagos hasta los 180 días, en vez de 90 días, aunque pidió que se reconozcan para tener un seguimiento. Ahora, tiene encima de la mesa considerar si las refinanciaciones tendrán el mismo tratamiento que las reestructuraciones. Además, el programa de avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) incluyó la opción de los descuentos comerciales o 'factoring' con las empresas.

Estas decisiones han permitido a los bancos mantener la actividad hasta ahora. A punto de finalizar la desescalada, lo que quiere ahora el sector es que el Ministerio de Asuntos Económicos no aplique de forma estricta la ley de morosidad, que exige que los pagos sean a un máximo de 60 días entre empresas, para que se flexibilicen a periodos de 120 días o 180 días, con la financiación de la banca.

Hay empresas que están empezando a facturar ahora, y necesitan tiempo para ir reponiéndose. A nivel europeo, la directiva de pagos permite discrecionalidad en los plazos si hay acuerdo entre las partes. Esto beneficia a diferentes tipos de empresas, pero muchas son pymes, a las que podemos financiar el circulante según los compromisos vigentes”, explica Alma María Abad, presidenta de la AEF y directora comercial de banca transaccional de CaixaBank. Para ello, la asociación ha acudido al Tesoro para que haga de intermediario con Economía, que también tiene la última palabra respecto a las demandas del mundo del seguro, porque el consorcio depende del ministerio de Nadia Calviño. En juego está la liquidez a corto plazo de las empresas.

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