La banca presiona en el Congreso para suavizar la reforma de la ley de morosidad
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ANTE EL RETRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES

La banca presiona en el Congreso para suavizar la reforma de la ley de morosidad

Las entidades aseguran que será dañino para muchas pymes y se autoproponen como solución a través del ‘factoring’ y el ‘confirming’. Las empresas cotizadas pagan en 183 días

placeholder Foto: Una mujer con mascarilla pasa ante un comercio con un cartel de "liquidación por cierre" en Ourense. (EFE)
Una mujer con mascarilla pasa ante un comercio con un cartel de "liquidación por cierre" en Ourense. (EFE)

La morosidad sigue siendo un desafío para el tejido empresarial. El Congreso tiene pendiente la tramitación de una reforma de la ley de lucha contra la morosidad propuesta por el Gobierno, con año y medio de retraso frente a las intenciones de la vicepresidenta Nadia Calviño. El objetivo del texto es establecer un régimen sancionador a las empresas que pagan tarde a sus proveedores, algo que según la banca perjudicará a muchas pymes.

La ley establece un periodo máximo de pago de 30 días, aunque ambas partes pueden extenderlo por mutuo acuerdo hasta los 60 días. Ni qué decir tiene que el poder de negociación no siempre es el mismo por ambas partes, especialmente cuando es una pyme que provee productos o servicios a una multinacional. Y esta es la razón que explica que haya pagos en periodos superiores a los dos meses sin denuncias.

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Por ello, desde parte del tejido empresarial, se ha pedido un sistema de sanciones para las empresas que incumplan. Las compañías ya tienen que notificar en su informe de auditoría el plazo al que pagan de media a sus proveedores. En las últimas dos semanas, por ejemplo, los informes anuales de BBVA y Naturgy muestran datos: el banco redujo el periodo medio de 28 días a 22 días, mientras que la empresa que preside Francisco Reynés lo disminuyó de 23 a 22 días.

“Gran parte de las empresas que cerraron entre 2008 y 2012 eran viables y tenían problemas de liquidez por el retraso en los pagos”, critica siempre Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), que ha presionado en los últimos años para una reforma de la Ley de Morosidad.

El Ministerio de Economía, con Nadia Calviño, recogió el guante y empezó en 2019 a trabajar en un nuevo título para la Ley 3/2004 que regula la morosidad en operaciones comerciales, acotada a 60 días por la Ley 15/2010. Sin embargo, todavía sigue pendiente de tramitación en el Congreso, desde que en septiembre el pleno aprobó considerar la proposición para la modificación. Calviño explicó este mes que se incluirán medidas al respecto en la futura Ley de Crecimiento Empresarial.

La banca no quiere que la ley salga en los términos actuales

El tema sigue parado, como ha ocurrido recientemente con toda la actividad parlamentaria antes de las elecciones de Cataluña, con lo que ahora podría reactivarse. Pero la banca no quiere que salga en los términos actuales, que implican un régimen sancionador que tendrá que determinarse, aunque en la propuesta inicial las multas van desde 3.000 euros al millón de euros.

La reforma está en trámite en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, después de que el pleno aprobara en septiembre su consideración con todos los votos a favor. Pero la ampliación del plazo para presentar enmiendas al articulado se ha cambiado hasta 14 veces, con fecha del 24 de febrero en la última ocasión.

Preocupación en los bancos

El retraso en los pagos a proveedores suele implicar para las empresas pedir financiación para tener liquidez. Esto es, evitar problemas con el circulante a través de ‘factoring’ y ‘confirming’, que son formas de financiación a corto plazo a través de las facturas. La Asociación Española de Factoring y Confirming (AEF), una patronal de los bancos para el segmento de financiación de corto plazo, ha asegurado que en el sector “hay preocupación”.

La AEF ha explicado que la propuesta de reforma con sanciones “no se corresponde con la realidad y momento actual”, según su presidenta, Alma Abad. La patronal está presionando en el Congreso para que no se apruebe según la propuesta inicial. “Estamos teniendo consultas con los partidos para expresarles que se nos permita usar herramientas de financiación como ‘factoring’ y ‘confirming’ para que se siga financiando a los clientes, y no sea a costa del pequeño proveedor. Si esto no se produce, habrá un impacto muy severo”, aseguró este miércoles la directora de Banca Transaccional y Leasing de CaixaBank.

El argumento de la patronal es que, aunque la potencial reforma busca proteger a las pymes, podría en realidad castigarlas si obliga a todas las empresas a pagar en uno o dos meses, teniendo en cuenta que muchas de ellas también serán pequeñas compañías que podrían enfrentarse a problemas de liquidez.

Foto: José Ignacio Goirigolzarri (i), de Bankia, Ana Botín (c), de Santander, y Carlos Torres (d), de BBVA. (EFE)

La actividad de ‘factoring’ y ‘confirming’, según datos de la patronal, decreció en 2020 por el coronavirus tras cinco años consecutivos de crecimiento, aunque el descenso del 1,76%, hasta los 182.264 millones de euros con 162.000 millones de órdenes, fue menor que el del PIB. Así, en la asociación, destacaron este miércoles ante los periodistas un incremento del peso frente a la economía. El segmento del ‘factoring’ con recurso, en el que el cliente que solicita financiación con sus facturas tiene que cubrir la potencial insolvencia del deudor, se redujo un 11,4%, mientras que la actividad sin recurso cedió un 6,82%.

La inversión viva a 31 de diciembre cayó un 5,1%, hasta los 37.149 millones, con un repunte en la inversión media del 2,8%, hasta los 34.715 millones, gracias al impulso de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Bancos y seguros pidieron que el Gobierno extendiera las garantías públicas a sus instrumentos de liquidez en las relaciones comerciales del sector privado para evitar un ‘shock’ de liquidez. Finalmente, el Ejecutivo aprobó sendos paquetes de avales.

El retraso en los pagos a proveedores no solo es una cuestión del sector privado. También de las administraciones públicas, critica la PMcM. Según datos del Ministerio de Hacienda, correspondientes a noviembre, las comunidades autónomas tienen un promedio de 32,26 días, la Administración central de 28,65 días y las entidades locales de 66,49 días. De hecho, la plataforma recuerda que hay ayuntamientos pagando en más de 1.000 días.

En cuanto a las empresas, según estimaciones de PMcM a partir de los informes tras el cierre del primer semestre de 2020 (últimos disponibles), las cotizadas pagan en un periodo de 183 días. "Si las empresas del Ibex pagaran en plazo, se inyectarían 56.488 millones de euros, salvando a muchas pymes y autónomos", lamenta Antoni Cañete.

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