El juez cita a declarar como imputado al presidente de 'La Razón' por el caso Villarejo

El próximo lunes 8 de febrero, Mauricio Casals, presidente de 'La Razón' y consejero de Atresmedia, ha sido citado en la Audiencia Nacional para declarar por el caso Villarejo. El juez Manuel García-Castellón le ha citado como investigado por el caso de la contratación del comisario jubilado de policía para investigar a los hermanos Pérez Dolset en relación con la batalla accionarial y legal que mantenía el Grupo Planeta, dueño de Antena 3, con el Grupo Zed.

García-Castellón emitió la semana pasada un escrito en el que pide a Casals que se persone este viernes en la Audiencia Nacional, a las 10:15, para interrogarlo sobre las grabaciones en que dos miembros destacados del Grupo Planeta conversan con Villarejo sobre cómo espiar a Javier Pérez Dolset.

El magistrado decidió el pasado 20 de diciembre declararlo investigado tras reabrir la pieza 18 del caso Villarejo. García-Castellón estimó de este modo el recurso de apelación presentado por Pérez Dolset, revocando la decisión que adoptó el Juzgado Central de Instrucción de archivar esta pieza sobre el llamado Proyecto Brod, ante la falta de indicios para atribuir la autoría del delito de cohecho a las personas señaladas por el presunto afectado por ese proyecto.

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No obstante, cuando el juez del caso, García-Castellón, rechazó el recurso de reforma contra su decisión de sobreseer esta pieza, señaló que había "elementos para atribuir a Mauricio Casals Aldama la autoría del encargo a Villarejo de los servicios antes mencionados". Por eso, la sala entiende que admitida "la existencia de indicios de que hubo un encargo por parte de dicha persona a un funcionario público de servicios propios de su función, con fines particulares, no hay razón para no continuar con la investigación".

Con este argumento, el juez ordenó proseguir con la instrucción con la toma de declaración a Casals, "al ser esta la única persona respecto de la cual, por el momento, hay indicios de su posible participación en los hechos objeto de investigación". Según el tribunal, de la documentación intervenida en el caso Villarejo relativa al llamado Proyecto Brod, se desprenden indicios de la posible comisión de delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos.

"Como hemos dicho, el hecho de que no mediasen pagos no excluiría el delito de cohecho que pudo haberse cometido mediante dicho encargo y tampoco el de descubrimiento y revelación de secretos, que pudiera derivarse del acceso a datos restringidos o de su difusión, en el curso de la prestación, por incipiente que esta fuera, de esos servicios", concluye la Audiencia.

La comida entre Elías y el comisario

Como adelantó El Confidencial el 1 de agosto de 2019, el Grupo Planeta se puso en manos del comisario, aún en prisión preventiva, para espiar al árbitro que determinó el laudo de 220 millones por Kiss Miss y a Javier Pérez Dolset, su socio en Grupo Zed. Dolset le envió varios audios en los que aparece Luis Elías, secretario del consejo de administración de Grupo Planeta y responsable de los asuntos legales de la corporación de medios de comunicación.

La decisión del juez se produjo después de que este medio publicase la factura por la que el mayor accionista de Grupo Atresmedia abonó 40.000 euros a una empresa de Villarejo por unos informes en los que se detallaba si el árbitro que tenía que enjuiciar la batalla con el dueño de Kiss FM había recibido ingresos por parte de Blas Herrero para fallar a su favor. En los audios en poder del juez, Elías reconoció las reuniones con el comisario, al que aseguró que le pagaría hasta dos millones de euros en el caso de que efectivamente encontrase pruebas de que el abogado Julio González Soria hubiese sido comprado por el empresario asturiano.

González Soria sentenció a favor de Blas Herrero en 2004. Pero Antena 3, participada por Planeta, recurrió el laudo en la Audiencia Provincial de Madrid y posteriormente en el Tribunal Constitucional. Ambas instituciones rechazaron la petición de los perdedores, que finalmente se repartieron el coste a razón de casi 100 millones a cargo de Telefónica, unos 60 millones contra el patrimonio de la cadena de televisión y los 35 millones restantes contra el de Grupo Planeta-DeAgostini.