El Gobierno obliga a las socimis a cargar con una parte del plan de salvamento anticovid

Tras meses de tiras y aflojas, al final, Unidas Podemos ha logrado su objetivo de que los grandes tenedores de inmuebles, ya sean viviendas o locales comerciales, carguen con una parte de la factura de la crisis económica que ha traído consigo la pandemia del coronavirus. Así ha quedado subrayado con los dos nuevos reales decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros, en los que se obliga a los dueños de más de 10 inmuebles a asumir una serie de obligaciones ante la imposibilidad de pago de sus inquilinos de las que se exonera al resto de caseros.

Esta línea divisoria sacude directamente a las socimis, ya que este vehículo ha sido el favorito de los inversores institucionales en los últimos años para organizar sus inversiones inmobiliarias, aunque también hay 'family offices', fondos y entidades financieras entre los grandes afectados por esta decisión.

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Una diferenciación que empezó a gestarse la pasada primavera cuando, entre los primeros paquetes de medidas aprobados para combatir la crisis del covid-19, se recogió el concepto de gran tenedor para referirse a aquellos con más de 10 inmuebles en propiedad y se les obligó a tener que ofrecer una moratoria a sus inquilinos cuando estos no pudieran hacer frente al pago de la renta. En cambio, si el casero era un particular y rechazaba rebajar el alquiler, se articuló un sistema de préstamos ICO para que el arrendatario pudiera saldar la renta.

Entonces, grandes propietarios como Merlin, Colonial, GMP, Intu, Azora, Klepierre o Iberdrola Inmobiliaria, a través de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), se lamentaron de que el Gobierno hubiera introducido “el concepto de gran tenedor para discriminar el ahorro institucional”. Era solo el principio.

Nueve meses después, y tras ver cómo la evolución de la pandemia ha sido mucho peor de lo entonces esperado, el Ejecutivo ha profundizado todavía más en esta diferenciación, cargando así una parte del coste del plan de salvamento sobre las espaldas de estos grandes vehículos, medida que suma una parte de lógica, por el mayor músculo de estas empresas, y otra de retórica, ya que Unidas Podemos tiene en las socimis y en las políticas de alquiler una de sus grandes banderas.

El real decreto aprobado ayer amplía la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables que no puedan hacer frente a su renta y, en el caso de los grandes tenedores, también cuando se trata de familias con menores y dependientes a cargo y víctimas de violencia machista, aunque no tengan título habilitante, lo que supone avalar la okupación y amenaza con ser una llamada a la misma.

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Además, si en un plazo de tres meses a partir de la emisión del informe de vulnerabilidad las autoridades no han cumplido con su obligación de dar a estas familias una alternativa habitacional, se deberá compensar económicamente a los arrendadores. Pero, en el caso de que sean grandes tenedores, deberán demostrar que la vivienda estaba antes de ser okupada en venta o arrendamiento para poder reclamar un perjuicio económico.

Desde ASVAL (Asociación de propietarios de vivienda en alquiler) han advertido que "carece de sentido que no se compense durante este periodo de tiempo a los propietarios y que, además, estos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda. Es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivenda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma".

En el terreno de los locales comerciales, el Gobierno también ha apostado por cargar sobre los grandes propietarios una parte de la factura de la crisis y ha terminado imponiendo una quita del 50% del alquiler, o un aplazamiento del pago de la renta durante cuatro meses tras la finalización del estado de alarma, si casero e inquilino no logran antes otro tipo de acuerdo.

En cambio, para los propietarios con menos de 10 inmuebles, se ha organizado un sistema de deducciones que permitirá al arrendador computar como gasto deducible en el IRPF el coste del alquiler no cobrado, medida que se extenderá a lo largo del primer trimestre de 2021 y que tendrá un coste para las arcas públicas de 324 millones de euros.

El Ejecutivo no ha arrojado ninguna estimación de cuál puede ser el impacto para las socimis y grandes tenedores de su rebaja obligada de rentas, pero sí ha dado el número de locales que, prevé, podrán beneficiarse: 190.000 establecimientos (sobre todo, locales comerciales, pero también establecimientos turísticos), frente a los 323.701 arrendadores que se podrán beneficiar de la nueva deducción.