El Consejo de Ministros prohibirá este martes los cortes de suministros hasta mayo

El decreto antidesahucios que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros incluirá una disposición adicional para prohibir los cortes de suministros básicos. Una prohibición, que al igual que los desahucios, se extenderá hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma, y que se extenderá tanto a la luz como al agua y al gas natural "para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social".

Esta medida de ampliación del escudo social por la pandemia del coronavirus se aplicará tanto a los titulares del contrato como a aquellas personas que no puedan acreditarlo, pero que reúnan dichas condiciones, según el texto que se aprobará este martes. Para ello, serán los servicios sociales o los mediadores sociales, como las entidades del tercer sector y ONG, quienes puedan acreditar dicha situación de vulnerabilidad a través de un informe vinculante.

El decreto contra los desahucios incluye compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses, por lo que quedarían fuera los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

El objetivo de esta medida es ampliar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, con la novedad de que obligará a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar realojo. Este deberá ser en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedarían excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida. También se suspenden los desahucios de las familias vulnerables con menores y dependientes y víctimas de violencias machistas, que residan en viviendas de grandes tenedores de vivienda, aunque no tengan título habilitante.

Para la realización de los lanzamientos será obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, que será de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.

A partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. Esto, en el caso de grandes tenedores, solo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble, y estos pueden justificar perjuicio económico. Si no, no recibirán compensación.

En las últimas semanas, tanto la paralización de los desahucios como los cortes de suministros han generado tensiones en el seno del Gobierno de coalición y protegonizado los choques socialistas y morados. Pablo Iglesias justificaba durante la última reunión de la dirección de su partido que se visibilizasen estos pulsos debido a las presiones externas que reciben tanto PSOE como Unidas Podemos. Si bien asentaba la diferenciación asegurando que las presiones a los socialistas provenían de los poderes económicos, mientras que las recibidas por su formación tendrían más que ver con la sociedad civil y los movimientos sociales.

Analogía y estrategia de diferenciación que han soliviantado tanto una parte del grupo socialista como a miembros del Gobierno de este partido. Su discusión con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en las dependencias del Congreso y que remató, según constataron los reporteros gráficos allí presentes, con la frase de esta última diciéndole al vicepresidente segundo "no seas cabezón" ha sido aprovechada como acicate en Unidas Podemos para poner en valor su perseverancia para empujar medidas sociales.