El Estado se juega más de 11.000 millones de euros en el plan de salvamento del turismo

El Estado empieza a acercarse al tope de la primera línea ICO, por importe de hasta 100.000 millones de euros, que el pasado 17 de marzo, justo cuando acababa de estallar la pandemia del covid-19, aprobó el Gobierno como primera medida de urgencia para salir en respaldo del tejido empresarial español.

Seis meses después, el sector turístico ha sido el principal receptor de esta ayuda, que ha permitido a las empresas dedicadas a esta actividad acceder a 15.043 millones de euros de nueva financiación (sobre un total de 98.878 millones otorgados por esta vía). De esta cifra, el 75% está avalado por el instituto público, es decir, 11.253 millones de euros de préstamos concedidos a aerolíneas, hoteles o agencias de viajes, entre otros, tienen detrás la garantía del Estado.

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Estas compañías son, precisamente, las que tienen más difícil, por no decir imposible, volver a operar con normalidad, debido al impacto que está teniendo la pandemia, con países desaconsejando, o prohibiendo, visitar nuestro país, confinamientos de poblaciones concretas, limitaciones de movimientos, aforos, distancia física…

Con este escenario, resulta una quimera pensar que estas compañías puedan tener capacidad para devolver el grueso de los préstamos que han solicitado, lo que se convierte en una amenaza para las propias arcas públicas, ya que al contar con aval del ICO, si las compañías impagan, las entidades financieras exigirán al instituto público que responda por ellas.

Aunque el primer tramo de estos préstamos no tiene que empezar a abonarse hasta la próxima primavera, la agónica situación que vive la mayoría del sector ayuda a comprender las intensas, y tensas, conversaciones que se están dando para mantener la red de seguridad que se ha creado con figuras como los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo).

El quid de la cuestión es el siguiente. Si el Gobierno no prorroga estas medidas, miles de compañías —en total, casi 114.000 empresas del sector turístico han acudido al ICO— se verán obligadas a abordar uno de sus principales costes, el laboral, sin ningún ingreso o con una facturación irrisoria. Como actualmente tampoco se permite despedir libremente a quienes se han acogido a los ERTE por fuerza mayor (los derivados del covid-19), salvo que se devuelvan todas las ayudas percibidas, estas compañías se verían abocadas a la quiebra y, con ello, al impago de sus créditos.

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Suma y sigue, porque nada en el horizonte próximo permite confiar en que, de aquí a primavera, la actividad turística se vaya a recuperar o, al menos, a conseguir unos niveles de actividad que permitieran ir haciendo frente al pago de estos préstamos y a los costes que tenían antes del estallido de la pandemia. Contexto que agrava la necesidad de mantener la respiración asistida con que vive el sector desde hace meses.

Del mismo modo que en la crisis financiera de hace una década se popularizó la expresión 'too big to fail' (demasiado grande para caer) en relación con los bancos, en esta ocasión, el peso que tiene la actividad turística en la economía nacional (12% del PIB y 14% del empleo) y las excepcionales circunstancia que vive han convertido este sector en un gigante con pies de barro para las finanzas de todos los españoles, debido al cordón umbilical que ha unido su nutrición a la del ICO.

Para evitar un descalabro, sobre la mesa de negociaciones se han puesto todo tipo de propuestas, no solo prorrogar los ERTE en las condiciones actuales para aquellas empresas cuya actividad está imposibilitada por la pandemia, sino también ampliar otro año el plazo de amortización o anular los privilegios de la Administración en los procesos concursales, entre otras.

No obstante, dentro de este debate general, los empresarios están intentando centrar su discurso en defender medidas específicas para las empresas cuya actividad está directamente condicionada por la pandemia, como es el caso de las ligadas al turismo, para concentrar ahí los mayores esfuerzos.

Turismo y construcción

Por detrás del turístico, el sector de construcción e infraestructuras es el segundo que mayor cuantía de créditos solicitados y avalados por el ICO tiene: 10.791 y 8.225 millones de euros, respectivamente.

Teniendo en cuenta que el instituto público está detrás de un total de 75.140 millones de euros en avales, esto significa que casi uno de cada cuatro euros respaldados por el Estado corresponde a empresas turísticas o constructoras.

Estas cifras corresponden a la primera línea de hasta 100.000 millones aprobada en marzo, a la que este verano se unió otro programa por hasta 40.000 millones y que actualmente está otorgando sus primeras financiaciones por unos 8.000 millones.