A SOLICITUD DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El Gobierno estudia permitir a las CCAA la entrada en el capital de pymes por el covid

Economía y Exteriores trabajan en una solicitud de la Generalitat valenciana para que las autonomías puedan crear fondos de salvamento dirigidos a empresas regionales estratégicas

Foto: La ministra de Exteriores, con Ximo Puig y el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas. (EFE)
La ministra de Exteriores, con Ximo Puig y el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas. (EFE)
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El Gobierno está estudiando la posibilidad de notificar a Bruselas la apertura de una ventana para que las autonomías puedan lanzar programas de ayudas a pequeñas y medianas empresas consideradas "estratégicas" a nivel territorial, pero con tamaño insuficiente para acceder al fondo de recuperación habilitado para grandes compañías afectadas por la pandemia del coronavirus. La iniciativa ha surgido de la Generalitat valenciana, que tiene previsto poner en marcha una herramienta que ha bautizado como Fondo de Resiliencia, dotado con 200 millones de euros.

El fondo está dirigido a reforzar la posición de solvencia de empresas estratégicas valencianas de tamaño medio afectadas por el impacto del covid en la actividad económica, y contempla distintas modalidades de financiación: desde facilidades crediticias con distinto grado de subordinación, instrumentos financieros híbridos, como los préstamos participativos o los préstamos convertibles en acciones, pero también aportaciones directas de capital.

Con las cifras de la propuesta valenciana, las autonomías sumarían otros 2.100 millones a los 10.000 del fondos de rescate del Gobierno

Para poner en marcha operaciones de este tipo, el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig necesita luz verde de la Unión Europea, dentro del llamado marco temporal comunitario, la puerta de urgencia abierta por la Comisión Europea para que, excepcionalmente, los Estados puedan respaldar a las empresas nacionales a través de la aportación de recursos sin que sean considerados ayudas públicas ilegales.

Bajo ese paraguas, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el 26 de marzo de 2020 el llamado 'marco temporal nacional'. Además de poner en marcha ayudas financieras para facilitar liquidez a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Ejecutivo central notificó a Bruselas la puesta en marcha del llamado Fondo de Ayuda para la Recuperación de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros, que permite rescatar, incluso realizando aportaciones de capital, empresas cuyo negocio se haya visto afectado gravemente por el covid y cuya caída suponga “un impacto fuerte en la economía y en el empleo del país”.

Es la ventana por la que buscan auxilio financiero aerolíneas españolas como Iberia, el grupo turístico Globalia o Duro Felguera. La dos últimas ya han solicitado formalmente la adhesión a la herramienta de ayuda.

Pero este fondo de ámbito estatal tiene unas limitaciones. No contempla operaciones por importe inferior a 25 millones de euros. Está destinado, por tanto, a empresas de tamaño grande, y tiene una barrera de entrada complicada para compañías más pequeñas, con necesidades de capital inferiores, pero que se están viendo muy golpeadas también por la pandemia, hasta el punto de ver peligrar su continuidad. Ese hueco es el que pretende cubrir la Generalitat valenciana con su propia red de seguridad. La cifra de inyección valenciana (200 millones) representa el 0,17% del PIB regional. En el caso de que el conjunto de autonomías optase por una medida similar, el segundo escalón del Estado sumaría al fondo de rescate del Gobierno otros 2.100 millones para capitalizar y respaldar al tejido productivo, empresas medianas de referencia con problemas en los respectivos territorios, al margen de otros instrumentos autonómicos de apoyo financiero y ayudas a empresas.

La Generalitat quiere destinar 200 M al salvamento de pymes en apuros con operaciones de entre uno y 25 millones, las que no cubre el Gobierno

Para poder habilitar su fondo de resiliencia, que sería gestionado por el Instituto Valenciano de Finanzas, la Administración valenciana ha remitido una carta a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la que solicita al Gobierno de España "que considere notificar a la Comisión Europea la ampliación del marco temporal nacional, al objeto de que los gobiernos autonómicos y locales, en el ejercicio de su autonomía de gestión, puedan implementar programas de apoyo a la solvencia de compañías que desarrollen actividad económica en su ámbito geográfico de actuación".

Las ayudas de este fondo regional implicarían operaciones de entre uno y 25 millones de euros. Ahora la legislación solo permite financiación subordinada o capitalizaciones para reforzar fondos propios de hasta 800.000 euros. Los primeros esbozos del vehículo fueron hechos públicos la semana pasada por la Administración autonómica tras una reunión del 'president' Ximo Puig con el 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler; el responsable del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, y el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig.

El departamento de Nadia Calviño está estudiando la solicitud, que cuenta con la opinión positiva del Ministerio de Exteriores

González Laya, cuyo departamento ve con buenos ojos la iniciativa, ha remitido la propuesta al Ministerio de Economía para que la analice y la someta a la consideración de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Fuentes del departamento ministerial de Nadia Calviño consultadas por El Confidencial confirmaron la solicitud y señalaron que se encuentra actualmente en fase de estudio, aunque no hay tomada todavía una decisión al respecto. La clave será en qué medida pueden considerarse "estratégicas" para el Estado compañías que limitan su influencia a su ámbito local o regional. La Generalitat trabaja tres criterios: a) arrastre de la economía local en empleo y proveedores, b) carácter transversal para múltiples sectores de actividad y c) existencia de activos intangibles dificilmente reemplazables a corto plazo (tecnología, know-how etc).

Si sale adelante, se abriría la puerta para que las autonomías, a través de sus propios recursos, participen en los programas de respaldo a empresas de tamaño medio que no tienen carácter estratégico desde una perspectiva nacional, pero que sí son tractoras y generadoras de empleo en sus ámbitos locales de influencia.

La propuesta es similar a la que el presidente francés Emanuelle Macron ha incorporado a su plan de reconstrucción pospandemia, con horizonte hasta 2030, en el que se contemplan préstamos participativos públicos a los que las pymes puedan acceder a través de la colaboración con la redes territoriales de las entidades bancarias, si bien el plan galo no ha concretado todavía el grado de implicación de las administraciones regionales.

Por poner un ejemplo concreto: Marie Claire es una empresa textil con base en la provincia de Castellón de larga trayectoria y con una marca consolidada pero que arrastra problemas económicos. Como muchas otras firmas del sector, la pandemia ha castigado su cuenta de resultados y está tratando de reorientar su negocio hacia la producción de material sanitario (batas y mascarillas). Si logra meter la cabeza en los contratos del acuerdo marco impulsado por la Generalitat para nutrirse de material de protección, quizá tenga una tabla de salvación que evite su quiebra. En caso contrario, para evitar una situación concursal, podría tener que recurrir a fórmulas de rescate como la del fondo autonómico de resiliencia. Su tamaño es insuficiente para acudir al fondo estatal de recuperación.

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