Europa golpea a los fondos buitre: los jueces analizarán si el crédito moroso es abusivo

Golpe de la justicia europea a la herramienta cuyo uso más ha crecido entre los fondos oportunistas para recobrar deuda impagada. Se trata de los procesos monitorios europeos, que se dispararon un 800% en España durante 2018, y que son un método ágil para los acreedores porque no exige aportar la documentación y, por lo tanto, no se podía analizar si había un carácter abusivo en el contrato. Esto cambia radicalmente con una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

En concreto, en línea con las recomendaciones del abogado general, el TJUE ha determinado que el reglamento europeo sobre el proceso monitorio sí permite que se pida información adicional al acreedor sobre cláusulas contractuales que invoca para acreditar la deuda, con el objetivo de controlar si hay carácter abusivo en las mismas. Así, Europa se opone a la normativa española, que se había posicionado de modo contrario.

El proceso monitorio se usa cuando la deuda se ha producido en un país y el fondo tiene su domicilio en otro estado de la Unión Europea, algo habitual ya que muchos fondos internacionales están comprando carteras de impagados a bancos, telecos o eléctricas. Aunque no es el proceso más usado para recobrar deuda, sí el que más crece, ya que como advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su última memoria anual, se multiplicó por nueve durante 2018 hasta los 5.884.

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El reglamento europeo incluye un formulario estándar para requerir el pago por un importe específico y exigible. El órgano jurisdiccional al que se presenta (según si es litigio civil o mercantil) decide. Si rechaza la petición, informa al demandante sin que sea posible recurso, mientras que si considera que se cumplen los requisitos, expide un requerimiento europeo de pago con un plazo máximo de 30 días desde que se presenta la petición.

En este proceso, los fondos se negaban a aportar información adicional relativa al contrato, por lo que un juez de Vigo y otro de Barcelona elevaron las cuestiones prejudiciales al TJUE, que se ha pronunciado este miércoles. El Tribunal deduce que “el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento de pago europeo debe poder pedir al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas que este invoca para acreditar la deuda, como la reproducción de todo el contrato o la presentación de una copia de este, con el fin de poder examinar el carácter eventualmente abusivo de tales cláusulas”.

Este punto es clave, ya que hay contratos -como con las tarjetas ‘revolving’, que están siendo examinadas por el Supremo- que incluyen cláusulas que pueden ser susceptibles de ser consideradas abusivas, y por lo tanto la deuda comprada por los fondos podría ser muy inferior a la que reclaman.

“Es una gran noticia que los consumidores estén protegidos por unos jueces que ya están acostumbrados a valorar la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo. El abuso del procedimiento monitorio europeo por parte de los fondos es intolerable, así lo han percibido nuestros jueces y, gracias a ellos, una vez más Europa nos da la razón”, afirma Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

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El propio CGPJ ya dedicó unas líneas a estos procesos. El comportamiento de los procesos monitorios europeos “es una consecuencia más de la cesión de créditos (principalmente de consumo, derivados de tarjetas de crédito, operaciones bancarias, compañías telefónicas, etc.), cuando la empresa financiera que ha adquirido el crédito no es española, pero sí de un país de la Unión Europea”.

Este procedimiento también se ha usado para “evitar el examen judicial de posibles cláusulas abusivas del artículo 815.4”, explicita la memoria anual. Por ello, "las empresas financieras cesionarias (fondos o compañías de recobros que compran carteras) en ocasiones han optado por plantear un proceso monitorio europeo".

Precisamente, en octubre hubo un seminario en la Universidad Complutense en el que participaron magistrados de Madrid que denunciaron que estos procesos están colapsando sus juzgados, según abogados presentes. Hablaron de fondos como Bondora o Invest Capital, y sedes en Luxemburgo, Estonia o Malta. Estos jueces se quejaron de que hay reclamaciones de deuda que ha prescrito, y pusieron como ejemplo un monitorio con una financiación impagada en Pryca, marca que desapareció en 1999, integrada en Carrefour.