Un informe de Pimco acusa a Popular de engañar en sus cuentas durante una década

Pimcoy otros grandes fondos internacionales despliegan su artillería para recuperar los 640 millones que perdieron en Banco Popular. El fondo norteamericano, Anchorage, Algebris y Cairn Capital han enviado a la Audiencia Nacional un informe pericial que concluye que el banco ahora propiedad del Santander engañó a los inversores durante una década: desde 2011 hasta su resolución en junio de 2017.

"Tras analizar toda la documentación e información aportada al procedimiento hasta la fecha por el Banco de España, el BCE, la Agencia Tributaria, la CNMV, el propio Banco Popular, así como la información publicada por dicha entidad durante los años 2008 a 2017, los peritos concluyen que las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011 a 2016 no reflejaban fielmente la imagen de la entidad, habiendo sido manipulada", señala el escrito de los fondos tras aportar el informe elaborado por FTI Consulting y PSJ Forensic.

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"Los peritos recalcan que los documentos facilitados por Banco Popular a los inversores antes de las ampliaciones de capital de los años 2012 y 2016 también estaban manipulados, sobrevalorando la posición de solvencia del banco y su rentabilidad, e infraestimando sus riesgos", añade el escrito del abogado español de los fondos, Daniel Jiménez, de SLJ Abogados.

Este informe busca reforzar la investigación penal que se puso en marcha en la Audiencia hace dos años y que recientemente se ha reactivado con la declaración de algunos de sus principales protagonistas. La meta de Pimco y los otros tres fondos es que juez y fiscal vean irregularidades por parte de los imputados y fijen una indemnización por su parte y los posibles responsables civiles, Santander y la auditora PwC.

Objetivos

“Este es el primer informe pericial presentado en el proceso penal que examina exhaustivamente toda la documentación proporcionada por las autoridades supervisoras relevantes del Banco Popular. En última instancia, el informe concluye que ha habido un patrón consistente de falsedades tanto en las cuentas del banco como en otras declaraciones al mercado, y da una clara indicación de que esas cuentas y declaraciones fueron manipuladas intencionalmente con el fin de engañar a los inversores en cuanto a la posición financiera del banco. Esperamos que el informe ayude a la Justicia a determinar responsabilidades”, señala Richard East, socio director del bufete legal Quinn Emanuel.

El informe detalla año a año presuntas irregularidades en la contabilización de los créditos dudosos, las refinanciaciones, las tasaciones inmobiliarias e incluso la contabilización de solares como si fueran edificios terminados. "Si Banco Popular hubiera corregido las irregularidades detectadas por el Banco de España y por el BCE en cualquiera de los años, las ratios clave presentadas al mercado habrían cambiado significativamente [...] El banco publicó resultados positivos en años en los que realmente debió acumular pérdidas. Y en los ejercicios donde declaró pérdidas, como en 2012, estas deberían haber sido mayores", expone el informe.

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Los peritos dedican un capítulo de su informe de 220 páginas al "entramado societario [de Luxemburgo] orquestado por Banco Popular para ocultar pérdidas y refinanciaciones de empresas en dificultades". Se trata de la relación con Thesan Capital, del que el exvicepresidente del banco Roberto Higuera dijo que tuvo la primera noticia a finales de 2016, cuando hubo que consolidar varias sociedades ligadas a este fondo y asumir las pérdidas.

Con estas presuntas prácticas irregulares, Popular habría sacado de su balance activos dañados valorados en 928 millones y ocultado pérdidas valoradas en 538 millones. "Podemos concluir que, de haberse incluido dichas sociedades en el perímetro de consolidación del banco en 2014, tal y como se tendría que haber hecho, la entidad debía haber presentado pérdidas en lugar de beneficios", afirman los peritos.

Más allá de estos hechos, el informe subraya que, de acuerdo al Banco de España y al BCE, el Popular tuvo un déficit de provisiones de entre 1.620 y 2.900 millones entre 2008 y 2016, y que clasificó mal créditos dudosos por hasta 6.500 millones. Además, habría valorado mal sus refinanciaciones, los suelos, su morosidad, su solvencia, y con "deficiencias" en sus modelos internos.

Esta es la primera pericial de parte que entra en el caso Banco Popular, que refuerza a las acusaciones. El juez José Luis Calama ya tiene en sus manos el informe pericial encargado por él a dos inspectores del Banco de España, que sin hablar de irregularidades contables sí que determina que hubo provisiones mal contabilizadas y que la información de la ampliación fue engañosa. El magistrado ha citado a estos peritos entre el 10 y el 14 de febrero para ratificar su informe.