El BCE detectó tasaciones infladas en un 27% en Popular durante la ampliación de 2016

Nuevos documentos internos de Banco Popular revelan que la entidad pudo haber inflado sus tasaciones inmobiliarias en un 27%. Así lo reflejan archivos que se dieron a conocer entre los principales directivos el 25 de mayo de 2017, unas semanas antes de que la entidad se viera abocada a la resolución que acabó con la venta a Santander.

Estos documentos describen una reunión que hubo entre el BCE y los responsables del banco, por una inspección que había en marcha de los activos adjudicados. Así, el regulador europeo y los inspectores del Banco de España encargados transmitieron su disconformidad con las tasaciones que había venido realizando Popular, sobre todo en mayo de 2016, un mes antes de la última gran ampliación, de 2.500 millones.

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Los reguladores llegaban a este cálculo analizando la tasaciones de 29.000 inmuebles y de más de 5.600 valoraciones de suelos -con criterios menos rigurosos que las tasaciones- que Popular hizo a mediados de 2016 a través de la sociedad especializada Krata. Las comparaba con datos internos y valoraciones de otras entidades, para concluir que estaban infladas en un 27%. Las de los suelos estaban todavía más sobrevaloradas, para llegar a una media de la cartera del 37% en toda la cartera.

Ante estos avisos, la cúpula de Banco Popular hizo una reunión monográfica sobre la inspección del BCE el 29 de mayo, cuando la sangría de liquidez estaba ya en su máximo apogeo. La fuga de depósitos y esta inspección llevaron al consejo entonces presidido por Emilio Saracho a tirar la toalla el 6 de junio y declararse inviables ante el BCE. Así, según explicaron en la reunión del máximo órgano de gobierno, la entidad tenía muy difícil reconducir la crisis de liquidez y la inspección de los adjudicados iba a provocar que la entidad incumpliera los requisitos de solvencia, con provisiones por entre 1.400 y 1.600 millones.

Conclusiones de la inspección

Dicha inspección es una de las principales armas con que cuentan las acusaciones en el caso de la Audiencia Nacional, cuyas declaraciones arrancan este miércoles, con la de Saracho.

El BCE —con el apoyo del Banco de España— terminó la revisión en enero de 2018 y concluyó que "la valoración de Krata ascendió en conjunto a 1.562 millones de euros, que comparados con los 1.808 millones de valoración previa de estos suponía una pérdida de valor de 246 millones. En cambio, al cierre del ejercicio, este conjunto de activos había experimentado una revalorización de 299 millones". Es decir, que la entidad solo habría contabilizado las tasaciones que más le interesaban, según se desprende del informe, práctica que se vendría realizando al menos desde la ampliación de 2012.

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"La Inspección ha encontrado evidencias que permiten afirmar que la valoración de un conjunto significativo de activos adjudicados está sesgada al alza", añadían desde el BCE.

La política de tasaciones del Popular es uno de los focos también del informe pericial del caso que se sigue en la Audiencia. En su trabajo, presentado el pasado mes de abril, señalaban que a medida que empeoraba su situación, Popular habría usado cada vez más tasaciones no homologadas (sin el sello de calidad del Banco de España): "Cabe decir que, según los inventarios de activos adjudicados facilitados por el Banco Popular, la calidad de las tasaciones parece empeorar, de tal forma que en diciembre de 2015 un 11% de los suelos, que son los activos más sensibles a las variaciones del precio de las viviendas, fueron revisados por empresas de tasación no homologadas, y en 2016 este porcentaje se elevó al 34%".