CASO BANCO POPULAR

Correos del Popular: la ampliación de 2012 obvió un agujero de 1.000 millones

La entidad dejó 1.200 millones pendientes de provisionar a finales de 2012, semanas después de realizar la ampliación de 2.500 millones para sanear su balance

Foto: Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, durante la presentación de resultados de 2012. (EFE)
Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, durante la presentación de resultados de 2012. (EFE)

La crisis de Banco Popular venía de lejos. Correos internos a los que ha tenido acceso este medio revelan que el banco retrasó ajustes al menos desde 2012, coincidiendo con la macroampliación de capital de 2.500 millones que la entidad realizó para evitar un rescate público.

Los correos son de la intervención general, entonces liderada por Javier Moreno, y posteriores a la ampliación. En ellos hace un repaso de la política de provisiones. “A 31 de diciembre de 2012 quedaban pendientes de traspasar a dudosos créditos por 3.900 millones y a subestándar 3.160 millones”, lo que suponía dotar 1.175 millones, 700 millones descontadas genéricas, según los documentos revisados por El Confidencial. La intervención general es un área clave de los bancos que se ocupa de cuestiones de contabilidad y hace de nexo entre distintas divisiones.

Este medio ha consultado sobre estos correos a Moreno y los principales responsables de Banco Popular de la época: el entonces presidente, Ángel Ron, y el director de riesgos (2012) y consejero delegado (2013), Francisco Gómez, quienes remarcan que el calendario de provisiones estaba bendecido por el Banco de España, ya que procedía de una inspección suya que concluyó en marzo de 2013. Reconocen que dicho ajuste no se reflejó en el folleto de la ampliación de capital de 2012.

De esta forma, en la operación, que tuvo lugar entre noviembre y diciembre ese ejercicio, el banco subrayaba que “el consejo de Banco Popular ha acordado hacer un inmediato y masivo esfuerzo en saneamientos para resolver cualquier duda potencial sobre su balance”. Este consistía en realizar provisiones por 9.300 millones para cumplir con los dos decretos Guindos y “anticipar al máximo los saneamientos a 2012, recapitalizar el banco, preservar la flexibilidad en la realización de plusvalías para maximizar la creación de valor a partir de 2013”. Gran parte de los ajustes procedía, además de los reales decretos de Guindos, de la revisión de activos llevada a cabo por Oliver Wyman por el rescate bancario a España.

El plan estratégico con el que se sedujo a sus accionistas iba más allá, al explicar "que en el periodo 2013-2014 se podrían liberar provisiones mejorando sensiblemente los resultados".

Inspección paralela

Estas afirmaciones chocan con el informe de la inspección que lideró en 2012 Juan Antonio Izaguirre, elaborada entre el 1 de junio y el 21 de noviembre de 2012, coincidiendo con la ampliación. Detectó un déficit de provisiones de 1.350 millones, cifras similares a las de los correos referidos anteriormente. Y apuntaba que “la entidad dentro del plan de negocio previsto para 2012/13, presentado en el último trimestre de 2012, ha incluido dentro de sus reclasificaciones y dotaciones de provisión la totalidad de las cifras apreciadas por la inspección y mencionadas en el punto anterior”. Sin embargo, de acuerdo con los correos y las explicaciones recibidas por este medio, se dejó “pendiente” a final de 2012, sin avisar al mercado.

Como contextualizan las defensas, el calendario de provisiones decidido por la entidad fue aprobado y alabado por el Banco de España, en una carta del entonces director general, Ramón Quintana —ahora en el BCE—, al consejo del Popular el 5 de marzo de 2013: "El Banco de España toma nota del plan de negocio aprobado por la entidad y valora positivamente las medidas contempladas en el mismo, que deberán permitir el adecuado reflejo en los estados contables de la calidad de su cartera crediticia y activos adjudicados".

Francisco Gómez, ex consejero delegado de Banco Popular, en 2013. (EFE)
Francisco Gómez, ex consejero delegado de Banco Popular, en 2013. (EFE)

Dicho informe de inspección ponía en cuestión gran parte de las provisiones del Popular y destapaba un agujero de más de 800 millones solo en dos grandes acreditados: Grupo Estanislao Berruezo, de Almería, y Grupo Brictil.

Los correos a los que ha tenido acceso este medio también revelan ajustes pendientes en la contabilización de los créditos SIA (sistema de información de acreditados) en 2014. Este modelo permitía que el Banco de España asignara unas coberturas similares a créditos de grandes empresas con exposición en diversos bancos, y de esa forma ahorrarse análisis de cada equipo de inspección.

Según los documentos, Popular tenía sin clasificar adecuadamente 1.300 millones en grandes créditos de compañías como Deoleo, Itínere, Isolux, Desarrollos Inmobiliarios los Berrocales, Copisa Pirenaica, Hesperia y FCC Acuamed, entre otras.

Los correos internos reconocen que Popular contabilizó mal los créditos SIA como Deoleo, Itínere, Isolux, Los Berrocales, Hesperia y Acuamed

Estos correos salen a la luz tras las declaraciones en el Congreso de los Diputados del exgobernador del Banco de España Luis María Linde y del inspector del BCE y antiguo supervisor de Popular en el Banco de España Ignacio Pardo, ahora en el BCE.

El primero señaló que “entonces [en 2012] nos pareció que si podíamos quitarle peso a la ayuda europea era mejor y si el Popular daba garantías de salir adelante por su cuenta, era bueno para todos. Pero, 'post factum', uno se pregunta si realmente fue una decisión buena o mala, quizá fue mala, efectivamente. Porque es verdad que aunque el Popular entonces tomó esas decisiones y saneó, quizá no fue lo suficiente. Era un problema demasiado grave y demasiado importante como para salir adelante por su cuenta”.

"Ajustes pendientes"

Por su parte, Pardo aseguró que “se realizaban trimestralmente una serie de informes de temas o ajustes pendientes. En dichos informes, a partir de 2009, en todas estas revisiones se identificaban necesidades de provisiones que estaban reflejadas en esos informes”.

Tras la ampliación de 2012, Banco Popular siguió su senda hasta que en noviembre de 2014 cogió las riendas de su supervisión el BCE e inició un par de inspecciones a fondo, que llevaron al banco a volver a ampliar capital en junio de 2016. De nuevo por falta de provisiones, a pesar de la recuperación económica.

Esta semana arrancan las declaraciones del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, que inicialmente se ceñirá a la ampliación de 2016, a pesar de las peticiones de varias acusaciones de que se ampliara a 2012.

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