Juez y fiscal diseñan dos juicios paralelos en el caso Banco Popular

El caso Banco Popular se bifurca. Los primeros interrogatorios del caso han constatado el distinto enfoque que están dando al mismo el juez José Luis Calama y el fiscal Antonio Romeral, según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones del expresidente Emilio Saracho y el exvicepresidente Roberto Higuera.

Distintas fuentes coinciden en el análisis: el magistrado está llevando mucho más peso en los interrogatorios que la práctica habitual de la Audiencia Nacional, y sus preguntas están girando más en torno a la llegada de Saracho —en diciembre de 2016— y su gestión hasta la resolución de junio de 2017. Mientras, añaden, el fiscal tiene el foco puesto casi única y exclusivamente en las cuentas de la etapa de Ángel Ron.

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J. Zuloaga

La declaración de Higuera de este miércoles puso de manifiesto estas discrepancias. Así, tras varias horas de interrogatorio por parte de Calama, cuando Romeral cogió las riendas del mismo, recordó que "el núcleo de la investigación son las provisiones".

Previamente, el magistrado había hecho distintas preguntas al exvicepresidente del Popular sobre su trayectoria y funciones, los motivos de la ampliación de capital —que Higuera achacó a la petición de provisiones del BCE— y la presunta financiación de las acciones, que negó.

Dardos para Saracho

No hubo ninguna pregunta del juez sobre las tasaciones inmobiliarias o las sociedades en Luxemburgo. En cambio, sí que hubo bastantes sobre el proceso de fichaje de Saracho; quién lo inició —Reyes Calderón, según Higuera y el propio banquero de inversión—; la entrada en el capital del mexicano Del Valle; sus reuniones con Saracho; la reexpresión de cuentas de abril de 2017, y la salida de Larena.

El exvicepresidente, que negó ser "mano derecha ni mano izquierda de Ron", aprovechó las últimas preguntas de Calama para devolver algunos de los dardos que dejó Saracho en su declaración de la semana pasada. Explicó que la reexpresión de cuentas fue innecesaria, por "hechos no relevantes" y sin dar margen de maniobra al consejo. Y señaló que el entonces consejero delegado, Pedro Larena, dimitió "por discrepancias con Saracho [...] creía que el banco tenía futuro".

El interrogatorio dio un giro de 180 grados con el paso a Romeral, al igual que ya ocurriera la semana pasada con Saracho. El fiscal repasó una por una todas las presuntas irregularidades contables detectadas hasta ahora en la investigación, repreguntando por alguna de ellas y, según fuentes presentes en los interrogatorios, poniendo en algún aprieto a Higuera.

Así, abordó las sociedades ligadas a Thesan Capital —de Luxemburgo—; los sistemas de control; la decisión de suavizar las provisiones en 2014, criticada por el informe pericial de dos inspectores del Banco de España; la financiación de la compra de acciones en 2016; las tasaciones; la liberación de provisiones de final de 2016; los movimientos de la autocartera, y los riesgos del folleto de la ampliación.

El grupo de Ron

A todas estas preguntas, Higuera respondió con un mismo hilo conductor: el BCE y el Banco de España estaban al tanto y aprobaban las provisiones, que se realizaron con tasaciones válidas, sin ocultar nada al mercado y con el visto bueno de los auditores —PwC— y otras consultoras como KPMG y EY. Además, sostuvo que la entidad tenía un plan de negocio con futuro que cambió con la llegada de Saracho y, sobre todo, con su reexpresión de cuentas, que ni comparte ni entiende.

Tras las declaraciones de Saracho e Higuera, ya hay pistas suficientes de por dónde van a ir las estrategias de los dos bandos de imputados. Y también de cómo lo ven el juez y el fiscal.