Ofensiva contra BBVA tras su imputación: las acusaciones estudian pedir su intervención

La imputación de BBVA en el caso Villarejo no calma a las acusaciones de esta causa. Lejos de darse por satisfechas, estudian la petición de medidas cautelares contra el banco presidido por Carlos Torres, entre las que se incluyen la imposición de fianzas y la intervención judicial de la entidad.

Se trata de medidas cautelares que ya se pidieron en el caso Bankia, la primera ocasión en que se imputó a entidades financieras —BFA y el banco— en una causa. Las dos entidades —junto a otros cuatro imputados— tuvieron que hacer frente a una fianza de 800 millones de euros en 2015. Además, UPYD solicitó la intervención judicial del grupo en julio de 2012. Fue rechazado por la Audiencia porque, entre otros factores, el grupo ya había cambiado de gestores y estaba controlado por el Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

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Las fuentes consultadas señalan que todavía es pronto para pedir medidas cautelares, a la espera de que, primero, se conozcan los detalles del auto de imputación de BBVA por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios; y se levante el secreto de sumario.

Entre las acusaciones de esta pieza del caso Villarejo se encuentran los principales protagonistas del 'grupo hostil' —como lo denominó Villarejo—: el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas; el exministro Miguel Sebastián; el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el exdirectivo del banco y de la constructora Vicente Benedito, y el exvicepresidente de BBVA José Domingo Ampuero, entre otros.

Colaboración del banco

Una de las claves para poder pedir medidas cautelares está en la colaboración que esté demostrando el banco con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Fiscal así lo señaló al pedir la imputación del banco la semana pasada. Y, según BBVA, el auto del juez Manuel García Castellón también incluye palabras en este sentido.

Las intervenciones judiciales se recogen en el punto 7-G del artículo 33 del Código Penal, que fija que "la intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez o tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial".

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El hecho de que se haya descartado —por el momento— la personación como perjudicado de BBVA en la causa no es un buen indicio. Hay precedentes en los que una persona o sociedad puede ser a la vez imputado y perjudicado. Estas dos condiciones solo se pueden compaginar a la vez si hay "absoluta separación de intereses entre las personas físicas investigadas y la persona jurídica"; si la empresa no está colaborando nada, o si hay intereses distintos para personarse que los de restituir el daño sufrido.

La imputación de BBVA llegó este lunes tras una semana de infarto desde que la Fiscalía lo solicitó, en la que se conoció que DCN (Distrito Castellana Norte) presuntamente destruyó pruebas; se pidió una fianza de medio millón para Antonio Béjar, exdirectivo del banco y recientemente cesado de DCN, y finalmente se ha retirado la petición de fianza tras la colaboración con el juez y la Fiscalía. Por el momento, estos hechos no han tenido efectos en los mercados.