VISTA ANTE EL PANEL DE LA JUR

Europa quiere censurar documentos de Banco Popular hasta 2022

Un grupo de inversores liderados por el abogado Bernardo Cremades Jr se enfrentan en Bruselas a la JUR para que publique información oculta de Banco Popular

Foto: Elke König (dcha.), presidenta de la JUR, en el Congreso en 2017. (EFE)
Elke König (dcha.), presidenta de la JUR, en el Congreso en 2017. (EFE)

Nueva batalla para arrojar luz sobre la resolución de Banco Popular. Un grupo de inversores afectados por la caída de la entidad se han enfrentado este martes a la Junta Única de Resolución (JUR). Reclaman por enésima vez que se elimine la censura sobre documentos clave de la operación que este miércoles cumple dos años.

Y lo hacen de nuevo ante el Panel de Apelación de la JUR, que ya les dio la razón el año pasado, pero cuyo fallo no se ha cumplido en su integridad, denuncian.

Uno de los letrados líderes en este proceso es Bernardo Cremades Jr, quien ha criticado en la vista la “dejadez y prepotencia” del FROB europeo durante este proceso. Cremades y los abogados de otros inversores, como el multimillonario chileno Luksic y el mexicano Del Valle, piden transparencia sobre los documentos que usó Europa para decidir resolver Popular y venderlo por un euro (-2.000 millones) a Santander, en lugar de otras alternativas.

Hasta 2022

Frente a estas posturas, el organismo presidido por Elke König se aferra a un precedente legal para negar la demandada transparencia hasta 2022, cuando se cumplan cinco años de la resolución. Esos cinco años justo coinciden con la prescripción de las posibles demandas por responsabilidad.

Cremades Jr hace especial hincapié en que se muestren tres documentos: la presentación de Lazard para la JUR en la que se mencionaban (información censurada) otras alternativas a la resolución para Popular; información del plan de resolución de la entidad en 2016, y el primer informe de valoración, donde habría detalles (ahora ocultos) sobre la fuga de depósitos.

Según los abogados que han acudido a la vista, ninguna de estas informaciones puede afectar comercialmente a Santander ni pueden tener repercusiones sobre la estabilidad financiera, como sostiene la JUR.

El abogado de Del Valle y otros inversores mexicanos, Javier Rubinstein, del despacho Kirkland & Ellis, señaló recientemente: "Dos años después de la resolución de Banco Popular, España, la Unión Europea y Banco Santander continúan, de manera persistente, en sus esfuerzos por evitar cualquier tipo de transparencia significativa sobre la resolución de Banco Popular, incluyendo la base técnica sobre la que se ordenó dicha resolución y el proceso consiguiente”.

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