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El juez admite la demanda de Felipe González contra Indra por el bonus de 7,3 M

El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha considerado que la millonaria reclamación del expresidente del Gobierno y de su hijo tiene fundamentos sólidos

Foto: El expresidente del Gobierno Felipe González. (EFE)
El expresidente del Gobierno Felipe González. (EFE)

Felipe González quiere llegar hasta las últimas consecuencias para defender contra Indra sus intereses personales y los de su hijo. Oyauri Investment, la sociedad participada por un exconsejero de la propia Indra Joaquín Moya Argeler, por el expresidente del Gobierno y por su vástago Pablo González Romero, ha presentado una demanda contra la empresa participada por el Estado por el cobro de un bonus adicional de 7,3 millones de euros que el presidente del grupo, Fernando Abril-Martorell, se niega a abonar, al entender que no se han cumplido las condiciones pactadas para ello.

Según aseguran distintas fuentes, el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha admitido ya la demanda cursada por Oyauri Investment, compañía que fue adquirida por Indra en 2013 por casi tres millones de euros. Aunque las dos partes han estado negociando un pacto para evitar que el asunto acabase en los tribunales, el equipo dirigido por Fernando Abril-Martorell ha preferido que sea un juez el que dirima las diferencias para evitar incurrir en una irregularidad. Desde la compañía se sostiene que se mantiene una política muy escrupulosa en aspectos de cumplimiento y de control, especialmente porque el necesario ajuste realizado entre 2015 y 2017 forzó a realizar un ajuste de plantilla de más de 3.000 personas en todo el mundo, más de la mitad en España.

Imagen de la sede de Indra en Madrid. (Indra)
Imagen de la sede de Indra en Madrid. (Indra)

El acuerdo inicial de compra incluía un bonus adicional o ‘earn out’ de 7,3 millones, que ahora Indra se niega a abonar, al entender que no se ha cumplido lo pactado. La empresa, participada en un 18% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), considera que no debe desembolsar ninguna prima adicional porque no se ha satisfecho la principal condición: alcanzar una cifra mínima de ventas de la tecnología desarrollada por G-Nubila, la filial de Oyauri Investment.

La medición de estos objetivos se hizo precisamente contra los resultados de 2017, en los que la aportación de esta filial ha sido testimonial, según fuentes próximas a Indra. Las cuentas del Registro Mercantil ponen de manifiesto que Oyauri tuvo cero ventas en dicho ejercicio, año fiscal en el que ganó 452.000 euros gracias a una desinversión. Este dinero se distribuyó como dividendo entre los accionistas.

Según estas fuentes, Indra se niega a compensar a los accionistas de Oyauri por considerar que el acuerdo alcanzado con Pablo González fue en realidad un pago que la antigua dirección del grupo hizo a personas vinculadas por relaciones políticas más que empresariales. De hecho, sostienen que la compra de la sociedad iba acompañada de un contrato para mantener como trabajador cualificado al hijo del expresidente del Gobierno, con una compensación de hasta 375.000 euros en el caso de que fuese despedido antes del vencimiento del pago variable.

Por el contrario, portavoces oficiales de Indra descartan motivaciones políticas ni de ninguna otra índole, y aseguran que "la única razón por la que no se pagó en su día el precio variable previsto en la compraventa es por no haberse cumplido las previsiones contractuales para el devengo de dicho precio variable, que consistían en alcanzar determinados objetivos de ventas que daban derecho a su cobro".

Este bonus de 7,3 millones y el blindaje a Pablo González expiraron a principios de 2018. Al vencer, los accionistas de Oyauri han reclamado a través de sus abogados el desembolso de dicha cantidad a Indra, que compró el 33% en 2013 por 1,5 millones de euros, más la aportación de otra cantidad similar para hacer frente al desarrollo de la misma. En total, unos tres millones de euros de una empresa que en 2011, cuando Felipe González y Joaquín Moya Argeler entraron en el capital, apenas valía poco más de 3.760 euros.

Rescisión de contrato

La compañía, dedicada a la creación de servicios informáticos en la nube ('cloud computing'), tenía como accionistas a la familia González, con cerca de un 25% del capital (un 10% en manos del padre), a Moya Argeler, con una participación similar, y a Alfonso Ríos. En el contrato de compraventa, se detalló que Pablo era “un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos pretendidos por las partes”.

Por ello, se incluyó un contrato específico para el hijo de Felipe González que tenía vigencia hasta enero de 2018, con una cláusula de blindaje descendente por la que el vástago recibiría 375.000 euros si era despedido en 2013, 300.000 euros si no se contaba con él en 2014, 225.000 euros si su cese hubiera sucedido en 2015, 150.000 en 2016 y 75.000 en 2017. Indra ha mantenido a Pablo González en nómina hasta principios de 2018, momento en el que le rescindió el contrato sin ningún tipo de indemnización.

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