La Hacienda mexicana investiga a Bankia y Caixabank por su fiasco en la Riviera Maya

La relación diplomática de México y España no atraviesa uno de sus mejores momentos tras la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe VI. La relación económica también podría agrietarse tras unas pesquisas iniciadas por la Hacienda mexicana a dos de las principales entidades españolas, Bankia y CaixaBank.

Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana está analizando la venta de activos inmobiliarios y hoteleros por parte de las dos entidades españolas, según publicó el medio local 'Excelsior'. Ha habido requerimientos formales a los grupos españoles, aunque todavía no han derivado en un expediente, según pudo confirmar El Confidencial.

El Polaris mexicano

El motivo de esta revisión es la venta de los activos inmobiliarios-hoteleros que Bankia y CaixaBank heredaron de Bancaja y Banco de Valencia, respectivamente. Su filial en México, Grand Coral, fue vendiendo por separado sus activos —terrenos, viviendas, campos de golf y desarrollos— en Riviera Maya y Los Cabos. Su estructura se asemeja a la de Polaris World, con megacomplejos inmobiliarios. Los bancos españoles tardaron tres años en conseguir liquidar toda esta herencia, para lo que contaron con el asesoramiento de CBRE y JLL.

El motivo de la revisión del fisco mexicano es el bajo precio al que vendieron Bankia (dueña de un 73% de Grand Coral) y CaixaBank (27%). Cuando hay operaciones así, los técnicos del país azteca consideran que puede haber un pago en negro que explique el acuerdo a la baja, o que la matriz haya desviado fondos antes de la venta.

Por ello, junto a la revisión fiscal, la secretaría mexicana ha solicitado a la Procuraduría Fiscal de la Federación que analice si se deben abrir acciones penales contra tres filiales de Grand Coral: Playa Paraíso Maya, Inmobiliaria Piedra Bolsa y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos. Según la información de 'Excelsior', el fisco mexicano estima un posible perjuicio de 580 millones de dólares (514 millones de euros).

Fuentes cercanas a los bancos españoles niegan cualquier tipo de irregularidad y recuerdan que vendieron los activos de Grand Coral en “procesos competitivos, concurridos y transparentes”. Añaden que los traspasos han pasado el filtro de la CNMC mexicana (Cofece) y sus servicios de prevención de blanqueo de capitales.

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Víctor Romero. Valencia

El Proyecto Grand Coral ha dado problemas desde que se lanzó hace más de una década. Esta inversión dio pie a una causa penal en la Audiencia Nacional que está pendiente de fijar fecha para juicio oral. En ella están imputados decenas de exdirectivos y exconsejeros de Bancaja y Banco de Valencia, como José Luis Olivas, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, y empresarios clave en la operación como Juan Ferri y José Baldó. Hay incluso indicios a raíz de investigaciones de la UCO de que podría haber blanqueo de capitales con el desvío a Andorra de fondos del proyecto por parte de estos empresarios.

Este caso provocó la imposición de una de las mayores fianzas de la historia en la Audiencia Nacional, de 1.437 millones. Las investigaciones iniciales del FROB apuntaban a la compra de terrenos en México con tasaciones infladas y de proyectos hoteleros en playa que en realidad estaban a kilómetros de la costa.