Juicio y fianza de 1.437M por el saqueo en México para Olivas y la cúpula de Bancaja

Los procesados por el caso del presunto saqueo de la caja valenciana Bancaja en operaciones inmobiliarias en México tendrán que comprometer su propio patrimonio para afrontar el juicio. La Audiencia Nacional ha anunciando este lunes la apertura del juicio oral contra el expresidente de la entidad y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y otras 46 personas por apropiación indebida administración desleal o blanqueo de capitales derivado de las inversiones canalizadas entre 2005 y 2009 a través del Grupo Grand Coral, de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

El magistrado Diego de Egea ha impuesto a todos los acusados fianzas por responsabilidad civil que suman 1.437 millones de euros. El juez ha requerido a Olivas, Parra, el director general del grupo Bancaja, Aurelio Izquierdo, al responsable de participadas Alfonso Monferrer Daudí, y a Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt para que en el plazo de 24 horas presten, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 639.268.905 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles, según recoge el auto difundido por la Audiencia.

El juicio salpica al presidente de Aguas de Valencia, para quien la Fiscalía pide tres años por cooperador necesario de apropiación indebida y blanqueo

El escrito judicial establece otros dos grupos de responsabilidades. En el caso de los directivos de segundo nivel de Bancaja José Cortina y Rafael Tomás Codoñer, el juez les requiere igualmente por importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de resto de acusados se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.

El informe del Ministerio Fiscal denunciaba indicios de responsabilidad criminal en los integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón-Piedras Bolas en Baja California, Vinoramas, en la Riviera Maya, así como en la refinanciación de la deuda del grupo de Ferri y Baldó. Los peritos del Banco de España concluyeron que estas operaciones provocaron un quebranto de 750 millones en la antigua caja de ahorros. Como consecuencia de estos y otros muchos 'pufos' inmobiliarios, la entidad tuvo que fusionarse con Caja Madrid, que también arrastraba problemas de solvencia. El nuevo banco nacido de esta concentración es el origen de Bankia, que tuvo que ser rescatado con cerca de 20.000 millones de dinero público.

Sin embargo, el resumen de escritos de acusación revela que finalmente solamente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acusarán formalmente al conjunto del consejo. Bankia Habitat, que presentó la denuncia original, y Caixabank, como heredera del Banco de Valencia, han eximido a los consejeros que no tenían funciones ejecutivas, como Antonio Tirado, Ángel Villanueva, José María Cataluña, Eduardo Montesinos o Josefa Martí. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado sí han mantenido las acusaciones de cooperadores necesarios en un delito de apropiación indebida, razón por la que se sentarán en el banquillo con peticiones de penas de hasta tres años de cárcel.

Hasta doce años de cárcel

Las dos entidades financieras, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí han mantenido las acusaciones contra otros empresarios que presuntamente colaboraron en el entramado de cuentas bancarias y sociedades en Andorra u Holanda. Es el caso del presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, o el promotor Vicente Llácer, a quienes el juez De Egea envía a juicio oral por cooperación necesaria de un delito de blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal. Ambos participaron en una cuenta andorrana junto con los antiguos responsables del Banco de Valencia, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo. La Fiscalía reclama tres años de prisión y multas de 88 millones.

El Ministerio Público también reclama seis años de prisión y doce meses de multa para Olivas por administración desleal. El fue también presidente de la Generalitat valenciana durante algo más de un año, ya fue condenado a 18 meses de prisión por falsificar una factura en favor del empresario Vicente Cotino. Pero las mayores penas las solicita la Fiscalía para los responsables del Banco de Valencia, Parra e Izquierdo, para quienes suma doce años de cárcel y multas de más de 88 millones de euros por apropiación y blanqueo de capitales. Es la misma petición que para los empresarios Ferri y Baldó.