El Estado pide 300 años de cárcel para los culpables de la quiebra de Banco Valencia

La zona cero de la crisis financiera española se sitúa en Valencia. Más concretamente en la calle Pintor Sorolla, antigua sede de Banco de Valencia, ocupada hoy en día por CaixaBank. Allí se fraguaron grandes operaciones presuntamente irregulares que derivaron en un agujero de más de 6.000 millones de euros para el Estado.

A priori, otras entidades como Bankia, Catalunya Banc o Novagalicia costaron más, pero si se tiene en cuenta que Banco de Valencia gestionaba activos por valor de 22.000 millones, se trata del mayor agujero relativo para el Estado. La entidad invirtió mal 27 de cada 100 euros.

Por ello, el Fondo de Reestructuración (Frob) puso en marcha diversos procesos judiciales que están cristalizando en los últimos meses. Mientras todo el eco mediático lo acapara el caso Bankia, hay ya siete juicios en marcha (acabados, en curso o en preparación) sobre presuntas irregularidades en Banco de Valencia, a cuyos autos ha tenido acceso este medio.

En ellos, el Frob solicita penas de prisión de cerca de 300 años para 64 acusados. Y reclama indemnizaciones por valor de 600 millones por los perjuicios por la gestión de directivos de la filial de Bancaja como Domingo Parra, ex consejero delegado; Aurelio Izquierdo, exdirectivo de la matriz; José Luis Olivas, expresidente; y empresarios del entorno del banco como Eugenio Calabuig, José Baldó, Juan Ferri, Juan Bautista Soler o Salvador Vila.

El fondo de rescate ha liderado la acusación junto a la Fiscalía a través de un abogado designado por el nuevo Banco de Valencia (CaixaBank), Carlos Gómez-Jara. Entre este letrado y diversos informes forénsic —sobre todo de PwC y KPMG— han conseguido llevar al banquillo a los presuntos responsables de la quiebra del banco. Y todavía quedan otros casos en fase de instrucción en la Audiencia.

El Frob reclama casi 600 millones en los juicios de Banco de Valencia, un 10% del agujero de la entidad

El principal señalado de estos procesos es Parra, acusado en los siete juicios con peticiones de penas de prisión de 34 años por parte del Frob. El fondo pide once años y medio para Izquierdo y 10,5 años para Calabuig, en dos juicios cada uno.

El proceso de mayor envergadura es el de Grand Coral, un entramado societario con el que Banco de Valencia y Bancaja invirtieron y perdieron cientos de millones en hoteles mexicanos. Según la acusación del Frob, parte del dinero pudo ser blanqueado en Andorra. El fondo de rescate reclama 294 millones a 48 acusados por este caso, para los que pide más de 180 años de prisión.

Sin control de riesgos

Otro gran agujero es el de Nou Litoral, una sociedad en la que Banco de Valencia se unió a empresarios locales como Bautista Soler y Vila. El Frob acusa a Parra y otros exdirectivos de prestar cientos de millones a la sociedad para comprar suelo especulativo sin pasar los controles de riesgos pertinentes. Reclama por ello 130 millones.

Otros casos juzgan presuntas garantías irregulares aportadas por los Soler con acciones de Gecina, con pérdidas de 93 millones para el Frob; presuntos créditos irregulares en torno a Aguas de Valencia (Calabuig) y sociedades de Izquierdo y Parra, que crearon un agujero de 29 millones; créditos sin sentido para la compra de una piscifactoría, con pérdidas también de 29 millones; y otras dos operaciones en torno a las sociedades Iberfin y Pegoliva.

Se trata de operaciones menos mediáticas que las tarjetas 'black' de Caja Madrid o la salida a Bolsa de Bankia, pero su perjuicio fue mucho mayor comparativamente para el Estado. El mayor exponente del daño que hicieron las cajas y sus filiales y de la mala gestión que las rodeó.