investigación penal del popular

Golpe de la Audiencia a Luksic y Del Valle al bloquear informes clave del BCE

La sala de la Audiencia rechaza el recurso de los inversores chilenos y mexicanos, que querían llevar informes clave del regulador sobre Popular en las causas europeas

Foto: El mexicano Antonio del Valle (i) y el inversor chileno Andrónico Luksic. (EFE)
El mexicano Antonio del Valle (i) y el inversor chileno Andrónico Luksic. (EFE)

Varapalo judicial para dos de los inversores que más dinero perdieron en Banco Popular: el chileno Andrónico Luksic y el mexicano Antonio del Valle. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha rechazado un recurso con el que estas dos grandes fortunas latinoamericanas pretendían armar una demanda en Europa.

Se trata de una disputa jurídico técnica de gran importancia para el caso. Los perjudicados por Popular quieren usar los informes que aportó el BCE para la causa en Europa, ya que acreditarían que el banco tenía liquidez para aguantar más días, según publicó 'Vozpópuli'.

Luksic y Del Valle quieren usar estos informes en sus demandas contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Bruselas por cómo se resolvió y subastó Popular. Los mexicanos (Del Valle y otras grandes fortunas) perdieron 470 millones en el banco, y Luksic, 114 millones. Solo son superados por Pimco y otros fondos norteamericanos que se vieron 'pillados' en bonos del banco. Tanto las acciones como la deuda subordinada de Popular se amortizaron antes de la venta por un euro a Santander.

Los casos de los Luksic y Del Valle son diferentes. Los primeros entraron en el capital de Popular apenas dos meses antes de la resolución y nunca participaron en la gestión del banco. Por su parte, Antonio del Valle entró en el consejo de la entidad en 2014 y estuvo hasta después de la polémica ampliación de 2016, motivo por el que está imputado en la Audiencia. También lo está su mano derecha y sucesor en el órgano de gobierno de Popular, Jaime Ruiz Sacristán. Esta doble condición de los mexicanos —imputados y perjudicados— hace que sean de las partes más activas del caso.

En su escrito, la Sección Cuarta —la misma que está juzgando el caso Bankia— rechaza la petición porque “la aportación a otro proceso [de la documentación] tendrá que ir precedida de la resolución que así lo autorice, lo que compete al órgano donde se sustancia”. Es decir, que es el propio Tribunal de Justicia de la UE quien tiene que autorizar que se incorporen los documentos del BCE y solicitarlos a la Audiencia Nacional, algo que todavía no ha sucedido.

Sede del BCE en Fráncfort.
Sede del BCE en Fráncfort.

“Todo se tendrá que pulsar por el órgano judicial donde se pretenden hacer valer los documentos y donde, al igual que en el proceso español, se garantizará la contradicción debida y la igualdad de armas”, añade.

Los informes de inspección del BCE son importantes porque reflejarían que Popular todavía tenía liquidez a su disposición. Además, la supervisión muestra que el banco se saltó las normas contables al presuntamente refinanciar empresas morosas quebradas. Además, muestran cómo fue la gestión de la crisis de liquidez que se llevó por delante al banco entre mayo y junio de 2017.

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