La banca teme más al daño de imagen que al impuesto: “El impacto será mínimo”

“¿Daño reputacional? El sábado habrá pancartas contra la banca enfrente del Tribunal Supremo”, lamenta un ejecutivo. “Para una vez que no hacemos nada, nos caen críticas igualmente por todos lados”, ironiza otro. La realidad es que el impacto económico final del impuesto de las hipotecas, salvo sorpresa, será muy reducido para los bancos. Pero el golpe a su imagen, por enésima vez, ha sido más importante y preocupante.

Este es el resultado del caos desatado en el mercado hipotecario desde la sorpresiva sentencia del Tribunal Supremo por un contencioso en Rivas Vaciamadrid, en la que se eliminó una parte del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y señaló al prestamista, y no al prestatario, como sujeto pasivo. Es decir, a la banca y no al cliente, al contrario de lo que venía sucediendo durante los últimos 23 años.

Finalmente, el Supremo decidió este martes, por 15 votos a 13, volver a la situación en la que el sujeto pasivo es el cliente. Pero un día después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley para fijar que pague el banco. “Si cambia la ley, perfecto, en cuanto se haga efectiva actuaremos en consecuencia, porque esto es seguridad jurídica”, asegura un ejecutivo.

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El proceso de rectificaciones del Supremo ha provocado malestar en el sector, que se reparte entre la sorpresa que provocó la sentencia del 18 de octubre y la “preocupación por la deriva social”, explican fuentes financieras. “Escuchamos que los bancos deben pagar lo que deben, cuando el impuesto lo cobran las haciendas autonómicas, y ha vuelto a hablarse del supuesto rescate a la banca, cuando los bancos pusieron 20.000 millones para recapitalizar las cajas y cubrir a los depositantes”, señalan en el sector.

De hecho, la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo provocó reacciones políticas en contra del Supremo y de la banca. “Dicen que la banca gana, pero lo que hizo el Supremo fue reafirmar el principio de confianza legítima y la seguridad jurídica”, aseguran en los bancos. Aun así, Podemos ha llamado a sus seguidores a manifestarse en las puertas del Tribunal Supremo este sábado a las 18:00. Pero también hubo críticas de personas relevantes en otras formaciones, como Albert Rivera, que criticó las semanas de incertidumbre, Xavier García Albiol o incluso Carles Puidgemont. Pablo Casado, líder del PP, ha pedido suprimir este tributo.

La banca se desplomó en bolsa ante la posibilidad de que hubiera retroactividad, con pérdidas cercanas al 20% en las primeras sesiones tras el 18 de octubre para todas las entidades a excepción de Santander y BBVA, menos afectados por su diversificación geográfica. La factura con efectos retroactivos de cuatro años, periodo tras el que prescriben las cuestiones tributarias, habría sido de entre 1.500 millones y 3.500 millones.

Sin embargo, tras cinco jornadas de caídas, los bancos rebotaron en bolsa en cuanto hubo más información jurídica, que alejaba los fantasmas sufridos en el pasado. Según los abogados consultados, las reclamaciones habrían ido contra las haciendas autonómicas que cobraron el tributo, con una factura potencial de 5.000 millones, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las agencias tributarias regionales podrían haber pedido este dinero a los bancos, al pasar a ser el sujeto pasivo, pero les ampara el principio de confianza legítima en la Administración para no pagar con efecto retroactivo.

Seguridad jurídica

Para los bancos, la cuestión relevante no ha sido tanto ser o no el sujeto pasivo del impuesto, sino evitar una factura por un dinero que no cobraron y después de seguir la ley en los contratos hipotecarios. Este es el argumento jurídico que tenían en la mesa las entidades, que han venido asegurando en privado que no estaban dispuestas a pagar y en público han criticado la “inseguridad jurídica”.

Tras la intervención del poder judicial, será el legislativo el que establecerá el sujeto pasivo. Sánchez ha anunciado su intención de un real decreto-ley para fijar que el sujeto pasivo sea el banco. El Ejecutivo socialista se ha abonado a este procedimiento, justificado por la urgencia, que en este caso es sobre una norma que ha funcionado así durante 23 años. Después, deberá validarlo el Congreso. La gestión y la recaudación del impuesto están cedidas a las comunidades autónomas, pero la capacidad normativa del AJD es del Gobierno, por lo que tiene potestad en decidir el sujeto pasivo, explica Enrique Beaus, socio del área fiscal de Broseta.

El experto explica que hay dos posiciones jurídicas derivadas de la ambigüedad de la norma legal del tributo. Por una parte, que la garantía hipotecaria está asociada al préstamo, por lo que el sujeto pasivo debe ser el prestatario. Por otra, que la garantía es independiente y el prestatario es el que tiene interés en que esté a su nombre, por lo que debe asumir el tributo. “Son dos posiciones razonables, por las que ha habido división en el Supremo, pero lo importante es que haya confianza en la Justicia y que se entienda que la decisión no depende de presiones externas”, señala el socio de Broseta. “Es difícil ver cuál es la capacidad económica que se grava con el AJD, pero es prerrogativa del Ejecutivo establecer los impuestos”, añade.

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Beaus cree que la posibilidad de que haya algún tipo de efecto retroactivo sobre bancos o comunidades se ha esfumado. Y esta es la tesis que venía comprando el mercado en las dos últimas semanas, y que terminó de interiorizar este miércoles. Los bancos lideraron el Ibex 35, y la aparición de Sánchez apenas tuvo reflejo en la cotización. La preocupación no estaba en quién pagará el impuesto, que según los expertos se repartirá entre el banco y el cliente en función del grado de competencia en cada momento.

El tributo oscila entre el 0,75% de regiones como Madrid y el 1,5% de otras como Andalucía. El coste medio por hipoteca, según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, es de 2.500 euros. En un préstamo hipotecario de entre 15 y 20 años de vida, el impacto sobre la rentabilidad del producto para la banca “es mínimo”, asegura un ejecutivo. “Apenas unos puntos básicos que no justifican el lío que se ha armado”.

Por ello, la caída del Ibex 35 Bancos, que aglutina a las seis principales entidades españolas, se había reducido al 2,5% este martes, y este miércoles hasta el 1%, después de liderar las ganancias de la bolsa española junto a Siemens Gamesa e Inditex. De hecho, la intervención de Sánchez apenas ha tenido impacto en la cotización, ya que el coste anual del impuesto —entre los 640 millones que estima Moody's y los 1.100 millones que calcula Gestha— se repartirá como hasta ahora entre cliente y banco según la competencia y el margen de las entidades, ahora al mínimo por los tipos al 0%.

De hecho, los banqueros creen que al final pierden todas las partes. Esto es lo que denunció tras la primera sentencia María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, cuando aún no se conocía el desenlace. “Esta situación, que es insólita, hace que todos perdamos. Pierden las instituciones por credibilidad, los bancos como se ha visto en bolsa, los clientes por expectativas que podrían no cumplirse, la sociedad por la incertidumbre y la economía por afectar a los agentes”, señaló la ejecutiva en la presentación de resultados.

El Gobierno estudió crear un impuesto especial a los bancos, y en pleno proceso de análisis, consideró que las entidades no pueden trasladar el coste a los clientes. Algo que se puede aplicar al impuesto de las hipotecas si finalmente hay cambio de criterio. En una respuesta por escrito ante una pregunta de una diputada al respecto, asegura que hay 163 entidades de diversa índole compitiendo, y que la competencia también proviene de otras entidades que prestan servicios similares a los de la banca, como son los establecimientos financieros de crédito o las entidades de pago. "Un incremento de los precios en el sector bancario hace más atractivos los servicios de estas entidades", asegura el Gobierno, que cita al 'crowdfunding' o al mercado de renta fija (MARF, en España). Por último, añade, "cabe destacar el papel de la política de defensa de la competencia como salvaguardia de posibles pactos colusorios en precios".