Pugna judicial entre Parias y Fal Conde con el Hospital Quirón de Algeciras de fondo

Si no hay un acuerdo previo que lo remedie, varias conocidas sagas empresariales españolas se verán las caras el año que viene en un juzgado de la Audiencia de Algeciras. Los protagonistas de la pugna judicial en torno al edificio que alberga el Hospital Quirón Campo de Gibraltar son, por un lado, Ignacio Parias, miembro de la familia de conocidos empresarios y directivos bancarios entre los que están sus primos Cristina de Parias (directora de BBVA España) o Carlos Parias (alto directivo de CaixaBank), y por el otro, Javier Fal Conde (nieto del líder carlista sevillano Manuel Fal Conde y conocido empresario hotelero en Sierra Nevada con su firma Arttysur), Nicolás Álvarez (propietario del grupo constructor, inmobiliario, energético e informático sevillano Visasur) y Arturo Figar (empresario y padre de la exconsejera madrileña Lucía Figar).

Un cóctel potente que se une la pasada década para promover un edificio de oficinas de 35.000 metros cuadrados, divididos en dos alas, en Palmones (cerca de Algeciras). Fal Conde, Álvarez y Figar crean y toman la mayoría de Arttysur Bahía de Algeciras (ABA), junto a Parias (2,3%) y algunos otros pequeños socios. La crisis llega en 2008 y el edificio estaba a medio construir. En 2010, ABA logra 12 millones de crédito de CaixaBank para terminarlo y los tres socios clave avalan buena parte de esa cantidad para desbloquear la financiación. Pero, tras renunciar la mayoría de los clientes que reservaron espacio a la compra del mismo, ¿qué hacer con el edificio una vez terminado? Esta es la secuencia, tras ser consultadas ambas partes en litigio.

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Agustín Marco

Parias, dedicado a la comercialización inmobiliaria y muy conocido en este sector en Andalucía, reclamó entonces en ese año 2010 por vía judicial el cobro de las comisiones por la consecución de esas reservas de espacio. Fue el primer encontronazo, y se decantó a favor del demandante años más tarde: ABA tuvo que abonarle en torno a 600.000 euros. Y ello pese a que de esas reservas no se pasó en la mayoría de casos a la compra del espacio hasta años después y por las acciones legales que emprendió ABA ante los clientes que reservaron.

Es entonces cuando Fal Conde presenta la propuesta de reconvertir parte de una de las alas del edificio para su uso hospitalario como vía para garantizar el futuro del inmueble. Y propone traspasar esa parte del edificio a otra sociedad, limpia de deuda y dedicada solo al alquiler de ese espacio, a un grupo hospitalario privado. Con ello, se haría atractiva para otros inversores, aunque para ello hacia falta invertir nueve millones en su acondicionamiento para uso sanitario. Se desgaja entonces en 2010 esa parte y se vende a la nueva sociedad (HABA, mismo nombre pero con la palabra 'hospital' delante) por cuatro millones. Parias alega que ese precio es irrisorio, que se perjudicó a ABA y que las condiciones eran totalmente favorables a los compradores.

Y los compradores son esos tres socios de control de ABA, que pasan a controlar el 42% de HABA, y nuevos inversores que suman la mayoría restante y respaldarían la inversión de nueve millones necesaria. La demanda de Parias, asumida por la Fiscalía en su escrito de acusación contra esos tres socios y otros dos miembros del consejo de administración de ABA, incluye los delitos continuados de imposición de acuerdos abusivos, administración desleal y el delito de negativa de información.

El ministerio público, basándose en la acusación particular dirigida por el conocido abogado penalista y exfiscal durante dos décadas José María Calero, cifra en 3,69 millones el perjuicio económico causado a ABA por el bajo precio de venta, y en otros 3,3 millones el perjuicio derivado de las operaciones financieras llevadas a cabo por los tres socios en beneficio propio como parte de esa venta. Por eso pide, además de siete años de prisión y varias multas, que Fal Conde, Álvarez y Figar indemnicen con esos siete millones a ABA.

Operación salvadora y venta

Nada que ver con la versión de los acusados, recabada en fuentes del despacho MA Abogados en Sevilla (el bufete de los exministros del PP Michavila y Acebes). Primero, la enajenación del activo no supuso la sustracción del mejor activo del inmueble en beneficio de unos pocos socios. Se aprobó por unanimidad en la junta general de accionistas ese acuerdo de venta, explican para empezar (Ignacio Parias asegura que él no acudió a esa junta). Y sobre el precio, recuerdan que al lado del edificio existen dos torres de oficinas (Torres de Hércules) con 40.000 metros cuadrados, que en el momento de la venta estaban casi vacías y "en la prática no había mercado de oficinas, no había precio porque nadie quería alquilar".

Desde el bufete, se recuerdan los reiterados intentos de salir del capital de ABA de Ignacio Parias, que han estado a punto de materializarse dos veces en estos útimos ocho años. Ambos acuerdos quedaron finalmemte en agua de borrajas. A esta voluntad de salida no cristalizada atribuyen estas fuentes la querella. El último intento, este verano, en el que se le ofrecían 450.000 euros a Parias por su 2,3% y la renuncia a presentar nuevas acciones legales a futuro. No hubo acuerdo. Pero en julio se produjo la venta de la parte del edificio que alberga hoy el centro Quirónsalud Campo de Gibraltar por unos 30 millones de euros. Lo compró un fondo de inversión, tras acordar un alquiler a largo plazo por 20 años con el grupo sanitario.

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Esta operación salvadora permitirá a los dueños de ABA sanear su situación financiera, ya que de los 12 millones que les prestó CaixaBank se pasará a una deuda de unos dos millones en la sociedad original y dueña del otro ala del inmueble. Los socios mayoritarios estiman además que, de los 8,8 millones de capital social desembolsados, se podrá recuperar la mitad tras ese saneamiento. Además, recuerdan otro aspecto básico: aseguran que ofrecieron a Parias entrar en la operación de venta de parte del edificio a HABA en 2012 y este no quiso.

Por eso, porque un juzgado de Sevilla ya archivó la querella cuando Parias la presentó por primera vez, y porque el "más elemental sentido común indica que los mismos socios no se van a perjudicar a sí mismos por valor de siete millones de euros con avales millonarios de por medio", los tres lo que están deseando es que se fije la fecha de inicio del juicio oral.