Nadal pide rebajar la conflictividad

Órdago de las eléctricas a Nadal: recurren en bloque al Supremo por su reforma

Acciona denuncia la norma que excluye el pago por disponibilidad a la hidráulica y se suma a los recursos interpuestos este mes por Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y Viesgo

Foto: Foto: Reuters.
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Mientras el ministro de Energía pedía al sector eléctrico "rebajar la conflictividad jurídica" este lunes, el Boletín Oficial del Estado hacía público que el Tribunal Supremo admite a trámite un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Acciona contra una de las últimas reformas presentadas por Álvaro Nadal.

La demanda de la familia Entrecanales trata de tumbar la orden que elimina los pagos por disponibilidad a la hidráulica y se suma a los requerimientos por la misma causa presentados por Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y Viesgo en las últimas semanas. Otra causa más en el sinfín de pleitos entre las eléctricas y el Gobierno.

El nuevo frente judicial armado por las eléctricas a base de fusilar a recursos una reforma del ministro se concreta al tiempo que Nadal pone sobre la mesa que "desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro".

En esta nueva causa, el ramo dirigido por Nadal presentó en octubre el proyecto de orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, un apoyo de flexibilidad del sistema eléctrico dirigido a los grandes consumidores. Sin embargo, en la misma normativa se incluyó eliminar los pagos por disponibilidad a la hidráulica.

Por razones de sequía, Energía decidió excluir estos pagos por disponibilidad que reciben las centrales hidroeléctricas. Se trata de unos fondos (alrededor de 20 millones de euros anuales) que el sistema eléctrico otorga a las plantas de esta tecnología por estar disponibles y preparadas cuando el operador del sistema lo requiere.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal (d), junto al presidente de Enagás, Antonio Llardén (i), durante la inauguración este lunes en Barcelona del VI Simposio Internacional Funseam. (EFE)
El ministro de Energía, Álvaro Nadal (d), junto al presidente de Enagás, Antonio Llardén (i), durante la inauguración este lunes en Barcelona del VI Simposio Internacional Funseam. (EFE)

La hidráulica es una tecnología que puede aportar respaldo al sistema eléctrico, ya que es capaz de producir de manera instantánea cuando se necesite, a diferencia de otras tecnologías renovables como la solar o la eólica, que son intermitentes y dependen de la meteorología.

No obstante, el grado de firmeza que aportan las plantas hidroeléctricas al sistema depende del nivel de agua embalsada. Por ello, la normativa ponderaba la retribución que recibían hasta este año a través de un factor de corrección. Esto es lo que ha modificado la nueva normativa recurrida ante el Supremo por las eléctricas, que ya habían hecho previamente sus alegaciones. La nueva orden elimina cualquier retribución por disponibilidad a la hidráulica para los primeros seis meses de 2018, plazo en el que rige esta normativa.

La cuestión afecta sobre todo a Iberdrola, que posee 9.715 MW de potencia hidráulica instalada en España y va a dejar de percibir seis millones de euros este semestre. Sin embargo, la norma afecta también a Endesa (4.657 MW), Gas Natural Fenosa (1.994 MW) y Acciona (888 MW), cuya retribución de tres millones, un millón y medio millón de euros semestrales, respectivamente, ha sido eliminada por Energía.

Esta nueva lluvia de recursos pone de manifiesto el temor de Nadal a que la Justicia deshaga el difícil equilibrio logrado por la reforma del sector eléctrico. Según comentó este lunes en un foro en el que participaban las principales empresas afectadas, si no hubiera esta "conflictividad continua", el Ejecutivo no habría tenido "ninguna reacción". Se refiere al último paquete de recortes que pretende implementar "cuanto antes", anunciado la semana pasada en el Congreso.

El ministro cree que no es normal que el sector recurra todas las normas para ver qué cae y señala que los recortes a la retribución de las eléctricas y gasistas se producen porque la continua interposición de recursos ante los tribunales genera "inseguridad jurídica" y obliga a subir los peajes, por lo que el Gobierno debe actuar para restaurar el equilibrio del sistema.

Precisamente Endesa e Iberdrola se dispararon en bolsa a mediados de enero, tras recibir el respaldo de los analistas de Goldman Sachs. Estos elevaron el precio objetivo de la acción de las compañías tras comprobar que el sector de la distribución ha ganado una batalla en el Supremo. En concreto, el alto tribunal reconocía a finales del año pasado el cobro de 2.640 millones a favor de las distribuidoras desde 2017 hasta 2039. 120 millones a cargar a los peajes anualmente por otro recurso a una orden de 2015 tumbada por las eléctricas.

El ministro tiene razones para estar preocupado por los frentes judiciales que pesan sobre la reforma eléctrica. La Justicia aún tiene que dictar sentencia sobre el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Una causa que de perderse hará saltar por los aires la reforma eléctrica de 2013 firmada por su hermano, Alberto Nadal, en aquel entonces secretario de Estado de Energía.

Además, aún están pendientes las decenas de pleitos internacionales que pesan sobre España. El Gobierno tiene abiertos más de 30 arbitrajes en Ciadi y Unicitral por el recorte a las renovables. En concreto, Nadal pelea por 7.565 millones de euros reclamados por inversores internacionales. Todo ello determinará la solvencia de la reforma del sistema eléctrico, que por ahora se mantiene en equilibrio e incluso ha generado ahorros por cerrar con superávit los últimos ejercicios. No obstante, aún acumula más de 20.000 millones de deuda del pasado. La subida de la factura eléctrica está en juego.

Los litigios nunca vienen solos

El problema de litigiosidad por las normas que aprueba Nadal no solo tiene como protagonista a las compañías eléctricas. Este mismo lunes se anunciaba públicamente que el Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Castilla-La Mancha contra el real decreto que regula la figura del consumidor vulnerable y el bono social, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre.

La comunidad autónoma denuncia los problemas que genera la norma en el área de Servicios Sociales. El responsable de Acción Social, Ramón Lara, explica que se les obliga que pagar el 50% del coste de las facturas impagadas por los consumidores vulnerables severos, entre otros problemas. También las eléctricas han recurrido la orden que desarrolla esta reforma. La Abogacía del Estado tiene trabajo.

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