Las deficiencias que Energía ha dejado sin corregir con el nuevo bono social eléctrico

El nuevo bono social eléctrico que entró en funcionamiento el pasado domingo arrastra una serie de deficiencias que implican 'de facto' situaciones de desigualdad para los perceptores del mismo. Pese a que muchas de ellas ya habían salido a la luz después de que el Ministerio de Energía hiciera público el borrador del real decreto, muy pocas cosas han cambiado con la implantación del propio real decreto que presentó el viernes el ministro Álvaro Nadal.

De esta manera, el bono social eléctrico ya está funcionando con todos las objeciones que durante varios meses algunos actores afectados por la normativa habían puesto de relieve.

1. Familias numerosas sin límite de renta

En primer lugar, cabe destacar que el nuevo real decreto exonera a las familias numerosas de tener que cumplir con un criterio de renta para poder acceder a los descuentos del bono social, como hace con el resto de colectivos perceptores del mismo. Todas las familias numerosas, sea cual sea su nivel de ingresos, son consideradas como consumidores vulnerables, siempre y cuando estén dentro de la tarifa regulada PVPC, que implica tener una potencia de menos de 10 kilovatios, lo que les permite acceder a un 25% de descuento en su factura de la luz hasta los 3.600 kWh de consumo al año.

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Pese a la ventaja que supone para este colectivo no estar sometido al criterio de la renta, la Federación Española de Familias Numerosas pone de relieve que la normativa debería establecer unos límites de consumo progresivos en función del número de hijos. Así, el nuevo bono social ofrece el descuento para un límite de consumo siempre igual. Una familia con tres hijos tiene derecho a pagar un 25% menos de su factura para 3.600kWh, misma cantidad que si la familia es de cinco, seis o siete hijos, lo que ofrece una clara ventaja para las familias con menos personas consumiendo en un hogar.

2. Carga para los Servicios Sociales

Los Servicios Sociales temen que la nueva normativa genere impagos masivos y les carga de una responsabilidad de financiación inasumible. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Social estalló públicamente antes del verano contra el Ministerio de Energía, por cargar a estos servicios asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos de una responsabilidad a la que no pueden hacer frente sin siquiera consultarles.

El real decreto establece que los consumidores vulnerables severos que dejen de pagar sus facturas pueden recurrir a los Servicio Sociales para que estos financien la mitad del coste de las mismas a PVPC sin descuento, mientras que el otro 50% del recibo lo asume la comercializadora que da el servicio. Según la asociación, esto invita a este colectivo a no pagar, ya que tienen el incentivo perverso de que sea la Administración quien lo pague. Según sus cálculos, costear la mitad de todos los consumidores vulnerables severos que dejen de pagar supondría una factura de 300 millones de euros y generaría un efecto llamada.

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Tal y como señalan, la normativa les pone en el centro de la diana. Aunque el real decreto señala que las administraciones públicas no se considerarán sujetos obligados a financiar el bono social ni el coste de la cofinanciación del suministro de electricidad de los consumidores en riesgo de exclusión social, el no hacerlo supone dejarlos fuera del supuesto de suministro esencial, lo que daría derecho a la comercializadora eléctrica a ejecutar el corte de luz. El ministro Nadal dijo que a los consumidores en riesgo de exclusión social no se les puede cortar la luz, pero no añadió que esto es así siempre y cuando los Servicios Sociales costeen la mitad de la factura de quien impaga.

3. Ingresos brutos y no por renta disponible

La normativa distingue los tramos de renta por ingresos brutos y no por renta disponible. Según la asociación de consumidores Facua, esto genera desigualdad, ya que no es lo mismo vivir en grandes ciudades como Madrid o Barcelona que implican otra serie de gastos imprescindibles como la vivienda que residir en pequeños municipios donde este coste, por ejemplo, es mucho más reducido. Aunque siempre supone dificultad, al tratarse de una regulación general estatal, la asociación considera que se pueden tener en cuenta esta serie de variables a la hora hacer la normativa para que los supuestos sean más justos en los diferentes casos.

4. Límites de consumo iguales para todos

Los límites de consumo no distinguen los diferentes supuestos. Los diferentes perceptores del descuento en la factura de la luz tienen unos límites de consumo que la anterior regulación no contemplaba, lo cual permite que no se dé ventaja a quien dilapide. Sin embargo, el hecho de que estos límites sean iguales para todos los grupos de consumidores lleva a que, por ejemplo, aquellos que se acojan al mismo en lugares de climatología más suave dispongan de una ventaja adicional con el descuento, ya que donde el tiempo es más extremo el consumo para climatización es más alto. No obstante, estos límites sirven igual para lugares como Canarias y Burgos, por ejemplo.

Aunque el nuevo bono social termina con algunas deficiencias de la anterior regulación, todas estas reivindicaciones ya estaban encima de la mesa antes de que el Gobierno aprobara definitivamente el real decreto el pasado viernes y lo pusiera en marcha el domingo. Estas reclamaciones, por el momento, tendrán que esperar.