Critican que el ministerio les pone en la diana

Los Servicios Sociales temen impagos masivos de la luz con el nuevo bono social

Tras sentirse ninguneados por las Administraciones, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado un duro informe contra la regulación del nuevo bono social

Foto: El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo (izda), acompañado del ministro de Energía, Álvaro Nadal. (EFE)
El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo (izda), acompañado del ministro de Energía, Álvaro Nadal. (EFE)

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales se ha cansado de que las Administraciones les ninguneen y ha estallado públicamente contra el Ministerio de Energía por la nueva regulación del bono social, el descuento en la factura de la luz al que pueden acceder los consumidores vulnerables.

Esta asociación sostiene que los Servicios Sociales tendrán que asumir una factura superior a los 300 millones de euros para la que no están preparados ni dotados, dadas las especificaciones del nuevo Real Decreto que se elaboró para esta causa. Además, la nueva normativa les pone en el centro de la diana y les convierte en el chivo expiatorio de las eléctricas cuando realicen un corte de suministro de un consumidor vulnerable.

¿Por qué se da esta problemática? El Real Decreto por el que se regula el bono social contempla un descuento del 25% para los considerados "consumidores vulnerables" y un 40% para los consumidores en situación de "vulnerabilidad severa". Este descuento lo deben asumir las compañías comercializadoras, por lo que su coste recae fundamentalmente en las grandes eléctricas.

Sostienen que los Servicios Sociales tendrán que asumir una factura superior a los 300 millones de euros para la que no están preparados ni dotados

Sin embargo, y aquí está el epicentro de la queja de los Servicios Sociales, los consumidores en situación de vulnerabilidad severa, aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social por su paupérrima situación económica, tienen la posibilidad de que sean los propios Servicios Sociales quienes se hagan cargo de su factura. Así, si una de estas personas o familias impaga el recibo de la luz, las eléctricas no pueden proceder a la suspensión del servicio, sino que será esta administración a la que se deba reclamar el pago del 50% (sin descuento) de la factura de este consumidor; mientras que el otro 50% lo asume la propia compañía eléctrica del usuario.

Un esquema que abre la puerta a generar efectos perversos. "Es cierto que no todas las familias potenciales incurrirán en impago. El propio Ministerio calcula para todo el bono social eléctrico una penosa 'tasa de aceptación' del 45%. Pero, en cuanto se corra la voz entre las economías más castigadas, se producirá una insana e insegura invitación a dejar de pagar. Para estas familias las opciones son: pagar cada mes la factura de la luz con un 40% de descuento o no pagar nada y que lo asuman los Servicios Sociales. Alguien en el Gobierno sigue pensando que el pobre es tonto. O que lo son el 55% de ellos. Pues créannos; no es así", advierten desde esta asociación, en clara alusión al peligro de impagos masivos que supone el nuevo bono social.

Juan Cruz Peña Juan Cruz Peña

En línea con lo anterior, el colectivo que hace la queja señala que la norma es atipedagógica y paternalista: "Cuando los Servicios Sociales atienden estas situaciones (ya lo hacen en muchos casos) son muy conscientes de que es la familia la que debe responsabilizarse de sus pagos, aunque la procedencia de los fondos sea pública (como lo es para cualquier pensionista o parado que cobre una prestación). Asumir la obligación de pago directo desde la administración no es buen camino".

De esta manera, añaden que "se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido. Si hacen uso habitual de calefacción no eléctrica (gas/gasóleo/pellets…) y pueden mantener el suministro eléctrico sin pagar… adquirirán -como sea- calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética". Y añaden: "la auténtica genialidad del Ministerio y de las eléctricas consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura!".

"En cuanto se corra la voz entre las economías más castigadas, se producirá una insana e insegura invitación a dejar de pagar la factura de la luz"

Desde el Ministerio de Energía han declinado realizar comentarios sobre este asunto, pero han recordado que el Real Decreto aún se encuentra en periodo de enmiendas, por lo que la normativa todavía no es definitiva. Todo un órdago para el resto de formaciones, a quienes esta asociación también les reserva su cuota de responsabilidad en la nueva normativa.

Así, aunque el centro de sus críticas es el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, los Servicios Sociales también advierten del efecto generado por otros partidos en la acción legislativa: "Algunos de los voluntariosos demagogos militantes de la pobreza con apellidos (energética, infantil, hipotecaria, alimentaria…) generan presiones políticas parciales que inducen respuestas fragmentadas, absurdas y desinformadas. La pobreza es un fenómeno más global y complejo que todo eso y es urgente abordar en España el debate de cómo asegurar -por dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital. Y esta cuestión no atañe únicamente a los Servicios Sociales".

Manifestación de la plataforma #NoMásCortesDeLuz en Madrid. (EFE)
Manifestación de la plataforma #NoMásCortesDeLuz en Madrid. (EFE)

Además, se quejan amargamente de que en la Memoria Justificativa del Real Decreto el Ministerio se vanaglorie de que "el coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias"

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales recuerda que existe "un importante impacto presupuestario en Ayuntamientos y CCAA, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales)"; con el agravante de que "no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto".

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