demanda al expresidente en los tribunales

Botín exige a Ron y a los exCEO de Popular devolver bonus y pensiones por 25 millones

La entidad ha demandado judicialmente al que fuera el principal directivo del banco y a su consejero delegado al negarse a reintegrar unos sueldos cobrados de forma ilícita

Foto: El expresidente del Banco Popular Ángel Ron. (EFE)
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron. (EFE)

Primero los bloqueó y frenó su pago. Ahora se lo exige por vía judicial. Según aseguran fuentes próximas al caso, Banco Santander ha solicitado a Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, y a los tres últimos consejeros delegados, la devolución de hasta 25 millones de euros por remuneraciones recibidas en concepto de retribuciones variables o bonus, incluidos los millones que percibieron como prejubilaciones durante su última etapa como principales ejecutivos de la entidad.

Así consta en dos demandas que el banco presidido por Ana Botín ha presentado contra el que fuera primer ejecutivo del grupo financiero durante 12 años y contra Francisco Gómez, su penúltimo número dos, al negarse ambos a reintegrar el dinero cobrado presuntamente de forma ilícita. Santander ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información.

Según las mismas fuentes, el consejo de administración de Banco Santander decidió meses atrás reclamar a Ron, Gómez —consejero delegado entre enero de 2013 y junio de 2016—, Pedro Larena (mismo cargo entre septiembre de 2016-abril de 2017) e Ígnacio Sánchez Asiáin (abril-junio de 2017) la devolución de determinados componentes de la retribución variable en aplicación, entre otras cosas, de la cláusula llamada ‘clawback’ o de recobro que el propio Banco Popular había incluido en su sistema de retribuciones. De hecho, la entidad próxima al Opus Dei había sido la primera en integrar voluntariamente en sus estatutos esta normativa desde 2014, que es obligatoria para todos desde el 1 de enero de 2017 por orden del Banco Central Europeo (BCE).

La presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín. (Reuters)
La presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín. (Reuters)

Esta cláusula está vigente durante los tres años siguientes a la liquidación y abono del bonus anual, "en el caso de que el beneficiario haya sido sancionado por un incumplimiento grave del código de conducta y demás normativa interna, cuando se ponga de manifiesto que la liquidación de la retribución variable se ha producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada 'a posteriori', de forma manifiesta, o afloren riesgos asumidos durante el periodo considerado u otras circunstancias no previstas ni asumidas por el banco, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los años de periodo de 'clawback".

Al quebrar la entidad, ser intervenida y perder los accionistas toda su inversión, Santander estaba obligado a aplicar la norma y exigir la devolución del dinero cobrado con anterioridad. Según distintas fuentes, el grupo presidido por Ana Botín les requirió formalmente el reintegro de los bonus y de las pensiones de prejubilación, así como los pagos pactados en contratos por las cláusulas de no competencia. Pero tanto Ron, que debería devolver 12,8 millones, como Gómez cerca de nueve millones— se han negado, por lo que la entidad ha decidido demandarlos vía judicial. También ha demandado a Mapfre, que tenía la poliza de seguro con el Popular, para que deje de pagarles la citada prejubilación.

Mismo proceso ha seguido con Pedro Larena, que recibió un millón de euros por fichar por el Popular en el verano de 2016, pocos meses después de la realización de la ampliación de capital de 2.500 millones, y que tenía derecho a cobrar otros tres millones por no irse a trabajar a otro banco durante los tres años siguientes a abandonar la entidad. Lo cierto es que el que fuera alto ejecutivo de Deutsche Bank ha demandado al banco al exigirle este dinero, que Santander se niega a concederle.

Distintas son las situaciones de Emilio Saracho y de Íñigo Sánchez Asiaín, los últimos presidente y consejero delegado del Popular hasta su intervención. El primero, que percibió cuatro millones solo por su fichaje desde JP Morgan, ha renunciado a cuatro millones adicionales que podía haber reclamado tras su salida incluidos en su contrato. Por su parte, Sánchez Asián, un exdirectivo de BBVA, tampoco ha requerido los 1,5 millones que tenía en su contrato por pacto de no competencia.

Una medida inédita en España

Además, las mismas fuentes señalan que Banco Santander ha anulado los planes de retribución variable plurianual y la cantidad remanente a pagar en 2018 del bonus de 2014. En total, sumando todas las cantidades, Ana Botín ha solicitado a los exconsejeros ejecutivos el reintegro de unos 25 millones de euros en una decisión que no tiene precedente en España. Por el contrario, no ha podido exigir a los consejeros no ejecutivos que estaban sentados en el consejo de administración, pero que no tenían funciones directivas, ninguna devolución, ya que la norma solo afecta a las retribuciones variables y no a los sueldos fijos.

Estas decisiones han sido adoptadas de acuerdo con los supervisores del Banco Central Europeo, que consideran adecuada esta reclamación como ejemplo de lo que deben ser las políticas estrictas de gobierno corporativo. De hecho, según indican exmiembros del consejo de administración del Popular, algunos consejeros ya habían preguntado a las autoridades europeas si cabía la obligación de solicitar a Ron y a Gómez la devolución de determinadas cantidades tras su salida y antes de que el banco fuera intervenido.

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