Santander frena el pago de los blindajes de los directivos salientes del Banco Popular

Rodrigo Echenique ha tomado las riendas del Banco Popular como presidente en representación del Banco Santander con varios objetivos a corto plazo. El primero es retener a los clientes que se sienten frustrados por la pérdida de los ahorros que tenían invertidos en acciones de la entidad. El segundo es recuperar el dinero que se esfumó por el miedo a la intervención. Y el último es revisar todas las decisiones que adoptó el anterior consejo de administración antes de que los organismos del Banco Central Europeo (BCE) tomaran las riendas del grupo y destituyeran a los administradores.

Uno de los aspectos en los que Echenique, su equipo de auditoría interna y el departamento jurídico han puesto el foco es en la política de remuneraciones que Emilio Saracho, Ángel Ron y Reyes Calderón, como presidenta de la comisión de nombramientos, gobierno y responsabilidad corporativa. Según han indicado distintas fuentes próximas al Santander, que ha declinado hacer ningún comentario sobre información, Ana Botín ha dado orden de no abonar ninguno de los blindajes, primas por fichaje o compensaciones por no competencia que el consejo de administración pactó con los últimos directivos que fueron fichados para tratar de ayudar en la grave crisis de la entidad financiera.

Estas mismas fuentes han indicado que en la junta extraordinaria que se celebró el pasado 20 de febrero -en la que se produjo el cambio en la presidencia de Ron por Saracho- Popular introdujo una serie de cambios en la política retributiva que permitía a los nuevos contratos de los consejeros ejecutivos el pago de remuneraciones variables garantizadas, primas de contratación e indemnizaciones en caso de cese por causas distintas del incumplimiento de las funciones y de los deberes del consejero. Además, se incluyeron compensaciones por pactos de no competencia en el caso de abandonar la institución de mutuo acuerdo o el pago de una cantidad si la salida se produjese por resolución anticipada del contrato.

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La nueva estrategia retributiva del Popular la diseñó J&A Garrigues y la validó la comisión de nombramientos con Reyes Calderón, la consejera coordinadora, al frente de la misma. Además de a los consejeros ejecutivos, especialmente a Saracho y a Pedro Larena -el consejero delegado fichado en julio de 2016-, se aplicó a los directivos que el exbanquero de JP Morgan trajo al Popular cuando aterrizó en la presidencia para tratar de reconducir la situación.

En especial, a Miguel Escrig, exdirector financiero de Telefónica, que se incorporó el 7 de marzo y a Ignacio Sánchez Asiaín, que fue designado consejero delegado el 10 de abril en sustitución del propio Larena. Según indican fuentes financieras, la nueva política de remuneraciones también se aplicó a Antonio San José, responsable de comunicación institucional, y a Joaquín Hervada, el abogado procedente del bufete internacional Freshfields que reemplazó al histórico Francisco Aparicio el 18 de mayo como secretario del consejo de administración.

Santander, que ha heredado todos los pasivos y activos del Popular, ha decidido de momento poner en manos de su equipo jurídico los pagos a estos directivos fichados con cláusulas de cobertura. Según información pública, a Saracho le correspondía el abono de una anualidad fija -1,28 millones de euros- sin perjuicio de la indemnización legal adicional en el caso de cese por decisión unilateral del banco con anterioridad a la finalización anticipada no prevista en el contrato. Larena, como Aparicio, no tenía derecho a indemnización alguna -más allá de la legal como trabajador- por extinción del contrato, pero sí fue premiado con otras ventajas retributivas que los nuevos gestores también quieren revisar.

Dimisión, no despido

En concreto, el consejero delegado debía ser remunerado con un bonus garantizado de 1 millón de euros pagadero en 2017 y de una compensación durante tres años por no irse a trabajar a otra entidad competidora, a razón de otro millón por cada ejercicio. Es decir, un mínimo de 4 millones, sin contar con la liquidación legal ordinaria. Según distintas fuentes, a Ignacio Sánchez Asiaín, que sustituyó a Larena y apenas ha estado ni dos meses en el cargo, se le aplicaron condiciones similares, si bien los detalles no han podido ser confirmados al no ser todavía públicos.

Por su parte, Saracho tenía derecho a percibir cuatro millones en concepto de prima de fichaje, también pagadera en 2017, así como una compensación del 100% de su retribución fija por el pacto de no competencia de hasta tres años. Por tanto, de 3,9 millones más. El caso del ya expresidente es especial porque, según distintas fuentes, dimitió personalmente de su cargo, sin esperar a que fuese destituido por la Junta Única de Resolución (JUR). Otros consejeros se resistieron y tuvieron que ser despedidos.

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Otras fuentes justifican que dadas las circunstancias en las que se produjeron las contrataciones ante el incierto futuro del banco, los directivos que llegaron al Popular exigieran algún tipo de blindaje o cobertura. Sobre todo porque el propio Saracho advirtió en la junta general de accionistas del 10 de abril que la entidad estaba avocada a una ampliación de capital o a una venta a medio plazo. Otras rebaten este argumento al indicar que tanto Escrig como Sánchez Asiaín no habían abandonado ningún cargo ejecutivo para fichar por el Popular, ya que estaban sin empleo fijo previo y actuaban como asesores de otras instituciones.

En lo que coinciden ambas es que tras el final del Banco Popular, estos directivos y consejeros están obviamente señalados y será muy difícil que vuelvan a ser contratados, por lo que no parece muy lógica el pago de compensaciones por no competencia.