Una finca, un banco portugués y dinero público: por qué investigan a CaixaBank

Más allá del kilómetro 30 de la carretera que une Almonte y Matalascañas, el Cortijo de Los Mimbrales destaca, blanco, entre los campos de la provincia de Huelva. Es una finca de casi mil hectáreas tan conocida que El Príncipe Gitano la plasmó en una de sus coplas: "Pa la fiesta campera to el señorío se ha juntao / en el Cortijo de Los Mimbrales".

Setenta años después del estreno de la canción, en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional se han juntado alrededor de la finca, aunque ya no para una fiesta. El magistrado José de La Mata ha tirado del hilo de una querella sobre Los Mimbrales para abrir una investigación que ahonda en las últimas etapas del banco. Se investiga la posible comisión de delito societario, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad y estafa procesal en dos procedimientos paralelos. Lo que era un caso sobre garantías hipotecarias puede acabar sentando en el banquillo a la cúpula de una de las entidades más relevantes del país.

De Doñana a las Torres Negras

La primera querella se admitió a trámite en mayo de este año. Se centra en un proceso de compraventa de tres fincas en 2007. Una de ellas es el Cortijo de Los Mimbrales, en el sureste de la Corona Forestal de Doñana. La villa servía como garantía de parte del proceso de compraventa de los otros inmuebles. Ese año fue adquirida por un empresario vasco, que utilizó, tal y como consta en la documentación de la querella, una sociedad holandesa para hacerse con la finca. La compañía, como es común con este tipo de mercantiles, tenía como accionista a otra empresa, radicada en un paraíso fiscal.

En 2015, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir compró la finca al empresario por 49,88 millones de euros. En ese momento, CaixaBank extinguió las hipotecas que gravaban sobre ella y que habían sido concedidas por Cajasol, Banco de Valencia y Banca Cívica, entidades absorbidas por el banco catalán. Al haber sido anteriormente ofrecida como garantía de los otros proceso de compraventa, la finca no podía venderse sin tener en cuenta este papel. CaixaBank habría tenido que velar por esas garantías y no lo hizo, conllevando a pérdidas millonarias a los antiguos dueños de Los Mimbrales, mantiene la querella.

Hasta aquí la parte estrictamente mercantil del procedimiento. Sin embargo, la demanda hila este procedimiento con los cambios que, mientras, se estaban produciendo en la entidad con sede en las Torres Negras de la Diagonal de Barcelona. En concreto, con la salida de Juan María Nin de su consejo de administración. El banco acordó entregarle una indemnización de quince millones de euros, pero el problema para el querellante no es solo la cuantía, sino las ayudas públicas que recibió Banco de Valencia, absorbida por CaixaBank.

Ante este escenario, el juez De la Mata ha abierto dos procedimientos. Por un lado, investiga el paradero de las cuantías pagadas por la finca. Aquí el papel de la entidad sería el de cooperador necesario al haber cumplido con los términos de la compraventa. Por el otro, sigue la senda marcada por los juicios a los directivos de las cajas que recibieron dinero público y pactaron indemnizaciones no permitidas.

Cuatro recursos y una 'causa compleja'

En los últimos meses, y después de que El Confidencial desvelara el procedimiento en la Audiencia, CaixaBank ha presentado al menos cuatro recursos para intentar archivar el caso. En las cuatro ocasiones, el fiscal se ha puesto del lado de la entidad. De La Mata, por su parte, ha contestado con cuatro autos y ha insistido en la necesidad de llevar a cabo la investigación.

Vista la gran cantidad de documentos, investigados e implicados, el juez garantiza que se dedicará más tiempo a la fase de instrucción

Por el momento, el juez ha ampliado a 36 meses el plazo de instrucción de uno de los dos procedimientos, el equivalente a declararla como 'causa compleja'. Es decir, vista "la gran cantidad de documentos, de investigados y de implicados", el juez garantiza que se dedicará más tiempo a la fase de instrucción del caso.

El magistrado asegura, en un auto del 4 de diciembre, que el caso tiene gran trascendencia económica no solo para los querellantes —accionistas de la entidad— sino también para la economía nacional. Existieron unas ayudas públicas, argumenta, por lo cual debe investigarse si se han utilizado de forma irregular.

El nuevo capítulo

Si el caso era complejo de por sí, esta misma semana dos nuevos querellantes —representados por el mismo abogado que interpuso la primera demanda— han pedido que se amplíe el caso. Piden que se investiguen los hechos que acabaron en la compra del Banco Portugués de Inversiones (BPI), cerrada en septiembre de 2016. Para hacer frente a dicha adquisición, el Caixabank vendió el 9,9% de su capital social, que tenía en autocartera. La entidad cerró la venta a Criteria, su accionista de referencia, de su participación del 17,3% en The Bank of East Asia (BEA) y del 9,01% en Inbursa a cambio de un paquete de acciones que representaba el 9,9% del capital social y un importe en efectivo de cerca de 700 millones de euros.

En medio de esa operación, BPI vendió el 2% de las acciones del Banco de Fomento de Angola (BFA) a Isabel Dos Santos, multimillonaria empresaria angoleña y accionista de BPI, venta que habría tenido como contraprestación un préstamo de 400 millones de euros de La Caixa a Angola. Solo gracias a ello, argumenta la nueva querella todavía por admitir, Dos Santos no se opuso a la operación de compra del BPI.

Esta operación sirvió para que una firma de representación de accionistas preguntase si CaixaBank realizó la operación de traspaso de acciones a Criteria a costa de los intereses de los pequeños inversores, recuerda la querella, que apoya esta tesis. De hecho, añade, se habría conseguido tras "negociaciones secretas" entre David Li, presidente del BEA, e Isidre Fainé, entonces presidente de La Caixa y de Criteria. De ahí que, argumenta, se habría utilizado información privilegiada.

En cuanto el préstamo realizado a Isabel Dos Santos, hija del expresidente de Angola, los querellantes piden que se investigue como delito societario, debido a las pérdidas que se derivaron de aquella operación.

Tal y como ha podido saber este diario, las dos querellas presentadas son solo el comienzo. Y el juez ya ha dejado claro que va a tomarse todo el tiempo que tiene a su disposición para llegar hasta el fondo del asunto.

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