La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por la indemnización de su exconsejero

Una querella por la venta de una finca se ha convertido en una investigación sobre el presente y el pasado de los altos cargos de CaixaBank. En un auto del 28 de junio al que ha tenido acceso este diario, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga por delito societario y de apropiación indebida a Juan María Nin, ex consejero delegado de la entidad catalana, y a toda la cúpula del banco. En el centro de la diana del magistrado se encuentra el finiquito millonario de Nin, acordado con Caixabank tras su salida. Fuentes oficiales de la entidad han señalado a este diario no tener conocimiento del tema. "En todo caso", indican, "la indemnización de Nin fue debidamente aprobada habiendo cumplido la entidad sus obligaciones de publicación".

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La querella que da paso a estas diligencias se admitió a trámite en mayo de este año y se centra en un proceso de compraventa de tres fincas que arrancó en 2007. Una de ellas es el Cortijo de los Mimbrales, ubicado en el sureste de la Corona Forestal de Doñana. Esta villa y sus cerca de 1.000 hectáreas de terreno servían como garantía de parte del proceso de compraventa de los otros inmuebles. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la compró por 49,88 millones de euros en 2015 y CaixaBank extinguió las hipotecas que gravaban sobre ella y que habían sido concedidas por Cajasol, Banco de Valencia y Banca Cívica, entidades absorbidas por el banco catalán. Quienes habían aceptado que los Mimbrales fuera garantía del proceso vieron cómo su procedimiento "resultó frustrado, ya que todos los bienes habían desaparecido", relata el auto del juez.

La querella hace referencia a la sentencia del TS que condenó a los exdirectivos de Novacaixagalicia

La demanda inicial hila este procedimiento con los cambios que, mientras, se estaban produciendo en la entidad con sede en las Torres Negras de la Diagonal de Barcelona. En concreto, con la salida de Juan María Nin de su consejo de administración. El banco acordó entregarle una indemnización de quince millones de euros. Apoyan su juicio no tanto en cuantía, sino por considerar que las ayudas públicas que recibieron Banco de Valencia y Banca Cívica, absorbidas por CaixaBank, sirvieron a la entidad catalana para sanear sus cuentas del año 2013.

Ante este escenario, el juez De la Mata ha abierto dos procedimientos. Por un lado, investiga el paradero de las cuantías pagadas por la finca. Aquí el papel de la entidad sería el de cooperador necesario al haber cumplido con los términos de la compraventa. Por el otro, sigue la senda marcada por los juicios a los directivos de las cajas que recibieron dinero público y pactaron indemnizaciones no permitidas e investiga a Juan María Nin por delito societario y apropiación indebida. Un finiquito desorbitado y creado 'ad hoc' en una entidad que recibió ayudas estatales son los extremos que llevaron al Tribunal Supremo a confirmar la condena a los exdirectivos de la caja gallega Novacaixagalicia.

Ayudas y finiquitos

A comienzos de 2013, CaixaBank devolvió los 977 millones de euros de ayudas públicas que Banca Cívica, absorbida un año antes, había recibido del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Las cifras de ayudas públicas para la compra de Banco de Valencia por parte de La Caixa incluían 4.500 millones del rescate europeo y un EPA (esquema de protección de activos, garantía contra pérdidas futuras) del 72,5% de una cartera de 6.000 millones.

En en el marco de estas ayudas fiscales, la indemnización pactada que consiguió Juan María Nin fue "desproporcionada", relata el hilo argumental de la querella que el juez retoma en su auto. Nin fue vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank hasta junio de 2014, cuando se produjo su salida tras una serie de desencuentros con Isidre Fainé. El desenlace de un conflicto de varios años en el que este último consiguió sustituir al primer ejecutivo bancario por Gonzalo Gortázar, actual consejero delegado de la entidad. Además de a Nin, De la Mata también investiga a Isidre Fainé, expresidente de Caixabank, a Gortázar y al directivo Antonio Massanell por la aprobación del citado finiquito.

Tras su salida, Nin acordó una indemnización de algo más de 15 millones de euros, 5,3 de los cuales recibió en metálico tras aplicarse la correspondiente retención fiscal. Como informó la entidad en su momento, Nin ingresó una cantidad bruta de tres millones, el equivalente al 20% de la indemnización con el compromiso de invertir este capital en acciones de la entidad. El banco ligó el resto de la indemnización de 15 millones a la evolución futura de sus cuentas.

El procedimiento de compraventa que dio origen a la querella había arrancado en 2007, con una primera hipoteca suscrita con CajaSol. Esta entidad se integró en Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos en Banca Cívica de la mano de Antonio Pulido. El directivo dejó la entidad a finales de 2016 con una indemnización de 1,5 millones de euros. El juez deja fuera a Pulido de la investigación, pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que se está ampliando la querella para alcanzar el exdirector de la caja sevillana.