procedimiento en la audiencia nacional

Nueva querella contra CaixaBank: ahora por la compra del banco portugués BPI

Dos accionistas piden que se investigue si los directivos del banco incurrieron en delitos de administración desleal, abuso de mercado bursátil y delitos societario

Foto: La antigua sede de Caixabank. (EFE)
La antigua sede de Caixabank. (EFE)

Nueva querella en el procedimiento contra la cúpula de CaixaBank en la Audiencia Nacional. Dos accionistas minoritarios pidieron este lunes que el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid amplíe la querella presentada a comienzos de este año y a raíz de la cual el juez José De La Mata está investigando a la cúpula de la entidad.

Los hechos se centran en el traspaso de acciones del Bank East of Asia (BEA) a Criteria, el 'holding' empresarial de La Caixa, y en la compra del Banco Portugués de Inversiones (BPI). Los querellantes solicitan al juez que comparezcan, entre varios consejeros, Isidre Fainé, expresidente de la entidad; Gonzalo Gortázar, actual consejero delegado de CaixaBank; y David Li, presidente del BEA.

En el escrito, que todavía no ha sido admitido a trámite, los querellantes piden que se investigue si los directivos del banco incurrieron en delitos de administración desleal, abuso de mercado bursátil y delitos societarios. Por su parte, fuentes oficiales de CaixaBank han explicado a este diario que la entidad "estudiará la ampliación de la querella" y que "en cualquier caso, todas las operaciones de CaixaBank se han llevado a cabo con publicidad y transparencia, sin que se tenga ninguna duda sobre la legalidad de las mismas".

La causa ya abierta, con un auto de diligencias previas emitido en junio de este año, se centraba en los posibles delitos de apropiación indebida por parte de la cúpula del banco a raíz del finiquito millonario de Juan María Nin, exconsejero delegado de la entidad, acordado con CaixaBank tras su salida. De La Mata ya está investigando si ese finiquito se pagó gracias a las ayudas públicas que recibieron Banco de Valencia y Banca Cívica, absorbidas por CaixaBank.

El BPI y los 400 millones de Angola

La ampliación de la querella se centra en los hechos que acabaron en la compra del Banco Portugués de Inversiones (BPI), cerrada en septiembre de 2016. Para hacer frente a dicha adquisición, el banco vendió el 9,9% de su capital social, que tenía en autocartera. La entidad cerró la venta a Criteria, su accionista de referencia, de su participación del 17,3% en The Bank of East Asia (BEA) y del 9,01% en Inbursa a cambio de un paquete de acciones que representaba el 9,9% del capital social y un importe en efectivo de cerca de 700 millones de euros.

Una firma de representación de accionistas ya se preguntó si CaixaBank realizó la operación de traspaso de acciones a Criteria a costa de los intereses de los pequeños inversores

En medio de esa operación, BPI vendió el 2% de las acciones del Banco de Fomento de Angola (BFA) a Isabel Dos Santos, multimillonaria empresaria angoleña y accionista de BPI, venta que habría tenido como contraprestación un préstamo de 400 millones de euros de La Caixa a Angola. Solo gracias a ello, argumenta la nueva querella todavía por admitir, Dos Santos no se opuso a la operación de compra del BPI.

Esta operación sirvió a para que una firma de representación de accionistas preguntase si CaixaBank realizó la operación de traspaso de acciones a Criteria a costa de los intereses de los pequeños inversores, recuerda la querella, que apoya esta tesis. De hecho, añade, se habría conseguido tras "negociaciones secretas" entre David Li, presidente del BEA, e Isidre Fainé, entonces presidente de La Caixa y de Criteria. De ahí que, argumenta, se habría utilizado información privilegiada.

En cuanto el préstamo realizado a Isabel Dos Santos, hija del expresidente de Angola, los querellantes piden que se investigue como delito societario, debido a las pérdidas que derivaron de aquella operación.

Causa compleja

El juez De La Mata ha dejado claro en varios autos que quiere ir hasta el fondo del asunto. Tras recibir la primera querella decidió partir en dos el procedimiento. Por un lado, se investigan posibles delitos de alzamiento de bienes, falsedad y estafa procesal por parte de la entidad en un complicado proceso de compraventa de inmuebles hipotecados. En el segundo procedimiento, busca indicios de apropiación indebida y delito societario por parte de toda la cúpula de la entidad.

La hija mayor del presidente de Angola, Isabel dos Santos. (EFE)
La hija mayor del presidente de Angola, Isabel dos Santos. (EFE)

CaixaBank ha presentado, entre los dos procedimientos, cuatro recursos de apelación para que se archivara el caso o se limitaran las posibles acciones del juez. El fiscal del caso se ha posicionado del lado de la entidad, pero De La Mata ha rechazado los cuatro recursos. Además, ha declarado el primer procedimiento como 'causa compleja', siempre contra la opinión del Ministerio Público quien, en cambio, "ha tratado activamente de impedir la continuación de la instrucción", según el razonamiento jurídico del magistrado.

Los querellantes también han pedido que el segundo procedimiento sea declarado 'causa compleja', medida que permite prorrogar hasta, en este caso, 30 meses el plazo de instrucción de la causa.

Todo empezó en una finca de Doñana

El procedimiento en curso en la Audiencia Nacional arrancó a raíz de en un proceso de compraventa de tres fincas que se remonta al año 2007. Una de ellas es el Cortijo de Los Mimbrales, ubicado en el sureste de la Corona Forestal de Doñana. Esta villa y sus cerca de 1.000 hectáreas de terreno servían como garantía de parte del proceso de compraventa de los otros inmuebles.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la compró por 49,88 millones de euros en 2015 y CaixaBank extinguió las hipotecas que gravaban sobre ella y que habían sido concedidas por Cajasol, Banco de Valencia y Banca Cívica, entidades absorbidas por el banco catalán. Quienes habían aceptado que Los Mimbrales fuera garantía del proceso vieron cómo su procedimiento "resultó frustrado, ya que todos los bienes habían desaparecido", relata el auto del juez de verano de este año.

La demanda inicial hilaba este procedimiento con los cambios que, mientras, se estaban produciendo en la entidad con sede en las Torres Negras de la Diagonal de Barcelona: la salida de Juan María Nin de su consejo de administración y su finiquito supuestamente inflado gracias a las ayudas públicas.

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