La acusación popular pide que se inhabilite dos años a Deloitte por el 'caso Bankia'

A Deloitte se le complian las cosas en el plano judicial. Después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara el sobreseimiento para la auditora en el 'caso Bankia', ahora la acusación popular solicita que se le imponga una pena de dos años de prohibición para ejercer la auditoría, práctica que representa el 25% de su negocio en España, donde factura 636 millones de euros (2016).

Este mismo jueves, la Confederación Intersindical de Crédito, representada por Andrés Herzog, ha presentado escrito de acusación ante el juez Fernando Andreu en el que considera que Deloitte es autor de "un delito continuado de estafa de inversores, previsto y penado en el artículo 282 bis del Código Penal", de acuerdo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ello, pide que se abra jucio oral contra la firma en la Sala de lo Penal de la Audiencia.

Respecto a las penas, la acusación popular considera que se le debe imponer tres años de multa a razón de 1.000 euros al día y, por encima de todo, la "prohibición de realizar la actividad de auditoría durante un periodo de dos años, a tenor de lo establecido en el apartado e) del art. 33.7 del Código Penal". En ese artículo, entre las posibles condenas para las personas jurídicas, se incluye la "prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito".

Deloitte se juega su futuro en España

En mayo, Andreu había decidido sentar en el banquillo al socio de Deloitte responsable de auditar Bankia, Francisco Celma, por su contribución al supuesto falseamiento contable al aprobar sin salvedades todas sus cuentas. Pero había acordado el sobreseimiento y archivo para la sociedad al aceptar el argumento de su defensa de que Celma actuaba con absoluta independencia, si bien la mantenía como responsable civil en caso de que su socio fuera condenado.

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Pero el auto del 15 de septiembre echaba por tierra esta argumentación, al entender que “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica, de modo que la firma cuenta con un Control de Calidad Interno, y un Manual de Cumplimiento Normativo que comprende Políticas generales para todas las líneas de servicio, y se alega que existen Políticas de nivel 2 para la línea de auditoría”. Es decir, aunque Celma gozara de autonomía, Deloitte supervisaba todas sus actuaciones y el socio debía seguir unos procedimientos y unas normas comunes para todas las auditorías que lleva a cabo Deloitte.

Hasta el momento, el juez considera que Celma tiene responsabilidad penal y la Sala estima que, si el socio la tiene, también debe ternerla Deloitte, cuestión que deberá afrontar en caso de sentarse en el banquillo. Deloitte es la más grande de las 'big four' y, aunque ha perdido como clientes a unos cuantos pesos pesados del Ibex tras su exposición por el 'caso Bankia', mantiene un importantísimo negocio de auditoría y consultoría con las compañías cotizadas.