una magistrada pide acusar también a mafo

Deloitte se sentará en el banquillo por su implicación en el caso Bankia

La Audiencia Nacional ha decidido que la auditora sí podrá ser juzgada por su supuesta participación en el falseamiento de las cuentas de la salida a bolsa de Bankia

Foto: Fotografía de archivo del logo de Deloitte en un edificio comercial. (Reuters)
Fotografía de archivo del logo de Deloitte en un edificio comercial. (Reuters)

La mayor auditora que opera en España, el gigante multinacional Deloitte, ha recibido el mayor golpe reputacional de toda su trayectoria con la decisión de la Audiencia Nacional de revocar la decisión del juez Andreu de exonerarla de responsabilidad penal en el 'caso Bankia'. La Sala de lo Penal considera que la 'technicality' en que se basaba esa exculpación y permite, en consecuencia, que la firma se siente en el banquillo en el próximo juicio sobre la supuesta falsedad contable y estafa a inversores en la salida a bolsa de la entidad financiera. Asimismo, una magistrada ha emitido un voto particular en el que se opone al sobreseimiento para la cúpula del Banco de España y la CNMV.

En mayo, Andreu había decidido sentar en el banquillo al socio de Deloitte responsable de auditar Bankia, Francisco Celma, por su contribución al supuesto falseamiento contable al aprobar sin salvedades todas sus cuentas. Pero había decidido el sobreseimiento y archivo para la sociedad al aceptar el argumento de su defensa de que Celma actuaba con absoluta independencia, si bien la mantenía como responsable civil en caso de que su socio fuera condenado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos (c), junto al presidente de Deloitte, Fernando Ruiz (i). (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos (c), junto al presidente de Deloitte, Fernando Ruiz (i). (EFE)

El auto de este viernes echa por tierra esta argumentación, al entender que “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica, de modo que la firma cuenta con un Control de Calidad Interno, y un Manual de Cumplimiento Normativo que comprende Políticas generales para todas las líneas de servicio, y se alega que existen Políticas de nivel 2 para la línea de auditoría”. Es decir, aunque Celma gozara de autonomía, Deloitte supervisaba todas sus actuaciones y el socio debía seguir unos procedimientos y unas normas comunes para todas las auditorías que lleva a cabo Deloitte. Como Andreu ya había sentado en el banquillo a Celma, lo normal sería que ahora hiciese lo propio con Deloitte.

Además, la firma se metía en un jardín en su apelación, puesto que su exoneración de responsabilidad penal implicaba reconocer que no había supervisado a Celma (que habría actuado por su cuenta y riesgo, según esta teoría), ni siquiera en cuanto a la aplicación del "tratamiento para detectar ilícitos penales". Por ello, la Sala de la Audiencia considera que se debe "deslindar en otro momento procesal, si se han adoptado todas las políticas de prevención de riesgos penales para la exención de responsabilidad criminal“.

La Audiencia señala el conflicto de interés

Lo que sí tienen claro los magistrados es que Deloitte, autora del célebre informe secreto que determinó la resolución del Popular, tenía un evidente conflicto de interés como firma en el 'caso Bankia': "Resulta difícil afirmar sin cuestionamiento que la sociedad fiscalizó adecuadamente las sucesivas auditorías siendo que al tiempo se producía un beneficio para la entidad; es por ello que debe continuar vigente la acción penal". Y añade que "el beneficio para Deloitte pudiera haber radicado en el mantenimiento a todo trance de la relación contractual entre la auditadas y Deloitte SL”.

Hay que recordar que tanto Celma como Deloitte fueron sancionados por el ICAC (el supervisor de las auditoras, dependiente del Ministerio de Economía) por falta de independneia en Bankia ya que, además de auditar sus cuentas, realizaba importantes trabajos de asesoría para la integración de las siete cajas de ahorros que formaron Bankia y para su posterior salida a bolsa. De hecho, el auto asegura que "se recoge abrumadoramente la presencia de Deloitte en la evolución contable del Grupo BFA-Bankia y de las cajas que lo constituyeron".

Voto particular a favor de la imputación de MAFO

El auto de la Audiencia Nacional desestima el resto del recurso de la acusación popular, representada por Andrés Herzog, contra la resolución de Andreu, lo que significa que ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni Fernando Restoy, ni Julio Segura, ni el resto de los imputados del Banco de España y de la CNMV serán juzgados por su participación en estos presuntos delitos. La Sala considera que el Banco de España no fue quien decidió la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella y no participó en la ficción de aparentar solvencia donde no la había. No obstante, no le libra de responsabilidad; simplemente considera que no se puede considerar cooperación ni complicidad con un delito: "La Ley penal no castiga la ausencia de actividad d ela autoridad económica", sostiene.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras declarar en el 'caso Bankia'. (EFE)
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras declarar en el 'caso Bankia'. (EFE)

Ahora bien, la magistrada Clara Bayarri ha emitido un voto particular en el que solicita que se sienten en el banquillo: “Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, argumenta.

A su juicio, los indicios que llevaron a su imputación se han confirmado y aumentado tras sus declaraciones de marzo. Entre esos indicios menciona la propia declaración de Fernández Ordóñez o el tercer informe pericial del perito del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras, que apoya la “tesis de la clara y consciente participación de los responsables” de ambos organismos tanto en el delito de falsedad contable como en el de estafa a inversores. Por ello, Bayarri considera precipitado el sobreseimiento

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