La banca perderá 1.000 millones en avales de Isolux ante la inminencia de la quiebra

El consejo de administración deIsoluxse reúne con la intención de aprobar por fin las cuentas de 2016, obligación mercantil que los miembros del órgano de gobierno de la compañía han rechazado ya en hasta dos ocasiones por las posibles consecuencias legales. Pero, además, los administradores de la que fuera la séptima constructora de España y uno de los grandes inversores en energías renovables analizarán el nuevo plan de viabilidad elaborado por Alvarez & Marsal, que pasa inevitablemente por la entrada en concurso del grupo participado por CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular, entre otras entidades financieras.

Según han confirmado fuentes próximas a Isolux, la situación de la multinacional presidida desde hace casi un año por Nemesio Fernández-Cuesta a petición de Isidre Fainé y Ana Botín es tan crítica que se han prohibido hasta los gastos más comunes de los directivos, como las tarjetas de crédito o los viajes, salvo los inevitables por cuestiones de negocio. Una falta de liquidez que pone de manifiesto las graves dificultades por las que atraviesa la compañía que hasta hace 12 meses era propiedad de Luis Delso y José Gomis.

Otras fuentes internas del grupo de ingeniería y construcción explican que bastantes de los contratos firmados en los últimos años se están abandonando por la incapacidad financiera para atender las obligaciones. Una tensión de tesorería y una retirada de las obras licitadas que van a tener un nuevo impacto en los actuales acreedores, entre los que hay más de una veintena de bancos nacionales y extranjeros. En concreto, las entidades financieras tienen en grave riesgo avales por 1.000 millones de euros, es decir, más de la deuda bancaria existente tras la reestructuración fallida del pasivo aprobada a finales del pasado año.

CaixaBank, Bankia, Sabadell y Société Générale están entre los más afectados. Pero sobre todo Banco Santander, pese a que la institución presidida por Ana Botín ha tratado de desvincularse de Isolux vendiendo parte de la deuda refinanciada en 2016 y el 10% del capital que se quedó con motivo de la capitalización de los préstamos comerciales. Los avales que están en serio riesgo son los utilizados para licitar concursos, los que han servido de garantía de buena ejecución de la obra y los de mantenimiento.

La negativa del Santander de participar en la nueva inyección de capital de 300 millones solicitada por el consejo de administración condenó a la compañía a solicitar el preconcurso de acreedores el pasado 31 de marzo. La empresa tiene hasta el 4 de julio —ampliable al 4 de agosto— para conseguir un inversor que aporte capital y la salve de caer a situación de concurso, lo que la condenaría prácticamente a la liquidación. Pero, según fuentes financieras, el plan de viabilidad diseñado por Alvarez & Marsal, el asesor contratado por Isolux para buscar una solución de emergencia, pasa inexorablemente por entrar en quiebra técnica.

De esta manera, la compañía, con una plantilla de 5.000 personas, 1.500 de ellas en España, podría forzar a través de un administrador concursal una quita a los bancos que refinanciaron los 1.400 millones de préstamos convertibles en capital y a los bonistas que suscribieron los 600 millones de nueva emisión que actualmente cotizan a apenas un 2% de su valor nominal. Es el mismo camino que ha corrido GES, una exfilial de energías renovables de Gamesa, que bajo el asesoramiento de Alvarez & Marsal fue comprada el pasado año por el dueño de los cosméticos Cristian Lay por seis euros, una quita del 90% y un ERE para 300 personas.

Isolux aún confía en los trabajos de Rothschild y Alantra, que fueron contratados para buscar un inversor financiero o industrial que comprase la totalidad del negocio o gran parte de las divisiones. Pero los contactos del banco anglofrancés y de la 'boutique' española no han dado sus frutos hasta la fecha, debido a las exigencias financieras a las que tiene que hacer frente la empresa. Entre los interesados, han estado compañías chinas que han querido quedarse con la marca homologada para poder licitar en Latinoamérica y fondos oportunistas que pretenden adquirir el grupo a precios de derribo.

La fecha límite que se ha dado Fernández-Cuesta para encontrar una solución es el próximo 30 de junio, fecha prevista para la celebración de la junta general de accionistas que deberá aprobar las cuentas de 2016. A falta de las últimas comprobaciones, Isolux registró pérdidas operativas de 1.000 millones de euros, que fueron parcialmente compensadas por el impacto contable de la capitalización de la deuda, lo que permite reducir a casi la mitad los números rojos finales.