El consejo del Banco Santander y los efectos colaterales de los imputados de corbata

La dimisión presuntamente voluntaria de Javier López Madrid como consejero de OHL ha sido interpretada como una decisión coherente, aplaudida por la masa social del mundo financiero, económico y político de España. Se interpretó que no parecía de recibo que un señor imputado desde hace más de un año por la operación Púnica, condenado en febrero a seis meses de cárcel por el uso fraudulento de las ‘tarjetas black’ de Bankia e imputado de nuevo por el caso Lezo siguiera como administrador de una compañía cotizada, donde la reputación es un valor que influye cada vez más en el valor de las acciones.

Parte de la familia Villar Mir aceptó entregar la cabeza del yerno del marqués presionado por los consejeros independientes de OHL, inspirados según distintas fuentes por otra parte de la saga, que desde hace tiempo considera que el marido de Silvia Villar Mir es más un perjuicio que un beneficio para la compañía. Es lo que se llama coloquialmente caída por fuego amigo y demérito propio, como demuestra la nueva imputación desde el jueves por la salida a bolsa de banco nacionalizado.

Si se siguiera el mismo criterio empleado para justificar la salida por la puerta de atrás de López Madrid, en alguna que otra empresa del Ibex 35 deberían producirse dimisiones similares. Iberdrola, con el exministro Angel Acebes en nómina, es una de ellas. Otra es Banco Santander, en cuyo consejo de administración hay dos imputados por casos presuntamente graves. El primero de ellos es Juan Miguel Villar Mir, el suegro del recientemente destituido consejero de OHL. El marqués está en la lista de sospechosos de financiar ilegalmente al PP desde 2013, cuando el juez Pablo Ruz le llamó a declarar por los presuntos contubernios con el partido de Mariano Rajoy.

Antes de ser relevado de sus funciones, Ruz archivó el caso el 23 de marzo de 2015 al no poder demostrar las conexiones entre el dinero pagado por varias constructoras al PP y la adjudicación de obras. Sin embargo, el pasado mes de marzo, el juez que lleva ahora el caso Gürtel le volvió a imputar tras las confesiones de Francisco Correa, en las que reconoció haber abonado diferentes cantidades al partido en el Gobierno a cambio de contratos en favor de OHL, Dragados y ACS.

Además, el empresario tuvo que sentarse el pasado 17 de marzo ante el juez para responder en calidad de imputado por el hospital de Son Espases. Una declaración que el presidente del Grupo Villar Mir había conseguido retrasar hasta en tres ocasiones y en la que finalmente se presentó como un mártir por “ser quién es”.

La entidad presidida por Ana Botín tiene a dos imputados en el órgano de gobierno en una nueva era en la que la reputación es un valor a preservar

La relación de la familia Villar Mir con la Botín siempre ha sido muy estrecha. Primero con Emilio Botín, que le nombró consejero del Santander en 2013, cuando el empresario de la construcción, energía y materias primas compró un 0,3% de la entidad. Después con Ana Botín, que tiene una amistad muy cercana con Javier López Madrid, con quien comparte fines de semana en compañía de Javier Monzón, el destituido presidente de Indra y ahora consejero de Santander España y de una filial de OHL (Ferroglobe). El banco es uno de los principales acreedores del grupo industrial de los Villar Mir y su papel ha sido imprescindible en el rescate financiero del imperio familiar.

El segundo imputado es Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, acusado junto a otros siete directivos del Santander de formar parte de un sistema de ocultación compartido con HSBC. Una presunta estructura fraudulenta que utilizó entre otros el propio Emilio Botín y su hermano Javier para ocultar la verdadera titularidad del 8% de Bankinter.

En el banco niegan cualquier irregularidad y consideran que se trata más bien de un desconocimiento elemental de cómo funcionan las cuentas bancarias del juez José De la Mata. Dan por hecho que todo se aclarará y quedará en nada, pero como en el caso de Villar Mir, la imputación está ahora encima de la mesa de los consejeros independientes.

El precedente de Alfredo Sáenz

Hasta la fecha ninguno ha abierto la boca, como en OHL y Banco Santander, pese a que el reglamento del consejo dice que sus miembros “deberán poner su cargo a disposición del consejo de administración y formalizar la correspondiente dimisión si éste, previo informe de la comisión de nombramientos, lo considera conveniente, en los casos que puedan afectar negativamente al funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la Sociedad. Asimismo, añade que los consejeros dominicales deberán presentar su dimisión, en el número que corresponda, cuando el accionista al que representen se desprenda de su participación o la reduzca de manera relevante, como hizo Villar Mir cuando tuvo que vender su paquete apretado por las deudas.

Pero por los cenáculos de Madrid corre otro párrafo del citado reglamento en el que se cita que “los consejeros deberán comunicar al consejo cuanto antes, aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados”. Advertencia suficiente, según fuentes financieras, para que Ana Botín ponga en práctica lo que dijo en enero cuando reconoció, sin entrar en detalles, que la banca está obligada “a hacer las cosas de otra manera… y gestionar estos temas de otra manera”. Lo contrario sería eternizar situaciones incómodas como las que vivió la entidad con la condena a pena de cárcel e inhabilitación de Alfredo Sáenz.