Villar Mir, García Pozuelo y 18 empresarios más, imputados de nuevo en la caja B del PP
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de la mata investiga la financiación del partido

Villar Mir, García Pozuelo y 18 empresarios más, imputados de nuevo en la caja B del PP

La defensa del propietario de OHL se persona en la causa para tener acceso a las nuevas diligencias que ordene el juez De la Mata, que reabrió el caso por las declaraciones de Correa

placeholder Foto: Monitor instalado en la sala de prensa de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. (EFE)
Monitor instalado en la sala de prensa de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. (EFE)

El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otra veintena de empresarios vuelven a estar imputados en el caso que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, reabierto por el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional tras las declaraciones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, que admitió haber pactado con el extesorero de la formación Luis Bárcenas la tramitación del pago de dinero procedente de varios constructores a Génova a cambio de que los empresarios recibieran adjudicaciones públicas en administraciones gobernadas por el PP.

El anterior instructor del Juzgado 5, Pablo Ruz, archivó el 23 de marzo de 2015 esta derivada, que se incluía dentro de la investigación de la denominada caja B del partido, al entender que no era posible vincular los desembolsos hechos en negro por las mercantiles con la concesión de obras públicas concretas, una conexión que hubiera demostrado un delito de cohecho, dado que el de financiación irregular aún no existía. “No resulta posible establecer una relación entre los ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”, argumentó Ruz, quien añadió que, por lo tanto, “la conclusión provisional debe ser la de ausencia, por el momento, de indicios para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos", por lo que procedía "en consecuencia el sobreseimiento”.

Sin embargo, las declaraciones de Correa y del empresario Alfonso García Pozuelo-Asins durante el juicio de la Gürtel aportaron nuevos elementos que hacían pensar en la existencia de pruebas que confirmaran esta relación tan difícil de demostrar. El constructor confesó haber pagado diferentes cantidades a "organismos centrales" del PP a cambio de adjudicaciones. Correa, por su parte, apuntó a OHL, Dragados y ACS como las mercantiles que le pedían que intermediara ante el PP para conseguir contratos en los ministerios de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente a cambio de una comisión, que se repartían el propio líder de la Gürtel y Bárcenas.

Foto: El cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa. (EFE)

Tras estas revelaciones, las acusaciones Adade e Izquierda Unida reclamaron la reapertura de la pieza separada conocida como de la caja B, petición que fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y que provocó que el juez José de la Mata, actual titular del Juzgado de Instrucción 5, ordenara el pasado 1 de marzo reactivar el procedimiento que había quedado dormido. "Estos datos nuevos, pertinentes, útiles y relevantes han sido conocidos e incorporados al procedimiento con posterioridad al auto que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, precisamente en relación con el objeto de la investigación indicado", argumentó De la Mata, que citó a declarar a Correa y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Plácido Vázquez, a quien el ministerio público atribuye un papel de mediador.

La diligencia ordenada por De la Mata, sin embargo, no dio los resultados esperados por los investigadores, ya que ninguno de los tres se prestó a colaborar y todos se acogieron a su derecho a no declarar. Incluso Correa y García Pozuelo-Asins, que eran quienes habían abierto la caja de los truenos con sus declaraciones en el juicio de Gürtel, se negaron a seguir haciendo acusaciones, lo que demuestra las diferentes estrategias que mantienen los imputados en función de la causa en la que se encuentren.

La reapertura, en cualquier caso, devuelve la situación procesal al punto previo al archivo, con lo que se encuentran de nuevo imputados todos los empresarios que habían sido señalados inicialmente por el juez Ruz, como Villar Mir, el constructor malagueño José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), el empresario Manuel Contreras Cabo (Azvy), el mencionado García Pozuelo-Asins (Hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC), el supuesto número dos de la Gürtel Pablo Crespo Sebaris, Antonio Vilela Jerez (Rubau), Rafael Palencia Marroquín (Degremont), Cecilio Sánchez Martín (FCC), Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez (Construcciones Parraño), el sobrino de Juan Cotino, Vicente Cotino Escrivá (Asedes Capital), Joaquín Molpeceres Sánchez (Grupo Licuas), Antonio Pinal Gil (Bruesa), Ignacio Ugarteche (Urazca Construcciones) y Ramón Aigé Sánchez (Sorige-Acsa).

Foto: El extesorero del PP Luis Bárcenas. (EFE)

En su declaración inicial como imputado, Villar Mir negó ante el juez Ruz haber entregado dinero negro alguno al PP. El magistrado, sin embargo, detalló en su auto de archivo que quedaba “indiciariamente acreditado” que el propietario de OHL aparecía en las anotaciones de Bárcenas como donante de aportaciones dinerarias al partido en los años 2004, 2006 y 2008 por un importe total de 530.000 euros, montante que habría ido a parar a la conocida como caja B de la formación, que según Ruz estuvo funcionando entre 1990 y 2008 “al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas”, vulnerando de este modo “la normativa reguladora de la financiación de partidos”.

Esta caja B, señaló el magistrado, se nutrió de las donaciones de empresarios que al mismo tiempo fueron “beneficiarios de importantes adjudicaciones públicas”. En concreto, Villar Mir, según el citado auto de Ruz, que se basa en las anotaciones de Bárcenas, aportó 100.000 euros el 19 de octubre de 2004 al extesorero del PP; 180.000 euros el 25 de octubre de 2006, y 250.000 el 11 de febrero de 2008, lo que suma el mencionado total de 530.000 euros.

Tras la reapertura del caso, la defensa letrada del constructor, al entender que su cliente había vuelto a estar imputado, pidió la personación en el procedimiento el pasado 8 de marzo, solicitud que el juez De la Mata aceptó cinco días después, a través de una providencia en la que también admite la del supuesto mediador Plácido Vázquez.

La reapertura del caso de la caja B, sin embargo, podría tener los días contados. El hecho de que la única luz que señalaba Correa se haya apagado después de que el cabecilla de la Gürtel decidiera no seguir declarando, en línea con el resto de empresarios, deja la causa como al principio, sin una vía clara para continuar avanzando, lo que aboca previsiblemente el procedimiento a un nuevo archivo. Otras fuentes jurídicas, por el contrario, aseguran que aún queda margen para indagar. No en vano, las acusaciones están preparando una batería de diligencias que propondrán a De la Mata para que este las ponga en marcha si lo considera oportuno.

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