¿Lo sabía MAFO? Conversaciones, correos y medias verdades en el caso Bankia

El caso Bankia se parece cada día más a un culebrón televisivo, con secretos que se comparten en voz baja, personajes que aparentemente ocultan información, juramentos de lealtad y figuradas traiciones que rompen con finura esas promesas. Un culebrón que se desarrolla esta semana en los sótanos de la Audiencia Nacional (que es donde están las salas de vistas) y cuyo final, aún incierto, determinará el futuro judicial de la anterior cúpula del Banco de España y de la CNMV, encabezada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Julio Segura y Fernando Restoy.

El primer protagonista de la trama es José Antonio Casaus, el inspector del Banco de España responsable de la supervisión de Bankia en la época de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y compañía, y de la posterior salida a bolsa. Sus demoledores correos, en los que alertaba de que la entidad era inviable, que ocultaba morosidad e inflaba beneficios, y que sacarla a cotizar le daría oxígeno pero acabaría en desastre, son los que han reabierto una instrucción que languidecía tras el aluvión de contrainformes de Deloitte, del Banco de España, del FROB y de la CNMV desautorizando los informes de los peritos Busquets y Noguera —igual de demoledores que los correos—, que habían dado fuerza a la causa al denunciar múltiples irregularidades en aquellas operaciones. Unos correos que, por cierto, el BdE se había cuidado de no aportar al juzgado en los cuatro primeros años de instrucción.

A pesar de todo, el juez Fernando Andreu (uno de los secundarios del culebrón) no consideró que bastaran para investigar a la cúpula de los supervisores que, consciente de esta situación, decidió seguir adelante con la venta de acciones al público, en su mayor parte entre clientes individuales de la entidad. Y contó con el apoyo de la Fiscalía y del FROB, que aquí más que acusaciones parecen formar parte de la defensa. La sala fue la que decidió la imputación y, visto lo visto, no sería de extrañar que los afectados firmaran una suerte de pacto de caballeros para una defensa común: los correos no eran más que opiniones sobre el futuro expresadas de forma informal, hay que verlos en conjunto con los informes de inspección oficiales, no cuestionan las cuentas de la filial que salió al mercado (Bankia), sino en todo caso las de la matriz (BFA), y la cúpula del BdE no era consciente de estas advertencias, ya que no eran suficientemente relevantes.

"MAFO y Aríztegui lo sabían"

Otro de los personajes de la telenovela, Pedro Comín, jefe de Casaus y destinatario de sus correos, repitió el martes punto por punto el argumentario pactado. Este miércoles tambien han cumplido el guión Jerónimo Martínez Tello, exdirector general de supervisión, y Mariano Herrera, en 2011 coordinador de departamento y luego director general del FROB, en sus respectivas declaraciones en la Audiencia. Han añadido que entonces nada hacía pensar que las cuentas no fueran correctas, que la nacionalización fue consecuencia del deterioro posterior de la economía y que las alternativas que proponía Casaus (venta de Bankia a otro banco) no eran viables. Tello incluso ha dicho que habría bastado con lo que pedía Rato (unos 7.000 millones más los 4.465 que ya había inyectado el FROB) para salvar la entidad.

Pero el inmediato superior de Comín, Pedro González (en aquella época jefe del departamento de inspección de las cajas de ahorros), aunque mantuvo en líneas generales la estrategia acordada, puso el martes en la picota a sus antiguos jefes como el que no quiere la cosa: sí, es cierto que no se les reenviaron los correos... pero los conocían. Estaban al cabo de la calle de lo que decía Casaus porque él lo había hablado —las conversaciones a media voz— en el marco de una "relación fluida" con el subgobernador, Javier Aríztegui, y, en menor medida (pero también), con el gobernador. MAFO lo sabía.

"González es un tío muy bueno. Encantador, simpático, majo a la vez que humilde. No hay manera de pillarle...", explicaba ayer uno de los abogados presentes en las declaraciones en la Audiencia Nacional. Lo que era un golpe bajo en toda regla había pasado prácticamente inadvertido para la multitud de defensas y acusaciones que se dan cita a diario en el juzgado. Pero no así en el Banco de España, donde las palabras de González han caído como una bomba. La cúpula ya no puede alegar desconocimiento. Tendrá que aferrarse al resto del argumentario y ver si es suficiente.

Porque aquí al final de lo que se trata no es de lo que pasó en la OPV (oferta pública de venta) de Bankia, sino de si es delito o no. El gobernador y el subgobernador lo sabían, y aun así siguieron con el plan. Como decía otro magistrado, Alfonso Guevara, en el juicio de los directivos de Novagalicia en 2015, "aquí no estamos para juzgar conductas poco éticas, sino para determinar si los hechos fueron constitutivos de delito". Y eso, en el caso Bankia, no está nada claro. No cabe descartar en absoluto el sobreseimiento.

La verdad 'oficial' y la verdad 'real'

Lo de las conductas poco éticas es harina de otro costal. En este culebrón se está abriendo un abismo entre la verdad 'oficial' que sostienen los declarantes y la verdad 'real', que es de sobra conocida por todo el mundo: la salida a bolsa de Bankia fue una cuestión de Estado, había que salvar al soldado Rato y evitar el hundimiento del "elefante en la habitación" del sistema financiero español, puesto que nos jugábamos el rescate después de los de Grecia, Irlanda y Portugal. Todo el mundo sabía cómo estaba, pero había que vender la ampliación de 3.000 millones —insuficiente según Casaus— como fuera; y si los inversores internacionales no 'picaban', tendría que ser a los nacionales.

Por eso, el Gobierno y el propio Banco de España llamaron a los principales bancos y compañías del país para instarles a comprar 'bankias'. El único que se negó fue Francisco González. Y la red de Bankia trabajó a destajo para colocar entre los clientes particulares el resto de las acciones. De hecho, refinanciaba a aquellos con apuros para devolver sus créditos a cambio de que acudieran a la oferta (o visto a la inversa, los ejecutaba si no acudían). Y se trasvasaron en masa títulos del tramo internacional, que quedó desierto, al minorista.

Las consecuencias de aquella cuestión de Estado son de todos conocidas: el mayor rescate de la historia con dinero público y los que acudieron a la OPV perdieron todo su dinero. Los minoristas lo han recuperado porque José Ignacio Goirigolzarri lo devolvió todo tras ser condenado por la Sala Civil del Supremo, y los institucionales están pleiteando por lo suyo. ¿Hay delito en todo esto? Lo veremos. Eso sí, lo que han apuntado algunas confesiones efectuadas en sede judicial es que MAFO podría estar al corriente. Para reflexionar.