Novagalicia, un fraude y una sentencia a la medida de Feijóo y el Banco de España
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todos seguirán libres sin responsabilidades

Novagalicia, un fraude y una sentencia a la medida de Feijóo y el Banco de España

La pena de dos años de cárcel para cinco directivos de la entidad que le costó 9.000 millones al Estado permite a todos los implicados seguir disfrutando de sus millonarias pensiones

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José Luis Pego (i) y Julio Fernández Gayoso. (EFE)

Aquí paz y después gloria. Con esta aseveración resume uno de los implicados la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de los directivos de Novagalicia, que se pagaron unas jubilaciones millonarias con cargo al banco resultante de la fusión de Caixa Galicia (La Coruña) y Caixanova (Vigo) pese a que su gestión fue un total desastre. No en vano, el Estado tuvo que salvar a la sociedad de la quiebra con una inyección de más de 9.000 millones de dinero público.

La afirmación enlaza con los dos años de cárcel que ha dictaminado la Sección Tercera de lo Penal contra cinco de los seis principales ejecutivos de Novagalicia. Una sentencia en apariencia diseñada como un traje a medida para que ninguno de los que cometieron el delito de administración desleal y apropiación indebida entre en prisión, el Banco de España salga indemne de su implicación en el caso y Alberto Núñez Feijóo, el muñidor de la fusión, hoy candidato a relevar a Mariano Rajoy, no vea entre rejas a los banqueros de su círculo más íntimo.

Porque el presidente de la Xunta de Galicia fue el que más peleó por crear un gran banco gallego, hasta el punto de que se opuso a la fusión entre Caja Madrid y Caixa Galicia que promovía el Banco de España dirigido en ese momento por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y por la ministra de Economía, Elena Salgado. Hasta el punto de que pidió un informe ex profeso a KPMG para que validara, previo pago de un millón de euros, que la solución perfecta a la necesaria integración de las cajas pasaba por la unión de la entidad de La Coruña con la de Vigo.

El citado informe, presentado en enero de 2010 por Marta Fernández Currás, la consejera de Economía de la Xunta, premiada posteriormente por Luis de Guindos como secretaria de Estado de Presupuestos, destacaba las bondades de la integración de las dos cajas locales y pronosticaba beneficios desde el primer año. Con este aval, Feijóo consiguió convencer al Banco de España, que autorizó la fusión galaica apenas unos meses más tarde.

En septiembre de 2010, el jefe del PP gallego ya tenía su banco, con un equipo directivo que en paralelo pactó el pago de unas indemnizaciones millonarias con todas las bendiciones oficiales. Fue el 18 de octubre de ese año cuando Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, convocó su consejo de administración para aprobar “la posible concesión a los directivos de una compensación o premio especial por su dedicación y aportación, caso de acceder a la jubilación anticipada o prejubilación”. La cuantía y la asignación, a pagar de una sola vez, era facultad del director general, José Luis Pego, el que ha recibido la mayor condena.

A la par, Caixa Galicia celebró otro consejo ese mismo día en el que se presentaron una serie de medidas para tratar de igualar las retribuciones que cobraban los directivos de la institución con sede en La Coruña respecto a sus vecinos de Vigo. Las propuestas, que consistían en aumentos de los salarios y otras prebendas, habían sido aprobadas previamente por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. El Banco de España, la Consejería de Hacienda de la Xunta y la dirección de Caixanova estaban informados de esos aumentos diseñados a medida.

Tras más de dos años de instrucción, Anticorrupción pidió tres años de cárcel para los implicados, pero la sentencia final de la AN los ha reducido a dos

El 1 de diciembre de 2010 se celebró el primer consejo de administración de Novacaixagalicia, en el que se propone como orden del día la “toma de conocimiento y ratificación de los contratos de alta dirección suscritos por las cajas fusionadas”. Había tres, los correspondientes a Pego, nombrado número uno de la nueva caja, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, los tres de Caixanova y los tres condenados. Además, ese mismo día se aprobó que Javier García de Paredes, nuevo director general adjunto, procedente de Caixa Galicia, también se beneficiara de los blindajes. En agosto de 2011, dos de los beneficiarios por esos pagos especiales anuncian que se acogen a la prejubilación aprobada por ellos mismos para meterse en el bolsillo las millonarias compensaciones monetarias.

El escándalo estalló cuando El Confidencial publicó el 3 de octubre de ese año que Pego se llevaba 8 millones de euros al tiempo que el Estado tiene que insuflar 2.500 millones de euros adicionales para evitar que la nueva Novagalicia entrase en quiebra al tener una exposición al ladrillo de algo más de 30.000 millones de euros. En ese momento, el Gobierno toma medidas, releva a la cúpula directiva y pone al frente a José María Castellano, que promete traer 1.000 millones de euros procedentes de fondos internacionales. El que fuera número dos de Inditex denunció oficialmente el presunto fraude y forzó la dimisión de todos ellos, incluida la de García de Paredes, el único directivo que desde el primer momento devolvió el dinero cobrado de más y el único que ha sido absuelto. Los millones de Castellano nunca aparecieron y el Gobierno tuvo que aportar otros 5.500 millones al aflorar una patrimonio negativo de Novagalicia de algo más de 3.000 millones.

Ninguno entrará en la cárcel, la Xunta no tendrá que afrontar ninguna responsabilidad política ni el BdE tendrá que desautorizar a su antiguo gobernador

Durante la causa penal, el propio Banco de España confirmó mediante tres informes pedidos por la Fiscalía que los contratos de los directivos fueron “acordes a ley”, que la institución autorizó las indemnizaciones millonarias y que dio instrucciones a la nueva entidad para que los dotara contablemente para que el día que se acogieron a las prejubilaciones las pudiesen cobrar en su integridad.

Tras más de dos años de instrucción, la Fiscalía Anticorrupción pidió tres años de cárcel para los implicados, pero la sentencia final de la Audiencia Nacional los ha reducido a dos pese a que ninguno de los cinco castigados se avino en un principio a devolver el dinero ni mostró arrepentimiento alguno. Con esta condena, ninguno entrará en la cárcel, la Xunta no tendrá que afrontar ninguna responsabilidad política, ni el Banco de España tendrá que desautorizar a su antiguo gobernador, que disfruta también de una jugosa pensión, pese a su gestión del episodio.

Así las cosas, José Luís Pego podrá disfrutar libremente en la calle de sus 10,89 millones de euros de su fondo de pensiones; Gregorio Gorriarán, de sus 9,2 millones por la misma compensación, y Óscar Rodríguez Estrada, de sus 8,1 millones por la misma partida. Y es que ni el juez ni el Banco de España les ha obligado a que devuelvan estos pagos legales -tan solo los 18 millones extras-, sin pedirles responsabilidades porque el banco del que ellos eran los máximos responsables tuviera que ser rescatado con 9.000 millones a cargo de los contribuyentes. A ellos puede que tenga que convencer Feijóo en un futuro próximo, desde responsabilidades mayores que las actuales. Para reflexionar.

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