El conseller de Territori de Mas vetó a Agbar el acceso a la información de ATLL

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de Artur Mas cuando se privatizó ATLL, Lluís Recoder, vetó en persona el acceso a Agbar a la información del concurso, según consta en una resolución a la que ha accedido El Confidencial y que firma el titular de la conselleria en persona. Esta resolución fue clave para retrasar la decisión del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que de manera posterior vetaría la operación una vez que ya había sido otorgada y cobrada, lo que provocó el actual caos legal alrededor de esta venta de 996 millones.

En la resolución, Recoder determina que la documentación que había solicitado Agbar para oponerse al concurso “queda amparada por la obligación de confidencialidad y no puede ser objeto de acceso por parte de la agrupación de empresas no adjudicatarias”–léase Agbar–.

Lluís Recoder nunca formó parte de la mesa de contratación ni tampoco firmó la venta porque antes dejó el ejecutivo catalán, por lo que la resolución vetando el acceso a la información de la oferta es su mayor implicación en la polémica privatización. Fuentes cercanas al proceso siempre apuntaron que la Generalitat estaba dividida y que, mientras Recoder apoyó la oferta de Acciona, otros consellers, como el de Justicia, Germà Gordó, eran más partidarios de Agbar.

Tras la resolución de la conselleria de Territorio, fechada el 12 de noviembre de 2012, Agbar reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que emitió dos resoluciones, el 23 de noviembre y el 17 de diciembre de ese mismo año, y acabó obligando a la Generalitat a entregar los datos demandados, lo que acabó desembocando en el dictamen de la OARCC que detectaba irregularidades en la adjudicación y, de hecho la anulaba. Las fuentes legales consultadas han explicado que si Recoder no hubiese firmado su resolución, la OARCC se hubiera pronunciado antes del 31 de diciembre y se hubiera evitado todo el lío posterior.

Sin responsabilidad política

Sin embargo, lo que ocurrió fue que el 27 de diciembre de 2012 se firmó la privatización. Recoder no la rubricó, puesto que en ese momento ya había optado por no seguir en el nuevo gobierno que entonces configuró Artur Mas. Por eso, el representante en esa firma fue el secretario general del departamento, Pau Villoria, que sigue en el cargo. Pese al caos provocado por la privatización, nadie ha asumido nunca ninguna responsabilidad política por desastre legal.

La marcha de Recoder siempre se enmarcó en que el conseller de Territorio y Sostenibilidad se distanciaba del giro soberanista de Artur Mas pero él nunca lo explicitó como tal. Consultado sobre la firma de la resolución, Recoder ha asegurado que no recordaba este documento y ha remitido la explicación la recomendación jurídica que en su día debieron hacer los servicios legales de la conselleria.

Recoder, pese a ser el máximo responsable de la privatización, nunca formó parte de la mesa de contratación ni en su día firmó la venta de ATLL

Por su parte, portavoces del departamento han justificado la firma por parte del conseller porque, según ellos, no podía ser de otra manera, puesto que ante la reclamación de información de Agbar debía hacerlo al ser “órgano de contratación”.

La Generalitat distingue entre la “mesa de contratación”, que presidía el antes mencionado Pau Villoria, que evalúa, delibera y eleva las ofertas de un concurso público, y el “órgano de contratación”, que es propiamente el conseller y a quien al final corresponde firmar cualquier privatización. Por ello, justifican que fuera Recoder en persona el que se implicase en el veto a la información.

Estrategia legal

La estrategia legal de Acciona, que fue el ganador de la privatización, era que una parte de su oferta, la de la estructura de costes y el modelo de explotación, era “una estrategia original de la empresa fruto de sus estudio propios”, y por lo tanto secreta, tal y como apuntó Recoder en su resolución. Por ello, se quería mantener como materia reservada. Si Agbar no hubiese reclamado, todo hubiera acabado en un recurso contencioso-administrativo que hubiera tardado dos años en resolverse. En cambio, cuando el TSJC obligó a la entrega de la información se abrió la puerta a que el propio organismo regulador de la administración catalana cuestionase la operación y arrancase la batalla legal que ha desembocado en la actual crisis alrededor de ATLL.

Curiosamente, lo mejor para Acciona sería que no hubiese pacto de gobierno en Cataluña. El actual Parlament es más bien contrario a la operación y podría retrotraerla. Incluso la CUP condiciona su apoyo a Artur Mas, entre otros puntos a cancelar la privatización. Pero no lo hará si no hay gobierno en la Generalitat. Por lo tanto, a Acciona lo que más le conviene son unas nuevas elecciones.