La Generalitat lo tiene claro: en el fiasco de la ATLL la culpa no es de nadie

La Generalitat lo tiene claro: tras el fiasco de la mayor privatización de la historia de Generalitat, la de Aigües del Ter Llobregat (ATLL), la culpa no es de nadie. Nadie va a asumir responsabilidades políticas por un fracaso que le costará al gobierno catalán que preside Artur Mas una cifra que superará con mucho los 300 millones, como mínimo.

Ayer la nueva vicepresidenta y flamante portavoz de la Generalitat, la también consellera de Benestar, Neus Munté, se estrenó en su nueva responsabilidad con la patata caliente de ATLL. Munté aseguró que es pronto para asumir responsabilidades políticas por el escándalo de la ATLL, una privatización anulada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la primera sentencia de fondo sobre la cuestión.

Neus Munté relativizó que la ATLL fuera otorgada en concurso por un gobierno en funciones y que la misma haya supuesto una subida del agua del 9% a cinco millones de catalanes. Para la nueva vicepresidenta lo importante es que “se ha garantizado el servicio a pesar de la judicialización” y ha recordado que “la sentencia que no es firme y se puede recurrir ante el Supremo. Y necesitamos más tiempo para analizar y la eventualidad de un recurso ante el Supremo”. Como el recurso al Supremo tardará meses en resolverse, resulta evidente que no se van a asumir ningún tipo de responsabilidad política en un gobierno que va a las urnas el 27 de septiembre.

Para Munté, la sentencia de ayer “no es el final del procedimiento yhay muchas posibilidades de que se recurra: ya que es un fuego cruzado entre diversas partes. El proceso no se ha acabado. Los departamentos afectados, Economía y Territorio y Sostenibilidad, están estudiando el alcance jurídico de la sentencia”.

Tres años sin responsables

Hace casi tres años que se arrastra el escándalo de ATLL. Sin que nadie asuma responsabilidad alguna. El conseller que dirigió la privatización, Lluis Recoder, dejó la Generalitat por las diferencias con Mas por la cuestión soberanista. El dislate de la privatización nunca se puso sobre la mesa. De hecho Recoder ya no debió verlo muy claro y utilizó la argucia de que el gobierno estaba en funciones para enviar a firmar a Pau Villòria, secretario del departamento de Territorio. Villòria sigue en su puesto de número dos de la conselleria.

Por su parte, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, cuya conselleria también formó parte de la Mesa de Adjudicación que otorgó el concurso, es uno de los más prestigiosos del gobierno catalán.

Camino del supremo

Mientras la Generalitat estudia si iniciar el camino del Supremo, Acciona y el banco brasileño BTG Pactual ya tienen claro que recurrirán la decisión ante el Alto Tribunal. Así lo han declarado en un comunicado que “consideran esta sentencia, que no tiene carácter firme, contraria a Derecho y perjudicial para sus intereses”. Anuncian que tomarán todas las medidas legales necesarias para defender lo que consideran legítimo.

Como el concurso ha quedado anulado pero Acciona no ha sido excluida, la Generalitat pretende que el servicio de ATLL lo sigan operando Acciona y sus socios. Es decir, que no cambie nada hasta que el Supremo se pronuncie en un sentido u en otro. Fuentes jurídicas consultadas aseguran la que la decisión del Tribunal Supremo podría ser en cualquier sentido, dado el carácter de la sentencia. Estas mismas fuentes dan por descontado que Agbar también se personará ante el Alto Tribunal.

En la sentencia Acciona es la que más pierde y Agbar quien más gana pero nadie se lleva ni una victoria completa ni una derrota absoluta. Por eso, Acciona y BTG Pactual podrán seguir gestionando ATLL. Y por eso la batalla seguirá en el Supremo.

La Generalitat también ha salvado los muebles. El TSJC no le pone una cifra sobre la mesa. Así que por ahora puede evitar tener que pagar Acciona un dinero que no tiene y que sumaría más de 300 millones, si bien desde la administración catalana no dio ayer ninguna cifra concreta.