admitida la denuncia de la firma de aguas

La UE abre una fase de diálogo con Agbar y la Generalitat por el contencioso del ATLL

La Comisión admite a tramite la denuncia que presentó Agbar contra el Gobierno español por la contumacia con la que la Generalitat se negaba a anular la concesión de ATLL a Acciona

Foto: El presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón (EFE)
El presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón (EFE)
La UE abrirá una fase de diálogo entre Agbar y la Generalitat para intentar solventar el conflicto de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL). Al menos eso se desprende de que la Comisión Europea haya admitido a trámite la denuncia que presentó Agbar contra el Gobierno español por la contumacia con la que, a su juicio, la Generalitat se negaba a anular la concesión de ATLL a Acciona (ver cotización) y sus socios, y entregársela a la compañía de suministro de agua con sede en la capital catalana.

Fuentes jurídicas cercanas al caso han avanzado a El Confidencial que la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Unión Europea ya ha otorgado un número de registro a la denuncia de Agbar y ha comunicado a la compañía el acuse de recibo. En estos casos, la Comisión Europea abre primero un "diálogo estructurado" entre las partes para aclarar los hechos y el marco jurídico de los problemas que se dirimen en la causa.

Aunque de manera formal Agbar ha denunciado al Estado español, será la Generalitat, como parte del mismo, la que deberá defender su postura ante Bruselas. La Administración catalana mantiene que la concesión de ATLL por 50 años a Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y un grupo de socios catalanes minoritarios por 996 millones es una decisión que mantiene toda su validez, pese a que las sentencias de las cautelares de la justicia española han fallado en contra de los intereses de Acciona y de la Administración catalana.

La Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la UE ya ha otorgado un número de registro a la denuncia de Agbar

La crisis de ATLL se remonta a 2012, cuando un organismo interno de la Generalitat dictaminó que la concesión que había otorgado la Generalitat en una privatización hecha como gobierno en funciones debía anularse y entregarse a la compañía que había perdido el concurso, Agbar. Desde entonces, todos los protagonistas se encuentran en un callejón sin salida, atrapados en una guerra en los tribunales de final incierto.

Agotada la causa de las preliminares en España y a la espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronuncie sobre el fondo del asunto, Agbar acudió a Bruselas, ante la negativa de la Generalitat de anular la concesión a Acciona de manera preventiva, tal y como apuntaban las diversas cautelares en las que se impuso la compañía de agua. Parecía que el frente en la UE era sólo una manera de mantener viva la causa judicial, pero el procedimiento de este tipo de denuncias obligará a la Generalitat y Agbar a abrir una vía de contactos que hasta ahora es inexistente.

Vista aérea de la desalinizadora de Aigües Ter-Llobregat.
Vista aérea de la desalinizadora de Aigües Ter-Llobregat.

En la Comisión Europea esta primera fase de contactos sirve como una especie de arbitraje no oficioso, en los que si Bruselas llega a un entendimiento con las partes el conflicto se soluciona sin llegar a mayores.

Esta fase de diálogo busca determinar la correcta aplicación de la legislación de la UE y se utiliza como un primer paso para tratar de resolver los problemas, por lo que, si es posible, se evitan los procedimientos formales de infracción, que siempre son la segunda fase del proceso. Es posible, además, que Acciona se persone en el mismo como parte afectada, directamente o través de ATLL, con lo que entonces el diálogo sería completo, justo lo que hasta ahora no han querido llevar a cabo los protagonistas del conflicto. Si no se alcanzase un acuerdo, Bruselas acabaría abriendo un proceso formal de infracción.

La Mesa de Contratación

En paralelo, la Mesa de Contratación de la Generalitat se está reuniendo para revisar la concesión. La intención de la Generalitat es que dicha Mesa haga un pronunciamiento claro entre las municipales y las autonómicas, adelantadas al 27 de septiembre. En este momento, la Mesa se inclina por repetir el concurso, pero no otorgarlo a Agbar de manera directa.

Sin embargo, no está claro que esta sea la solución escogida. Repetir el concurso tendrá un coste y la conselleria de Economía no quiere asumirlos. Llegar a un acuerdo con Acciona y sus socios por una cuantía de unos 500 millones para evitar futuras reclamaciones judiciales también parece una salida en exceso cara para las depauperadas arcas públicas catalanas, según explican fuentes jurídicas conocedoras de los entresijos del conflicto.

En paralelo, la Mesa de Contratación de la Generalitat se está reuniendo para revisar la concesión y pronunciarse antes de los comicios de mayo

Los intereses de Acciona

Acciona, por su parte, está instando a la Generalitat a que se mantenga firme y no se precipite antes de que se pronuncie el TSJC, algo que se prevé que podría pasar entre octubre y diciembre de este año. Acciona alega que cualquier intento de arrebatarle la concesión antes de que se formalice una sentencia resolutoria sobre el fondo del asunto sería "nulo de pleno derecho".

Acciona considera que tiene un contrato en vigor para gestionar ATLL y que su oferta fue más competitiva que la que en su día presentó Agbar. También interpreta que los diversos reveses en las demandas de las cautelares no anularían el contrato en vigor de la concesión.

En cualquier caso, la verdadera patata caliente la tiene la Generalitat. Gane quien gane la resolución del conflicto le costará dinero. Y si no se llega a un acuerdo, todavía más dinero, en caso de tener que acabar haciendo frente a las reclamaciones legales de Acciona, algo que la vía de diálogo de Bruselas podría evitar.

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