Una nueva sentencia debilita la posición de Acciona en ATLL

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo debilita más la posición de Acciona en Aigües del Ter Llobregat (ATLL). En un fallo hecho público hoy, además, se deniega la pretensión de ATLL, controlada por Acciona (ver cotización) y el banco brasileño BTG Pactual, de evitar la constitución de una sociedad conjunta  de Agbar con el Área Metropolitana de Barcelona.

El litigio se enmarca dentro de la batalla legal entre Acciona y Agbar por el control de ATLL. Cuando Agbar empezó a interponer recursos contra la privatización Acciona utilizó ATLL para poner en cuestión en los tribunales la principal operación de Agbar en la capital catalana: la creación de una sociedad mixta con el Área Metropolitana de Barcelona que de hecho regularizaba una concesión de servicios que Agbar nunca en su historia había ganado por concurso.

Sin embargo, el actual fallo del Tribunal Supremo da por buena la creación de esta sociedad mixta, rechazando el recurso de casación de ATLL. Pero no sólo eso, también declara que “Aigües Ter-Llobregat (ATLL) está inhabilitada para gestionar el servicio de abastecimiento en alta” del Sistema Ter-Llobregat, tal y como defiende Agbar.

 

En la misma línea

El Tribunal Supremo recuerda que la adjudicación del contrato de gestión de ese servicio público a favor de Acciona Agua, S.A. y BTG Pactual fue anulada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, organismo independiente que tutela la contratación pública de la administración catalana.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC) y el Tribunal Supremo han desestimado las medidas cautelares de suspensión solicitadas por la Generalitat de Catalunya, ATLL, Acciona y BTG Pactual, por lo que el nuevo fallo del Supremo es coherente con el resto de sentencias. Todavía se sigue a la espera de que el TSJC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Tras las municipales

La Generalitat está intentando llegar a un acuerdo que evite una resolución traumática de la Mesa de Contratación, recientemente constituida para revistar la concesión de ATLL, una privatización de 996 millones de euros que ha acabado en una gran polémica.

Si bien la Mesa no está acelerando sus trabajos, la Generalitat pretende alcanzar un acuerdo con Acciona que desbloquee el conflicto. Pero dada la fuerte carga política de la cuestión la Generalitat prefiere que la crisis se resuelva después de las municipales pero antes de las autonómicas del 27 de septiembre, según señalan fuentes políticas cercanas a la administración catalana.