Varapalo a Acciona de la justicia catalana al arrebatarle los 1.000 millones del ATLL

Esta vez el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha entrado en el fondo del litigio alrededor de la privatización vía concesión de la empresa pública de la Generalitat Aigües del Ter Llobregat (ATLL), y el fallo supone un importante revés para Acciona (ver cotización), que pierde un contrato que le iba a reportar a esta compañía y a sus socios 996 millones de negocio en los próximos 47 años.

En la sentencia que se ha comunicado hoy a las partes se anula el proceso de adjudicación por considerar que las aclaraciones que realizó el Departamento de Territorio en la fase de concurso no respetaban el principio de igualdad y libre concurrencia, por lo que la adjudicación a Acciona resulta nula.

El caso se remonta al 6 de noviembre del 2012, cuando una Generalitat en funciones adjudicó la concesión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, cada uno con un 39%, lo que les permitió ganar la concesión y a una Generalitat ahogada financieramente ingresar 300 millones de euros para pagar a sus funcionarios en Navidad. Pero Agbar impugnó el mencionado concurso y el organismo de tutela de la contratación pública de la Generalitat -Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC)- le dio la razón, con lo que se inició una larga batalla legal de casi tres años que ha desembocado en la sentencia de hoy.

En el fallo del TSJC se da la razón a la OARCC “en la medida que excluye la oferta presentada por el grupo encabezado por Acciona Agua SA y confirma la anulación del acuerdo impugnado de adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter Llobregat”.

En su argumentación, en el punto siete, el tribunal justifica su decisión por la “infracción de los principios de publicidad y concurrencia”, que en opinión de los jueces “deben llevar a la “anulación” que “debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación, puesto que se trata de un vicio producido con anterioridad a la formulación de las ofertas de los licitadores”, con lo que todo apunta a que la Generalitat deberá repetir el concurso, tal y como ya estaba estudiando la Mesa de Contratación de la Generalitat. Así naufraga la mayor privatización de la historia de Cataluña.

Otras seis sentencias ya habían sido contrarias a Acciona y a la Generalitat pero se referían a medidas cautelares. La de hoy del TSJC es la primera que entra en el fondo de la cuestión y es por ello mucho más importante, suponiendo también un fuerte revés para la Generalitat de Artur Mas y su modelo de gestión administrativa. Por su parte. el Tribunal Supremo ya ha fallado en tres ocasiones sobre la inexistencia del contrato

Compensación millonaria

Acciona y sus socios esperan una compensación millonaria de la administración catalana por el caso ATLL, uno de los principales activos en concesión de agua de la constructora. Pero tal y como están las finanzas de la Generalitat, ésta puede tardar. Acciona no ha provisionado nada por los riesgos legales de la operación, algo que tal vez no sea posible a partir de ahora. Una provisión por el 39% de los más de 300 millones abonados hasta ahora se comería en la práctica la mayor parte del beneficio de Acciona en 2014, que fue de 185 millones y seguiría en 2015 el mal año anterior de la constructora de los Entrecanales que ha visto como se veía obligada a salir del Ibex-35.

En su memoria del 2014 Acciona ya estima que un fallo contrario debería implicar “una compensación que incluiría, entre otros conceptos, la devolución de la parte del canon no amortizado y todo ello sin perjuicio de la reclamación por los daños y perjuicios que procedan”.

BTG también da pista de por donde irán los tiros a partir de ahora en su memoria del mismo año: “El equipo gestor ha evaluado la demanda y creen que hay posibilidades razonables de que la decisión final en el Tribunal Supremo será favorable y, por tanto, considera que el Consorcio continuará la gestión de la concesión”. Es decir, el plan pasaba por presentar recurso y, mientras tanto, seguir gestionando ATLL, lo que permitiría hacer negocio durante unos cuatro años más. Algo que tal vez no será posible dado lo categórico del fallo de hoy.