La Generalitat insta a los tribunales a dar una salida clara para la crisis del ATLL

La Generalitat ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que en la sentencia que emita sobre la crisis de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) le diseñe la salida del embolado jurídico y financiero en el que se ha metido con esa fallida privatización de la empresa pública, según explican fuentes políticas y empresariales conocedoras de este conflicto.

Representantes de la Generalitat ya han mantenido reuniones informales con altas instancias del TSJC para solicitarles que, en la sentencia que emita el Alto Tribunal catalán, este no se limite a dar la razón a una de las partes, sino que también especifique cómo se ha de instrumentar la solución.

No se trata de orientar el sentido de la sentencia, ni siquiera de pedir un trato de favor a la Generalitat, sino de que, independientemente de a quién se conceda la razón, se haga especificando de manera muy concreta el modo en que ha de hacerse.

En el ámbito de la Generalitat se teme al fallo del TSJC, pues podría suponer un coste insostenible para la Administración catalana

La crisis de ATLL enfrenta a la constructora Acciona (ver cotización) –que pagó 300 millones por gestionar ATLL– a la empresa de servicios Agbar, que perdió el concurso y reclamó en los tribunales, y a la Generalitat, que privatizó la concesión con un desastroso resultado. Todos contra todos en una crisis que dura casi tres años.

En el ámbito de la Generalitat se teme al fallo del TSJC, que ahora entraría en el fondo de la cuestión, ya que hasta este momento sólo ha habido sentencias sobre las cautelares, que han dado la razón a las reclamaciones de Agbar. Esta sentencia podría suponer un coste insostenible para la Administración catalana.

Se calcula que Acciona y sus socios, que incluyen al banco brasileño BTG, podrían percibir de la Generalitat cerca de 500 millones como mínimo como compensación, en caso de un fallo contrario a sus pretensiones, que pasan por seguir explotando la concesión durante los 50 años de vida del contrato.

 

El apoyo de los republicanos

La Generalitat no ha estado sola en la cuestión de orientar la sentencia. ERC, socio de gobierno de CiU en el Parlament, ya había manifestado en círculos restringidos su inquietud por esta cuestión en alguna reunión con la conselleria de Economía y había defendido que la sentencia del TSJC concretase, además, cómo debía aplicarse el sistema de reversión o la repetición del concurso, sea cuál sea el modo en que se resuelva el tema.

ERC defiende que el TSJC resuelva la cuestión de la manera menos onerosa para la Administración catalana, dada la delicada situación financiera en la que se encuentra la Generalitat y el poco margen con el que cuenta, con el grueso de su deuda en manos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Debate el 10 de junio

El próximo 10 de junio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC se reunirá para debatir cómo solventar la reclamación de Agbar y decidir cuál es el destino de ATLL. Fuentes jurídicas cercanas al caso han apuntado que ese mismo día habrá una votación, a menos que la discusión se alargue más de una jornada. Más allá de eso, luego habrá que redactar la sentencia, para lo que la sala se tomará su tiempo.

Una sentencia del TSJC será determinante para el caso porque será la primera sobre el fondo de la cuestión, pero no supondrá el final del litigio. Se espera que el perdedor recurra ante el Tribunal Supremo, por lo que quedan años de batalla jurídica. Y cientos de millones en juego para todas las partes.